La crisis global de salud pública que vivimos por la amenaza del COVID-19 se ha mostrado en toda su crudeza como la mayor amenaza que sufre Europa desde la II Guerra Mundial, justo cuando se cumplen 70 años de la Declaración de Schuman. Al igual que en 1950, nuestra ambición debe estar a la altura de los desafíos del presente. Las últimas perspectivas económicas presentadas por la Comisión Europea a principios de mayo muestran que la economía ha sufrido un duro golpe debido a la crisis sanitaria del COVID-19: la economía de la Unión Europea se contraerá al menos en un 7,4 % en 2020, una caída significativamente peor a la que sufrimos en 2009. La pandemia del COVID-19 constituye un desafío sin precedentes para Europa y el mundo que exige una actuación urgente, decidida a escala global, de la Unión Europea, nacional, regional y local. Este esfuerzo debe estar orientado a la recuperación social y económica medioambientalmente sostenible y al impulso definitivo por la investigación y la ciencia.

La nueva situación mundial nos obliga a afrontar enormes desafíos. En el ámbito nacional y, sin lugar a dudas, en la Unión Europea. El orden global que hemos conocido hasta ahora, basado en un marco de reglas y normas internacionales comúnmente aceptadas y desarrolladas a través de instituciones multilaterales sólidas, en el respeto a los derechos humanos de todos y todas y de los derechos de las minorías, en el libre comercio y en el fomento de la integración regional, estaba ya fuertemente cuestionado.
Europa es un proyecto histórico que, a la vista de la pandemia, debe reforzar su compromiso con los valores de la democracia liberal de todos sus Estados miembros, a partir de la defensa de la tolerancia, el respeto al pluralismo político, la justicia, y la equidad.
El momento es extremadamente complejo, pero ofrece a la Unión Europea una oportunidad de reconstrucción solidaria que integre de manera decisiva la cohesión económica, social y territorial, y la sostenibilidad, la inclusión y la digitalización, así como un mayor desarrollo de su pilar social reforzando la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria. Una Unión que salga fortalecida de la crisis del COVID-19 podrá afrontar los desafíos geopolíticos de nuestro siglo e impulsar la cooperación internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por Naciones Unidas.

España debería impulsar una Europa más democrática, libre, competitiva, solidaria, verde y social, es decir, una Unión Europea más comprometida con la reducción de las desigualdades, la precariedad y la pobreza.

A esos efectos, los próximos meses ofrecen dos oportunidades. La primera, la estructura, orientación, cuantía y gestión del plan de recuperación, que debe expresar estos valores. La segunda, la Conferencia sobre el Futuro de Europa en la que España debe comprometerse a impulsar las reformas necesarias para avanzar hacia una verdadera Federación Europea con una articulación institucional más democrática, participativa, transparente y próxima a la ciudadanía. En esas condiciones debemos avanzar hacia una Europa solidaria, que se centre en las personas y la lucha contra la precariedad, la exclusión y la pobreza, verde, humanista, que impulse un desarrollo económico con desarrollo social, más federal, próxima a la ciudadanía y basada en la suma de nuestra diversidad.
Estas propuestas deben incardinarse en las prioridades señaladas por la Comisión Europea, a saber, el Pacto Verde Europeo como estrategia de recuperación de la Unión Europea, el refuerzo del mercado único y su adaptación a la era digital, una justa e inclusiva para todos.

El objetivo de la Unión Europea tiene que ser el crecimiento económico, en un marco que favorezca la inserción laboral, la competitividad industrial y del sector de servicios, así como la lucha contra la evasión fiscal; en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La crisis provocada por el COVID19 nos obliga a repensar un modelo económico con unas reglas de juego que deben adaptarse a un mundo dinámico, más competitivo, más global y más polarizado que deberemos enfrentar con una visión más europea. España tiene que salir reforzada en su posición de Estado miembro de la Unión Europea, del mismo modo que Europa tiene que ser más fuerte en España tras la pandemia, mediante una acción responsable y transparente que consolide el sentimiento europeísta de los españoles.
Propuestas de Resolución:

1.A. MEDIDAS URGENTES:

1. Impulsar un Marco Financiero Plurianual ambicioso y adaptado para afrontar las circunstancias extraordinarias generadas por el COVID-19, que tenga en cuenta los países y sectores más afectados por la pandemia en sus distintos programas y prioridades y que integre plenamente los objetivos europeos de transición justa, sostenibilidad, protección e inclusión social y digitalización. A su vez, el Marco Financiero Plurianual debe reforzar las dotaciones de las dos políticas tradicionales, la Política Agrícola Común y la Política de cohesión, que son claves para reforzar la resiliencia de nuestras sociedades.
1. bis (nuevo). Impulsar y facilitar inversiones interregionales en materia de innovación en áreas de especialización inteligente, de manera especial a través de pymes.
1. ter (nuevo). Impulsar con vigor la visión regional y el principio de subsidiariedad en la definición de las políticas y fondos de la Unión Europea.
1. quater (nuevo). Las instituciones autonómicas transpondrán, desarrollarán y ejecutarán el derecho y políticas de la Unión Europea, incluida la gestión de los fondos europeos, en el ámbito de sus competencias y de los mecanismos de colaboración que al efecto se establezcan cuando la ejecución de aquel derecho y políticas requiera medidas de alcance superior al territorio de alguna de aquellas.

2. Acelerar la ratificación y puesta en marcha de los instrumentos financieros promovidos desde el Eurogrupo, que constituyen una gran red de seguridad europea para ayudar a los Estados miembros a contener los efectos de la pandemia: el instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency, SURE) para apoyar a los desempleados, la línea COVID-19 del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para apoyar a los Estados y el Fondo de Garantías del Banco Europeo de Inversión (BEI) para apoyar a las empresas.
Todo ello sin olvidar que el equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad tanto en cada Estado miembro como en el conjunto de los 27 se han de convertir en piezas indeclinables sobre las que configurar el presente y futuro de la Unión Europea.
2. bis (nueva). Las comunidades autónomas contribuyen con su actividad al desarrollo y al buen funcionamiento de las relaciones institucionales entre los diferentes niveles de gobierno en que se articula la Unión Europea y al fortalecimiento del proyecto político de integración de esta. Ello es singularmente importante en el momento presente por estar llamada la Unión Europea con sus políticas a jugar un papel relevante en la superación de los efectos económicos y sociales de la pandemia producida por el COVID-19, y en el establecimiento de mecanismos que ayuden a neutralizar, superar y paliar sucesos sanitarios futuros iguales o similares al que hoy sufrimos.

3. Negociar la aprobación del Fondo de Recuperación europeo con una capacidad de movilización de recursos suficientes y a la altura del reto del COVID-19 basado en préstamos y transferencias y destinado a la reactivación rápida de los países y sectores más golpeados por la pandemia. El Fondo de Recuperación financiará Planes de Inversiones y Reformas en los diferentes Estados miembros para cuya implementación se tendrá en cuenta el principio de subsidiariedad, con la participación de comunidades autónomas y ciudades autónomas y entes locales dentro de sus competencias. El Gobierno español ha aprobado y sigue aprobando importantes reformas transformadoras, que mejoran el crecimiento potencial, la cohesión y la resiliencia de nuestra economía. Estas transformaciones serán puestas en valor en el Plan de Inversiones y Reformas que se envíe a Bruselas.
3. bis (nueva) Una vez que se llegue a un acuerdo en el ámbito europeo sobre el Plan de Recuperación y el mecanismo Next Generation EU, el Gobierno impulsará mecanismos para la participación de las comunidades autónomas en la gestión de fondos que provengan del mismo.

4. Identificar los sectores y las regiones y territorios más golpeados por la crisis, especialmente los que más han sufrido las restricciones de movilidad y los imperativos de distanciamiento social, así como a las pequeñas y medianas empresas y proponer líneas de apoyo para ellos en el marco del fondo de recuperación europeo.
El tejido empresarial e industrial español necesita urgentemente el paquete de ayudas anunciado por la Comisión Europea para facilitar una mayor liquidez que les permita afrontar primero el impacto de la crisis y posicionarse después de cara a la recuperación económica.
Hay que estimular la colaboración público-privada a nivel europeo: la buena relación que exista entre ambas esferas va a ser clave para que se produzca una recuperación económica sólida.
El sector turístico, por ser uno de los más afectados económicamente, va a requerir parte de las ayudas, y que se pueda acceder a ellas cuanto antes y con las menores trabas burocráticas posibles.
Hay que relanzar el sector español de exportación mediante reformas para mejorar la competitividad y contar con el apoyo de la Comisión con el fin de conseguir nuevos acuerdos comerciales.
Las pequeñas y medianas empresas -en la que se base nuestra economía- han sufrido las peores consecuencias de la pandemia, y requieren de una ayuda rápida y sin trabas burocráticas. El tejido empresarial industrial necesita que se materialice de forma urgente el paquete de ayudas que anuncia la Comisión, facilitando una mayor liquidez para las empresas y pymes que les permita superar este momento de crisis y las prepare para afrontar un periodo de recuperación largo e incierto.
4. bis (nueva). Acordar con todos los agentes las estrategias de transformación digital enmarcadas dentro del plan de reformas estructurales que debe realizar España y que incluya los siguientes principios rectores: formación en competencias digitales para estudiantes y profesionales, digitalización de la Administración, fomento del teletrabajo como herramienta para la conciliación e infraestructuras digitales para la conectividad de todo el territorio.
4. ter (nueva). Atender las aportaciones de todos los agentes, dentro de los cauces de participación pública previstos, para elaborar las estrategias vinculadas con la agenda verde enmarcadas dentro del plan de reformas estructurales que debe realizar España y que incluya los siguientes principios rectores: apuesta por un marco jurídico estable para la atracción de inversiones en energías renovables, fomento de la innovación en alternativas sostenibles, con especial atención a la movilidad libre de emisiones y la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, el refuerzo de la inversión en adaptación al cambio climático, prevención de desastres y protección de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
4. quater (nueva). Apostar por la formación como clave de la recuperación y la necesidad de formar personas en nuevas habilidades y competencias adaptadas a la economía circular. Crear una cuenta personal de aprendizaje y reciclaje a lo largo de toda la vida profesional que conecte conocimiento, preparación y experiencia de las personas con las nuevas canteras de empleo.

5. Coordinar con los socios europeos las medidas necesarias que permitan restaurar la libre circulación con garantías de seguridad en fronteras internas y externas espacio Schengen, teniendo en cuenta las necesidades de las zonas transfronterizas, y acompañar los esfuerzos realizados a nivel europeo para defender el espacio de libre movimiento mediante la creación de un mecanismo de supervisión del Espacio Schengen que evite posibles abusos de la prerrogativa de los Estados miembros para decretar cierres de fronteras dentro de la Unión Europea y que ponen en peligro la integridad del mercado interior y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos. Tras el parón económico y el cierre de las fronteras forzado por la pandemia, la economía europea debe mantenerse como una economía abierta al resto del mundo y para ello es fundamental que prosiga el trabajo de eliminación de las barreras al libre comercio, asegurando que este se produzca de manera justa, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6. Elaborar junto a nuestros socios europeos, a fin de evitar disrupciones en el mercado interior, protocolos comunes de actuación para sectores como la hostelería, la restauración y otros relacionados con el ocio y el turismo que permitan combinar la protección de la salud, con el impulso a la sostenibilidad y con la rentabilidad económica de las empresas del sector. Establecer así un espacio turístico único europeo, la «Marca Europa», basado en los siguientes pilares: el establecimiento de protocolos de calidad y seguridad comunes; la no discriminación entre territorios dentro del espacio de libre movimiento; apertura coordinada de fronteras al exterior y promoción de la Unión Europea como destino turístico seguro a nivel mundial para recuperar la normalidad de los flujos turísticos de manera sostenida.

7. Defender el equilibrio en los mercados, la sana y justa competencia y las normas de cohesión regional como elementos centrales del funcionamiento del mercado interior. La flexibilización del marco europeo de ayudas de Estado, aunque necesario, está distorsionando las reglas de competencia en Europa en favor de los países más grandes y con mayor capacidad fiscal, agrandando la brecha entre países y regiones ricos y pobres. España defenderá la puesta en marcha inmediata de instrumentos financieros europeos para ayudar a las empresas con problemas de solvencia y la prohibición de deslocalizaciones de empresas hacia aquellos Estados que más ayudas ofrecen. Igualmente profundizará su apuesta por la lucha contra la elusión fiscal, la economía sumergida por su impacto sobre la recaudación y la regulación del mercado laboral.
7. bis (nueva). Evaluar el impacto a nivel europeo de las medidas adoptadas durante el período de excepcionalidad sobre los equilibrios democráticos y los derechos sociales, laborales y civiles, adoptando mecanismos de control para evitar retrocesos en estas materias ante nuevos escenarios de excepcionalidad.
7. ter (nueva). Elaborar un Plan de difusión y explicación a los potenciales demandantes, de las oportunidades que ofrecen los tradicionales y los nuevos instrumentos y mecanismos propuestos por la Comisión Europea.
7. quáter (nueva). Preparar un Plan Nacional de Recuperación realista detectando las necesidades y adaptado a las prioridades señaladas por la Comisión Europea. En su adopción, debe respetarse el principio de subsidiariedad y distribución competencial. Debe tratarse de un Plan Nacional de Recuperación que incentive la credibilidad.
7. quinquies (nueva). Adoptar las medidas necesarias para mejorar el aprovechamiento de fondos europeos por parte de España, analizando los casos en los que esta absorción ha sido deficiente y las causas de esta. Debe existir coordinación y cooperación a todos los niveles entre las administraciones que gestionan los mismos.

13. Desarrollar el pilar social de la Unión Europea como una de sus prioridades básicas en pie de igualdad con los pilares económico y monetario, impulsando el empleo juvenil, el seguro europeo de desempleo, el salario mínimo interprofesional europeo, un instrumento europeo sobre Ingreso Mínimo Vital o una Estrategia Europea de Combate contra la Pobreza y para la Igualdad de Género, reforzando la Garantía Juvenil y poniendo en marcha una Garantía Infantil.
La Unión Europea post COVID-19 debe incluir entre sus prioridades un auténtico pilar social. La estrategia de salida y recuperación europea debe contemplar como meta el desarrollo social, sus derechos y deberes.

23. Garantizar que la Política Agraria Común (PAC), así como la Política Pesquera Común (PPC), cuenten con los recursos necesarios para amortiguar los efectos que el COVID-19 ha tenido en nuestro sector primario, asegurando su evolución hacia la agroecología y conforme a las políticas de lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad y producción saludable, con especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones y a los jóvenes agricultores..
En relación con las empresas del sector agrario, se deben adoptar medidas de apoyo a los agricultores para facilitar su gestión de efectivo. También necesitan que se reduzca la carga administrativa.
Nuestra agricultura y nuestra pesca han garantizado el abastecimiento de alimentos durante la crisis: son un sector estratégico, igual que el digital, energético o el sanitario, cuya defensa y fortalecimiento constituyen una prioridad absoluta para España. Garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos es una prioridad compartida por los Estados miembros y la propia Unión Europea, por eso hay que apoyar a agricultores y pescadores utilizando los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) y el Fondo Europeo de Pesca Marítima.
La Política Agrícola Común (PAC) deberá establecer la instauración de derechos y ayudas financieras específicas, directas o estructurales, a nuevos pobladores del mundo rural facilitando su acceso a la actividad agraria, ganadera y pesquera o a la agroindustria.
La Política Agrícola Común (PAC) será también una política de alimentación común y promoverá una alimentación sana, sostenible y respetuosa con los animales, favoreciendo alimentos producidos de km 0, ecológicos, de temporada, sin sufrimiento animal, diversificados y con mayor proporción de proteínas vegetales en la dieta.

1.B. MEDIDAS A MEDIO PLAZO QUE PROPICIEN UNA PROSPERIDAD ROBUSTA, SOSTENIBLE Y JUSTA DE LAS ECONOMÍAS EUROPEAS, PARA SUPERAR RÁPIDAMENTE LA CRISIS DEL COVID-19.

8. Culminar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria mediante el establecimiento de un Sistema Europeo de Seguro de Depósitos que proporcione protección a los ahorros de las ciudadanas y de los ciudadanos y complete el establecimiento de la Unión Bancaria, así como un Sistema Europeo de Seguro de Desempleo que complemente los sistemas nacionales y sirva de estabilizador anti cíclico.
Es necesario reconocer el papel decisivo de la Política Monetaria Común estructurada en torno al euro por el papel protector que ejerce la moneda única sobre los países más vulnerables y más duramente golpeados por la crisis.

9. Avanzar en una Unión de Mercado de Capitales que permita que el crédito llegue a empresas, especialmente a las pymes, a menor tipo de interés, y contribuya así al crecimiento. El Plan de recuperación debe incluir medidas dirigidas a fomentar la inversión privada mediante el programa InvestEU.

10. Apoyar la propuesta de obtención de recursos propios elaborada por la Comisión Europea que incluye la implantación de un impuesto al CO2 en frontera como mecanismo eficaz de lucha contra el cambio climático y el dumping ambiental que sufren las empresas establecidas en la Unión Europea.

11. Apoyar la propuesta de creación de una tasa por servicios digitales a nivel europeo, así como también apoyar la propuesta de creación de una tasa a las transacciones financieras en el mismo ámbito europeo.

12. Tomar en consideración la posibilidad de impulsar una directiva de Diligencia Debida en Derechos Humanos para las actividades de las multinacionales europeas, sus cadenas de suministro y subcontratación.

12. bis (nueva). Apoyar condiciones ecológicas y sociales vinculantes para los acuerdos comerciales y de inversiones de generación post-COVID-19 negociados por la Unión Europea. En particular, cumplirán y ayudarán a cumplir con el Acuerdo climático de París y la Agenda 2030.

13. (pasada al bloque 1.a))

14. Impulsar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades con el objetivo de preservar el mercado interior europeo eliminando las distorsiones producidas por algunas jurisdicciones. La lucha contra los paraísos fiscales y jurisdicciones que practiquen la elusión y el dumping fiscal será una de las prioridades en el seno de la Unión Europea.

15. Proponer los cambios institucionales necesarios para eliminar el requisito de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones en lo relativo a la política fiscal europea.
15. bis (nueva). Elaborar un Plan contra la elusión fiscal asociada a las empresas trasnacionales del sector financiero y digital.

16. Reforzar la gobernanza fiscal de la Unión Europea mediante la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacerlo más sencillo, comprensible y flexible de manera que permita inversiones esenciales para la transición ecológica de toda la economía europea. Una vez pasado lo peor de la crisis del COVID-19 y consolidada la recuperación del crecimiento económico, la Comisión Europea deberá volver a activar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suspendido durante la crisis. Los futuros planes de consolidación fiscal deberán ser graduales, predecibles y a un ritmo que acompase la recuperación económica.
España mantiene su compromiso con el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción del nivel de deuda pública.

17. Impulsar medidas que regulen la compra de empresas de la Unión Europea por parte de compañías no europeas que reciben subsidios públicos, con especial atención a los sectores estratégicos.

18. Elaborar una política común en el ámbito de las redes digitales, en particular la extensión del 5G, considerando su implantación simultánea en las zonas poco pobladas para no acrecentar la brecha digital entre territorios.
18. bis (nueva). Comprometerse con las políticas europeas que fomentan un cambio en el paradigma de movilidad para hacerla integrada, inteligente y sostenible. A esos efectos, apoyar la industria europea del transporte, la automoción, la de construcción naval y el ferrocarril. Completar los compromisos adquiridos para completar las infraestructuras que conforman la red básica trans europea de transporte (TEN-T), incluidas sus vertientes digital (red galileo) y las conexiones energéticas, especialmente entre los países periféricos.

19. Impulsar políticas comunitarias que favorezcan la convergencia económica y social, la cohesión territorial, la agricultura sostenible, la reindustrialización y la competitividad y que integren plenamente el objetivo europeo de transición ecológica justa contra el cambio climático y pongan en valor el papel de la economía social como motor para regenerar el tejido social y económico de la Unión, así como el impulso y desarrollo de las ciudades medianas y pequeñas localizadas en áreas con pérdida paulatina de población.

20. Elaborar planes ambiciosos y adecuadamente financiados para asegurar que la salida de la crisis se produce manteniendo y generando empleo sobre todo de calidad, en sectores relacionados con la transición ecológica, la agricultura sostenible, la adaptación a los impactos del cambio climático, el sistema asistencial y la transformación digital.
20. bis (nueva). El Plan de Recuperación debe servir para impulsar medidas para luchar contra el desempleo, uno de los principales problemas estructurales que sufre España. Las ayudas del Fondo son una oportunidad para reducir la precariedad del mercado de trabajo y la brecha entre los empleos fijos de calidad y los temporales precarios, disminuir el elevado paro juvenil, incrementar la tasa de empleo femenino, y reducir el riesgo de destrucción de empleo en situaciones adversas.
Es necesario impulsar las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, y apoyar el I+D+i e incrementar las ayudas a las pymes, startups, emprendedores y trabajadores autónomos, con el fin de adaptar nuestro país a las nuevas necesidades sociales y a los nuevos retos de la Revolución Digital. En buena medida, estos ambiciosos objetivos establecidos por la Unión Europea dependen de tecnologías que aún no existen, y requerirán que se dediquen partidas económicas que garanticen su desarrollo. Sin los medios apropiados estamos condenados a fracasar en alcanzar tales objetivos.

21. Acordar, desarrollar y aplicar los elementos centrales del Pacto Verde, de la Agenda de Digitalización Europea, así como de Agenda Europea de Innovación, para impulsar una economía europea más competitiva. Hay que tener muy presente que los compromisos contenidos en el Pacto Verde provocarán la revolución tecnológica más importante desde que se puso en marcha la Unión Europea: implican grandes inversiones que van a transformar nuestra economía y serán una oportunidad para modernizar nuestra industria y prepararla para competir mejor. Supondrán, en definitiva, grandes oportunidades de crecimiento y de creación de empleo.
21. bis (nueva). Impulsar la autonomía estratégica en el ámbito productivo a través de un proceso de reindustrialización de las regiones europeas menos industrializadas, apostando firmemente por los productos de alto valor añadido y el desarrollo del I+D+i europeo.

22. Avanzar decididamente en la integración transversal en las políticas de la Unión Europea del objetivo de igualdad de género e igualdad salarial efectiva, así como en políticas económicas de cuidados. Promover programas que tengan la consideración de inversión para la incorporación de talento juvenil y femenino al sistema productivo combatiendo la discriminación. Apoyar la tramitación de la Directiva de igualdad en los consejos de administración.

23. (pasada al bloque 1.a))
23. bis (nueva) Analizar y valorar todos los posibles impactos ambientales, sociales y económicos, y la incidencia en la cadena de valor del sector agroalimentario, entre otros, que pueden traer consigo los Tratados de libre comercio, por lo que antes de ser ratificados se deberán elaborar los necesarios informes de efectos.
24. Impulsar planes y ayudas específicas de recuperación tras el COVID-19 para las zonas despobladas o en proceso de despoblación, islas y regiones ultraperiféricas. Adoptar medidas que apuesten por la digitalización y el acceso a la banda ancha en estas zonas, así como una adecuada cobertura sanitaria, educativa y de servicios sociales. Para las regiones ultraperiféricas es vital garantizar la conservación de la actividad agroganadera y por esta razón se deben mantener y reforzar las ayudas agrícolas en el marco del programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Asímismo, garantizar la orientación de los fondos europeos para reconstrucción hacia políticas de igualdad que aseguren en los territorios rurales la atracción de población y la adecuada dotación en todos ellos de infraestructuras, equipamientos y suministros esenciales, así como el acceso a la vivienda mediante planes de vivienda rural, el mantenimiento y mejora de la educación, la sanidad y la asistencia a la dependencia, la cobertura de internet y telefonía móvil de altas prestaciones en condiciones equiparables a las de las ciudades y la eficaz movilidad de las personas. También hacia políticas de igualdad de género que actúen sobre las condiciones de vida de las mujeres en las zonas afectadas por la despoblación, desarrollando estrategias específicas para su despliegue en condiciones de equidad.
Las Regiones Ultra Periféricas (RUP) necesitan una mayor financiación -que debe quedar recogida en el Marco Financiero Plurianual- para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia en sus esfuerzos para hacer frente al cambio climático, proteger la biodiversidad, introducir la economía circular e impulsar la energía renovable.

24. bis (nueva). Defender la puesta en marcha de un plan específico de recuperación para el turismo basado en la formación, la digitalización, la innovación, la promoción de nuevos emprendimientos basados en el turismo de la experiencia y el desarrollo de un sello turístico que identifique las ofertas europeas de calidad.

25. Incluir la despoblación como variable para un mejor reparto de fondos europeos entre los territorios y en la financiación del Estado a las comunidades autónomas, planteando además una estrategia de recuperación que atienda a las necesidades específicas de las zonas rurales y escasamente pobladas a través de un Pacto de Estado contra la Despoblación, contemplando la posibilidad de reconocer una discriminación positiva para ellas, y dedicando los recursos necesarios para garantizar la conectividad física y digital de estas zonas, servicios sanitarios y de atención adecuados para su demografía, y oportunidades educativas y laborales para evitar la fuga de talento forzada por parte de la población joven.
Los reglamentos de los Fondos Estructurales deberán establecer ayudas financieras suplementarias y la posibilidad para los Estados miembros con graves problemas de despoblación en algunos de sus territorios o zonas geográficas determinadas, de adoptar beneficios fiscales o rebajas de las cotizaciones sociales a los ciudadanos que residan en dichos territorios.
Los fondos europeos se aplicarán eficazmente mediante planes de desarrollo rural que, sin perjuicio de las políticas de la Política Agrícola Común (PAC), apuesten decididamente por el desarrollo de los sectores secundario y terciario, favorezcan el asentamiento de nuevos pobladores, generen y atraigan talento profesional e incentiven el emprendimiento en el medio rural con medidas y enfoques adaptados a la realidad rural y pilotados por agencias especializadas de desarrollo de los territorios más deprimidos y que apoyen y orienten a los grupos de acción local, que deben ser potenciados y revitalizados.
Asimismo, se establecerá un Mecanismo Rural de Garantía (evaluación de impacto rural de toda la normativa actualmente en vigor y futura) para adecuarla a la realidad del medio rural y contemplar la introducción de incentivos fiscales específicos que estimulen el emprendimiento y la actividad económica en estas áreas.
25. bis (nueva). Estudiar en el marco de la Comisión Europea o, en su caso, con otros Estados miembros que muestren posiciones favorables a la creación de un impuesto al queroseno.
25. ter (nueva). Garantizar la protección de la biodiversidad, incluyendola en los Tratados comerciales y en las inversiones, como elemento necesario para disminuir el riesgo para la salud global frente a nuevas pandemias.

26. Avanzar hacia una Unión Sanitaria que haga que la Unión Europea sea capaz de afrontar posibles rebrotes del COVID-19 o futuras pandemias, bien mediante reforma de los Tratados o mediante cooperación reforzada. Reforzar el papel y la eficacia de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), para que pueda realizar pruebas de estrés a los sistemas sanitarios nacionales, establecer metodologías para la recopilación y tratamiento de datos de forma homogénea a nivel europeo, y emitir recomendaciones a las autoridades competentes sobre reformas necesarias para mejorar nuestra capacidad de responder ante posibles emergencias sanitarias.

La pandemia ha puesto de manifiesto la falta de competencias ejecutivas y presupuestarias de la Comisión para afrontar la crisis sanitaria del COVID-19. La Unión Europea necesita reforzarse con nuevas competencias que permitan coordinar una respuesta a escala europea ante amenazas para la salud transfronterizas, dirigiendo los recursos precisos -organizativos, materiales o financieros- a donde sean más necesarios. Urge encontrar el consenso necesario para crear una “European Union for Health”, una verdadera Unión Europea Sanitaria que facilite el proceso de toma de decisiones en todas las cuestiones que puedan contribuir a hacer frente a los retos de la actual crisis sanitaria. Es imprescindible que se desarrolle un protocolo para responder de forma común y coordinada ante cualquier tipo de crisis sanitaria global.

27. suprimido.

28. suprimido.

29. suprimido.

26. bis (nueva). Establecer un Plan para la Prevención de Riesgos Naturales a nivel europeo: pandemias, cambio climático, inundaciones, incendios, etc.

30. Mejorar la coordinación de los recursos asegurando una división eficiente del trabajo entre los países de la Unión Europea para optimizar la producción europea de insumos sanitarios necesarios para dar respuesta a futuras epidemias.

31. Establecer listas europeas de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios básicos para los cuales se requerirán existencias básicas a nivel Europeo, creando un fondo común y mecanismos de coordinación y reparto.

32. Identificar las industrias de producción de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios a nivel europeo y sus tiempos de producción ante futuras epidemias.

33. Evaluar el Mecanismo Europeo de Protección Civil y dotarlo de los medios y el mandato necesario para actuar eficazmente frente a futuras catástrofes y epidemias, coordinando la distribución de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios entre los Estados miembros.

34. Potenciar la inversión en investigación y desarrollo a escala europea para mejorar el conocimiento científico de epidemias emergentes, mejorar la conexión entre ciencia y producción europea y reforzar las decisiones sanitarias basadas en la evidencia científica, en la medición y en la evaluación, especialmente en salud pública.

35. Mejorar la coordinación en investigación y desarrollo a nivel europeo, con el nivel internacional e iniciativas como ACT Accelerator (ACT-A initiative), garantizando la participación de España en todos los esfuerzos para adquirir y distribuir de forma centralizada a nivel europeo una vacuna contra el COVID-19, promocionando la participación de centros de investigación y científicos españoles en dichos esfuerzos y asegurando una cooperación fluida entre la industria, la universidad y las instituciones públicas.

36. Apoyar los estudios que ayuden a comprender y anticipar el comportamiento humano y la respuesta de las instituciones en casos de gobernanza adaptativa ante eventuales epidemias. Impulsar la interdisciplinaridad en las ciencias de salud pública con el fin de que sus análisis incorporen la perspectiva social y humanista.

37. Evaluar los procedimientos de compra pública europea de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios ante epidemias.

38. Diversificar las cadenas de producción y distribución de productos reduciendo la dependencia europea de distribuidores únicos, incentivando en el corto plazo la relocalización de partes esenciales de las cadenas de valor globales al territorio europeo, especialmente en sectores esenciales en la respuesta a epidemias.

39. suprimido.

40. Adoptar medidas para evitar reacciones proteccionistas ante eventos epidémicos a nivel internacional y entre Estados miembros, incluyendo países candidatos.

41. Análisis de las posibilidades de las nuevas tecnologías para el rastreo de contactos y prevención de contagios de forma compatible con los estándares de privacidad y protección de datos, derechos fundamentales y derechos de los consumidores vigentes. La Unión Europea debe poner en valor su potencial económico y normativo al igual que sus altos estándares en la protección de datos para asociar a terceros Estados en el desarrollo de tecnologías de lucha contra el COVID-19, quedando los datos almacenados en territorio europeo como mejor garantía frente a su uso no autorizado.

42. Mejorar los mecanismos europeos de protección y control ante catástrofes mediante la creación de un Cuerpo Europeo de Emergencias, siguiendo el modelo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) española, enmarcada en el nuevo Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (RescEU), y que tenga como objetivo complementar las capacidades nacionales de los Estados miembros en materia de prevención y respuesta de emergencias, al que España deberá contribuir de forma generosa con recursos económicos y humanos.
42. bis (nueva). Analizar el efecto de las medidas adoptadas en el ámbito de la Unión Europea para combatir el COVID-19 en relación al respeto del Estado de derecho y la garantía de los derechos humanos.
42. ter (nueva). Potenciar en el seno de la Unión Europea un concepto holístico de seguridad humana que ponga a las personas como eje estratégico.

43. Impulsar el liderazgo de la Unión Europea en el contexto internacional basado en el multilateralismo y en una globalización regulada que asegure el desarrollo económico y el comercio internacional abierto, justo y equitativo; la regularización de la economía financiera y los derechos laborales, la reducción de las desigualdades y el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y los valores europeos de paz, derechos humanos y de las minorías, equidad de género, democracia liberal, justicia social, solidaridad y sostenibilidad ambiental.
43. bis (nueva). Adoptar un nuevo enfoque de seguridad situando en el centro a las personas y sus condiciones de vida, poniendo especial atención al respeto a los derechos humanos.

44. Liderar la construcción de una arquitectura institucional multinacional acorde con la dimensión de los retos globales basada en el actual Sistema de Naciones Unidas y que potencie el mandato de sus organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

45. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas en materia de democracia y derechos humanos recogidos en los Tratados europeos e instrumentos internacionales e integrar la defensa de los mismos y del principio de no discriminación tanto en la política interior y el reparto de fondos europeos destinados a la reactivación social y económica en respuesta al COVID-19, como en la política exterior europea.
45. bis (nueva). Elaborar una política europea de acogida de personas refugiadas que tenga en el centro el respeto a las Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos, que tome en consideración a las ONG que trabajan sobre el terreno y que persiga la coherencia con las actuaciones en el país de origen.

46. Proponer los cambios institucionales necesarios para eliminar el requisito de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones en lo relativo a la política exterior y de seguridad europea.

47. Proponer los cambios políticos e institucionales necesarios para avanzar en la Autonomía Estratégica de la Unión Europea que garantice la protección e independencia de los intereses de la Unión Europea ante nuevos retos y amenazas.

48. Potenciar la autonomía digital de la Unión Europea reduciendo nuestra dependencia tecnológica. La pandemia ha evidenciado que existe una brecha digital que los Estados deben cerrar con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades.

49. Potenciar el despliegue de la cooperación internacional para el desarrollo de la Unión Europea con el fin de favorecer el crecimiento económico sostenible y social de los países en desarrollo, combatiendo el COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas en el marco de la Agenda 2030 y apoyando iniciativas como TeamEurope.

50. Evitar que, debido a la crisis del COVID-19, se relajen los esfuerzos de lucha contra otras enfermedades infecciosas como la malaria, el VIH y la tuberculosis u otras crisis sanitarias en el marco de la cooperación internacional.

51. Liderar, en el marco de la Unión Europea, iniciativas dirigidas a garantizar la financiación de la lucha mundial, justa y sostenible contra el COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas para países de renta baja y media, especialmente en América Latina y África.

52. Liderar en el seno de la Unión Europea la implementación de un concepto de «salud compartida» que aúne las dimensiones medioambientales, económicas, sociales y de seguridad de la salud pública.

53. La Unión Europea y sus Estados miembros deben generar la voluntad política necesaria a nivel global en foros como el G20 y el G7 para promover la canalización de recursos destinados al robustecimiento de los sistemas nacionales de salud a través de las instituciones financieras internacionales.

54. Incluir compromisos más avanzados en materia de cooperación sanitaria en los nuevos acuerdos de la Unión Europea con terceros Estados o en aquellos vigentes cuando se renueven.

54. bis (nueva). A nivel europeo e internacional, promover el reconocimiento de un estatus para los bienes naturales globales.

55. Asegurar que la cooperación con el Reino Unido en todos los ámbitos se mantiene estrecha pese a la salida de este país de la Unión Europea, apostando por hacer los flujos de personas, mercancías y servicios entre el Reino Unido y España más seguros y aprovechando esta oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible del Campo de Gibraltar. Promover un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que defienda los intereses de España en relación con el Reino Unido y sea, por tanto, ambicioso, justo, equitativo y centrado en la protección de los derechos de los ciudadanos.

56. suprimido.

57. Potenciar el papel de España como nexo entre la Unión Europea y América Latina, entre la Unión Europea y el Mediterráneo, y entre la Unión Europea y África.

58. Incrementar la presencia de España en la relación de la Unión Europea con los países candidatos a la adhesión, con la Vecindad Sur y la Vecindad Oriental.

59. Impulsar una nueva política de migración y asilo europea eficaz y basada en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos, con un sistema europeo de asilo común que asegure el establecimiento de canales legales y seguros, medidas de lucha contra las mafias y el tráfico de personas, la protección internacional efectiva de las personas refugiadas y una asunción solidaria de las responsabilidades entre los Estados miembros. La Unión Europea debe reforzar la dimensión exterior de su política migratoria mediante la cooperación con los países de origen o de tránsito migratorio.
Durante una crisis sanitaria, aumentar urgentemente la reubicación de los solicitantes de asilo de los primeros países de llegada para evitar el hacinamiento sin garantías sanitarias en los países receptores.
59. bis (nueva). Analizar los efectos del COVID-19 en las personas migrantes y/o solicitantes de asilo y adoptar medidas específicas e inmediatas para paliar sus efectos.

60. Potenciar la diplomacia cultural europea como herramienta de acción exterior europea. Apoyar el programa Europa Creativa para dar aliento a las empresas culturales tan golpeadas por el COVID19 y tener en cuenta en sus programas de promoción toda la cultura europea, incluida la que se produce en lenguas minorizadas.

61. Seguir desarrollando el programa Erasmus+, elemento esencial para el fortalecimiento del sentimiento de ciudadanía europea, y otros programas como el Voluntariado Europeo.

62. Potenciar el aprendizaje de las lenguas europeas oficiales y cooficiales en el sistema educativo a todos los niveles como mecanismo de integración y herramienta de formación del sentimiento de ciudadanía europea, así como para garantizar el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias suscrito por España.

63. Instar a la toma en consideración en la Unión Europea de instrumentos comunitarios o de cooperación reforzada de coordinación de contenidos curriculares educativos que transmitan el funcionamiento de las instituciones europeas, su historia y los valores fundacionales de la Unión con el fin de potenciar la ciudadanía europea.
63. bis (nueva) Apostar por el mantenimiento sin recortes del programa “Europa para los ciudadanos” que contiene las medidas de apoyo a los programas europeos de apoyo a la memoria histórica y la memoria democrática. Insistir en la necesidad de apoyar la memoria como herramienta para prevenir el totalitarismo y el resurgimiento de ideologías totalitarias.

64. Impulsar la ciudadanía europea mediante la creación artística conjunta de los Estados europeos y el intercambio entre actores culturales, promoviendo una economía cultural europea que transmita los valores de la Unión Europea.

65. Fomentar y facilitar la cooperación territorial transfronteriza, transnacional e interregional, eliminado los obstáculos derivados de normativas dispares asociadas a jurisdicciones diferentes, con el objeto de reforzar la cohesión económica, social y territorial de la ciudadanía de ambos lados de la frontera a la par que se potencia el sentimiento de ciudadanía europea.

66. Las comunidades autónomas participarán, de la manera que legalmente se determine, en la formación de las posiciones del Estado respecto a las políticas de la Unión Europea y en las delegaciones ante los distintos órganos de la Unión que las traten, en atención a sus derechos reconocidos constitucionalmente, competencias, intereses específicos o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial.

67. Estudiar medidas para implicar a todos los niveles del Estado —nacional, autonómico y local— y a la sociedad civil en los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
La Conferencia sobre el futuro de Europa representa una oportunidad de modernización de la Unión Europea, fijando como prioridades de este proceso la lucha contra el cambio climático, la transformación digital de Europa, la consolidación de los fundamentos democráticos de las instituciones europeas y el refuerzo del peso de la Unión en el mundo.
La construcción de la Unión en materia sanitaria debería ser un punto central de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
67. bis (nueva). Explorar, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, las distintas vías para ensanchar la competencia complementaria en salud pública de la Unión Europea.