El modelo productivo español ha registrado importantes cambios en las últimas décadas. Un proceso de apertura internacional e integración europea que han permitido la convergencia con las principales economías de la Unión Europea en términos de renta per cápita. Tras un largo ciclo expansivo entre 1994 y 2008, la economía entró en recesión y no sería hasta 2016 que recuperaría el nivel de producción previo a la crisis. Una recesión derivada de la crisis financiera internacional, pero que dejaba al descubierto los fuertes desequilibrios del ciclo expansivo previo en España. A saber, un elevado sobrendeudamiento privado, en buena parte concentrado en la inversión residencial. Vinculado a ello, una enorme burbuja de crédito financiada por unas entidades bancarias apalancadas con la captación de pasivos externos, lo que tenía como reflejo un saldo negativo sin precedentes en la balanza por cuenta corriente y en una elevada ratio de deuda externa sobre el PIB.

La crisis a partir de 2009 conllevó un lento proceso de recuperación que ha sido comparativamente más modesto que en ciclos anteriores, aunque superior a las tasas promedio de la eurozona. Pero sobre todo, y hasta la llegada del COVID-19, se trata de un crecimiento más equilibrado en su composición, impulsado por la demanda interna pero también por la externa; bajos niveles de inflación con recuperación de los salarios reales y creación neta de empleo; saldo acreedor con el resto del mundo; un sector bancario más saneado y un sector privado no financiero (hogares y empresas) en proceso de desapalancamiento, con una deuda bruta sobre el PIB todavía elevada, sobre todo la de empresas, pero en claro descenso, representando ambos sectores una deuda bruta conjunta del 152% del PIB al tercer trimestre de 2019 (según datos del Banco de España) pero lejos del 204% del PIB que sumaban en el mismo período de 2013.

Con todo, la economía española mantiene algunas debilidades estructurales importantes. Entre ellas, destacan:
➢ Una escasa dotación de capital privado y público.
➢ Concentración del crecimiento en algunos sectores sobredimensionados, como fue el caso de la construcción en el anterior ciclo expansivo y continúa siendo en algunas actividades del sector servicios.
➢ Reducido tamaño empresarial, muy concentrado en pymes sin trabajadores y micropymes, que juntas representaban el 93,5% del total de empresas al término del año 2019. Una atomización del tejido empresarial que le hace menos competitivo de cara a una mayor proyección internacional, al no poder aprovechar los rendimientos crecientes de escala interna.
➢ Bajo crecimiento de la productividad, que evoluciona de forma anticíclica en nuestro país, aumentando en épocas de recesión a costa de destruir empleo, fruto, entre otras cuestiones, de un tejido productivo con baja intensidad en valor añadido e I+D+i así como de una escasa inversión en etapas de crecimiento.
➢ Bajos salarios reales y recurso excesivo de las empresas a la contratación temporal.
➢ Elevada dependencia energética externa e intensiva en recursos de origen fósil, contaminante y accesible vía importaciones.
➢ Escasa inversión en educación, formación continua de la fuerza laboral y elevadas tasas de abandono escolar que redundan en un sector productivo donde la mano de obra poco cualificada es la primera expulsada del mundo laboral.
➢ Escasa inversión en ciencia e investigación tanto pública como privada. La investigación no ha recuperado aún los niveles máximos pre-crisis, si bien siempre han estado por debajo del promedio UE-28, una divergencia que se ha ampliado.
➢ Débil inversión pública tanto en términos de PIB como de porcentaje sobre el gasto público total, y que se ha visto reducida especialmente a partir de la crisis de 2008.
➢ Reducido peso de la industria en la economía, cuya participación en términos de valor añadido bruto con respecto al PIB sigue una tendencia decreciente desde la segunda mitad de los años noventa y se agudizó tras la Gran Recesión.
➢ Tasa de desempleo muy elevada, muy superior a la media de los países europeos, y que se mantiene elevada incluso en periodos de crecimiento.

En el proceso de reconstrucción tras la crisis del COVID-19 será importante distinguir aquellas medidas de corto plazo, enfocadas a compensar los efectos de la crisis sanitaria y permitir la desescalada hacia la “nueva normalidad”, de las de medio y largo plazo centradas en cambios de carácter estructural. Así pues, las medidas más a corto plazo deberán servir para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de los hogares, tejiendo para ello una red de seguridad sobre todo para las personas más vulnerables, así como medidas para los sectores económicos más afectados.
La recuperación de los sectores más afectados requerirá de un plan de inversiones, tanto públicas como privadas, que reorienten la actividad productiva hacia criterios de sostenibilidad ecológica y transformación digital, al tiempo que refuerce aquellas actividades con mayor potencial tractor y efecto multiplicador para mejorar la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía. Un plan de inversiones coordinado a su vez con los planes de recuperación a escala europea.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

1. Continuar las medidas de apoyo en el corto plazo y adaptar a la desescalada el plan de choque ante los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, con medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, así como las rentas de las familias, tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables, y apoyar en particular la recuperación de los sectores más afectados.
De manera específica, se deberá trabajar con los sectores y con los agentes sociales, y en colaboración con las comunidades autónomas y las instituciones europeas en la preparación de planes para los sectores relevantes más afectados por la crisis, como el turismo, los canales HORECA, el comercio, la industria, sectores estratégicos como la automoción, la máquina herramienta y el aeronáutico, y el agroalimentario y el pesquero, así como los sectores necesarios para garantizar la producción local sanitaria estratégica.
1. bis (nueva). Igualmente, deberá atenuarse el riesgo de deterioro del tejido productivo como consecuencia del incremento de morosidad provocado por la crisis. Para ello habrá que perfeccionar la Ley de Segunda Oportunidad y la normativa relativa a la morosidad en operaciones comerciales circunstanciales, así como la Ley Concursal.

2. En el medio plazo, es necesario poner en marcha un Plan de Inversiones y Reformas para reorientar el modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, movilizando inversión pública y privada para impulsar la modernización de nuestra economía. La crisis actual debe entenderse y aprovecharse como una oportunidad para salir reforzados, haciendo frente a los principales desafíos a los que se enfrenta la economía española, como son la digitalización, la transición ecológica, la apuesta por la educación y el capital humano, el empleo de calidad, la innovación y la ciencia, la respuesta al reto demográfico y el refuerzo del estado de bienestar en todo el territorio nacional.
Esta inversión debe concentrarse en los dos próximos años en los proyectos con mayor potencial tractor y efecto multiplicador, atendiendo a las especificidades del tejido económico productivo de las diferentes comunidades autónomas que permitan reforzar la productividad y con ella el crecimiento potencial de la economía, generando empleos de calidad en sectores de alta cualificación.
En este sentido, se prestará especial atención a colectivos relevantes del tejido productivo, como las pymes, autónomos y la economía social; y a sectores tractores en la industria y el sector primario.

3. Trabajar con las instituciones europeas y nuestros socios comunitarios garantizando la participación de las comunidades autónomas, para reforzar los instrumentos a disposición de todos los países miembros de apoyo financiero a corto plazo y articular un ambicioso Plan de recuperación para Europa que impulse una agenda común centrada en la transición ecológica, la digitalización, el capital humano, la innovación y el impulso de una agenda europea social, apoyando en particular la recuperación económica de los países más afectados por la emergencia del COVID-19. La participación de las comunidades autónomas lo será tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos e inversiones, así como en su posterior ejecución.

4. Alcanzar un Pacto de Estado por la Industria con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre, con una cogobernanza definida, con la participación de las comunidades autónomas y agentes sociales, del que emane una futura Ley de Industria, con el objetivo de reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica y la transformación digital, incrementando nuestra autonomía estratégica industrial. Una ley que siente los principios básicos de actuación para elaborar un plan de industrialización y reindustrialización que permita aumentar el peso del sector industrial en el Estado y ponga el foco también en aquellas zonas menos industrializadas y por tanto más débiles en periodos de crisis, que aproveche las potencialidades de cada uno de los territorios. Estas actuaciones deben implicar a las administraciones territoriales y promover alianzas industriales y tecnológicas que, con la empresa en su foco de atención, potencien las capacidades industriales.

5. Se debe plantear una estrategia a medio y largo plazo para reindustrializar el país en línea con las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 enmarcadas en la Agenda del Cambio del Gobierno y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de la Comisión Europea. El Gobierno debe comprometerse con políticas industriales activas que permitan diversificar nuestra estructura productiva al tiempo que ganen peso aquellas actividades económicas de mayor valor añadido, mayor intensidad tecnológica y con mayor contenido en conocimiento. La industria y en particular aquellas actividades con mayor intensidad tecnológica permiten a la economía ser más robusta en términos macroeconómicos y tener mejor capacidad de resiliencia ante eventuales shocks externos tales como las pandemias, al tiempo que posibilita mejores salarios para los trabajadores y funciona como locomotoras de la economía, impulsando al resto de actividades económicas. Asimismo, el Gobierno revisará la colaboración de los sectores público-privado, para que gane peso el primero; y promoverá la búsqueda de sinergias industriales con el desarrollo de hubs o clusters de empresas innovadoras, atendiendo no sólo a objetivos estrictamente cuantitativos y apostando por una política que promueva y facilite el crecimiento de las empresas, desde la innovación hacia la mejora de la productividad.
5. bis (nueva) El Gobierno vinculará en coordinación con las comunidades autónomas, la estrategia energética a la industrial. La transición energética implica no solo un cambio en el modelo energético, sino también en el comportamiento, en la provisión de información en tiempo real, o en la toma de decisiones a nivel de usuario, etc, y todo ello representa una oportunidad única de nuevos desarrollos tecnológicos de alto valor añadido impulsando nuevas actividades industriales. Asímismo, el Gobierno junto con las comunidades autónomas impulsará proyectos de investigación energética europeos.
Asimismo el Gobierno junto con las comunidades autónomas, elaborará una estrategia que favorezca una política industrial competitiva en costes energéticos, equiparable a la de otros países europeos.
5. ter (nueva) Aprobar con carácter inmediato el reglamento de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, así como el estatuto del consumidor electrointensivo.

6. Elaborar junto con las administraciones e instituciones con competencias en la materia y los agentes económicos y sociales, una estrategia de fortalecimiento de las pymes que permita desarrollar sus potencialidades y sus posibilidades en un contexto global que contemple programas de internacionalización, digitalización y colaboración empresarial, así como mejorar los instrumentos financieros de apoyo. Así mismo, se impulsará un apoyo específico a la internacionalización diversificando mercados para minimizar dependencias.

7. Impulsar la elaboración, con la participación de las entidades que componen la economía social, de una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social. Un diseño que crezca desde su enraizamiento en el ámbito local y autonómico y su conexión con las acciones europeas. Una estrategia que interconecte la economía social productiva territorial con los canales de venta minorista. Estas políticas estarán dirigidas a visibilizar ante la sociedad la sólida trayectoria de otra forma de hacer economía centrada en las personas.

8. Impulsar el trabajo autónomo, su dignificación y su potencial en la regeneración de un tejido productivo más sólido y resistente a las crisis. Con el Plan de Impulso del Trabajo Autónomo estimularemos el emprendimiento y las iniciativas empresariales basadas en la innovación, la formación más especializada y adaptada a las demandas de la nueva realidad económica; una formación que contribuya a mejorar sus condiciones de trabajo. Se trata de diseñar, en diálogo con los agentes sociales, un plan estratégico para el empleo autónomo que impulse este trabajo con esta perspectiva integral, que incluya la digitalización de la economía, el reto demográfico, la fijación de la población al territorio a través de la generación del autoempleo en el ámbito rural y avanzando en la consecución de la igualdad efectiva. A estos efectos, se constituirá asimismo el Consejo del Trabajo Autónomo. De igual manera, se abordará la reforma del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) con el objetivo de establecer una cotización según ingresos reales.

9. Impulsar una mesa de negociación con presencia de transportistas, representados a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera, y cargadores, a través de sus principales asociaciones, coordinada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se centre en los retos que debe afrontar el sector, tanto sectoriales como los más recientemente derivados de la crisis sanitaria del COVID-19 y sus efectos económicos, con objeto de lograr soluciones consensuadas que establezcan el marco del transporte y la logística para la próxima década, teniendo en cuenta la necesidad de realizar un salto cualitativo, con una perspectiva de mejora de sostenibilidad ambiental y eficiencia del sector, y en los que la digitalización de la cadena logística y la innovación sean dos palancas esenciales para lograrlo.
El Gobierno de España agilizará los programas de apoyo y subvenciones que reciben las empresas de transportes bajo diferentes modalidades y desarrollará programas de compensación a las empresas del sector que han seguido operando durante esta etapa en condiciones desfavorables y de ocupación limitada.
En el ámbito portuario, el Estado estimulará y potenciará que Canarias aproveche las oportunidades que se pueden generar en actividades de alto valor añadido, como la reparación naval, la logística, el suministro a buque, los servicios de reparación offshore o el tráfico de cruceros.

10. Impulsar un Plan para la Transformación del Sistema Agroalimentario, reconociendo el carácter esencial del sector primario, como se ha demostrado durante la crisis del COVID-19, logrando mantener un suministro estable de alimentos de calidad. Un sector que antes de la crisis sanitaria ya enfrentaba una crisis de rentabilidad, especialmente en el caso de las pequeñas explotaciones agrarias, envejecimiento (menos del 6% de los agricultores tienen menos de 35 años), elevada concentración en el sector de la distribución, baja incorporación de personas jóvenes y reducido acceso a la propiedad de las mujeres, pero también en los insumos agrarios, y una reforma de la Política Agraria Común (PAC) pendiente de acuerdo financiero. Este plan tomará forma en una Ley de transición ecológica y defensa del sector agrario y alimentario, pactado con el sector, con el objetivo de alcanzar una producción agropecuaria 100% ecológica en el año 2040.

11. En coherencia con ese carácter esencial de la industria agroalimentaria en España, establecer una política industrial y de promoción específicas para el sector agroalimentario, que explote toda la potencialidad de nuestras producciones y sea intensiva en transformación y valor añadido, poniendo en valor nuestras denominaciones de origen, indicaciones diferenciadas, la dieta mediterránea, nuestra cultura y gastronomía conocidas en el mundo.

12.Igualmente, se precisa del impulso del conocimiento científico del medio marino, así como de la innovación tecnológica y la formación en todos los eslabones del complejo mar-industria, con atención especial a las empresas de transformación de productos pesqueros.

13. Fomento del equilibrio de la cadena de comercialización de los productos de pesca y de la acuicultura, en particular, mediante el apoyo a las Organizaciones de Productores del Sector de la Pesca y las acciones de promoción e información al consumidor.
El COVID ha revelado la importancia del sector primario, pesca y agricultura, como cadena de abastecimiento alimentario sostenible y sanitariamente seguro exigido por la normativa europea. Por ello se impulsará en Europa que el abastecimiento de alimentos de otros países y apertura de fronteras a otros países, exijan los mismos estándares que se requieren al sector primario europeo, garantizando su cumplimiento en todos los lineales de distribución.

14. Consolidación de un sector pesquero y de la acuicultura sostenible, mediante modelos de gestión que permitan la conservación de los recursos, la continuidad de las empresas y la generación de empleo y el mantenimiento de las comunidades costeras.

15. Establecer las medidas de apoyo oportunas para que las explotaciones agrícolas y ganaderas y la pesca de litoral puedan garantizar su rentabilidad, particularmente las de tamaño medio y pequeño, que no pueden beneficiarse de economías de escala para diversificar sus producciones y hacerlas más competitivas.
En el caso de Canarias, dadas las singularidades del sector primario derivadas de la lejanía y la insularidad, reconocidas en el status de Región Ultraperiférica de la Unión Europea y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, se pondrán en marcha medidas específicas como las siguientes:
1° Pago inmediato de los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) adicional por parte del Estado Español, alcanzando la misma cifra aportada por el Gobierno de Canarias.
2° Agilizar el pago pendiente de las ayudas al transporte de mercancías agrícolas, incluyendo el transporte del plátano como partida adicional, según el compromiso asumido por el Gobierno de España.
3° Poner en marcha, en colaboración con el Gobierno de Canarias, un Plan de Apoyo al Tomate Canario ante los retos planteados por el Brexit.
4° Poner en marcha líneas específicas para compensar los efectos del COVID-19 en los subsectores del sector primario más afectados, como el sector de flores y plantas.
5° Promover medidas específicas para el sector pesquero que incluirán a la transformación y la acuicultura.
6° Cumplimiento inmediato de las medidas para el sector primario contempladas en el Régimen Económico y Fiscal.

16. Revisar el Plan Forestal Español para mejorar la sostenibilidad de la producción ganadera y la conservación de los suelos agrícolas.

17. Avanzar en la modernización de los regadíos para un uso más eficiente y sostenible del agua, garantizando el suministro de agua con una calidad adecuada. Además, en el nuevo ciclo de planificación hidrológica, se revisará el régimen tarifario atendiendo a los principios de sostenibilidad y transparencia y considerando, entre otros elementos, la capacidad de pago de los usuarios. Se incorporarán fuentes de energía renovable a las infraestructuras asociadas a la gestión del agua, como son las de desalación, depuración o reutilización.

18. Afianzar el apoyo a la innovación y la digitalización del sector agroalimentario y del medio rural para garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario español. Ambos objetivos se persiguen con la ejecución de la Estrategia Española de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural –adoptada por el Consejo de Ministros en marzo de 2019– y de sus planes de acción bienales.

19. Incrementar los fondos destinados a investigación, innovación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario para que pueda hacer frente a las transformaciones que debe afrontar, logrando que sea un sector que base su éxito en el conocimiento y así poder atraer a jóvenes como sector atractivo, digno, rentable y de futuro.

20. Plan de Acción a favor de las Mujeres Rurales y de las Mujeres de la Pesca, que contemple actuaciones en diversos ámbitos, con atención especial a los compromisos repetidamente adquiridos por distintos gobiernos a sus reivindicaciones (enfoque de género en la PAC post-2020, ayudas a mujeres emprendedoras, revisión de la ley de titularidad compartida, ayudas a las asociaciones de mujeres rurales, ayudas a la formación, red española de mujeres en el sector pesquero, coeficientes reductores de la edad de jubilación de rederas, neskatillas y empacadoras, etc.).

21. La transición justa en el sector agroalimentario debe venir de la mano de la Política Agraria Común (PAC):
– La PAC debe proporcionar los apoyos e incentivos necesarios para que los agricultores, ganaderos y el conjunto del sector agroalimentario afronten con éxito la transformación agroecológica.
– El presupuesto de la UE para el período 2021 – 2027 debe reconocer este esfuerzo de transformación, manteniendo el presupuesto que la PAC tiene asignado en el período actual.
– El cambio transformacional del sistema agroalimentario debe contemplar, además de los aspectos regulatorios necesarios, los incentivos que lo propicien, de manera que los actores implicados, que son finalmente y sobre todo los agricultores y ganaderos, no perciban el cambio como una imposición sino como una oportunidad.

22. Profundizar en las medidas que ya ha empezado a desarrollar el Gobierno, tanto negociando una PAC más justa en Europa como estableciendo legislación para proteger la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas del dumping de precios por defectos de la cadena de valor.

23. Promover una reforma de la PAC que garantice la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental durante el periodo 2021–2027 y definir e implementar un Plan Estratégico Nacional para la PAC post-2020. Asimismo, el Estado dentro del Plan Estratégico Nacional para la PAC post-2020, se comprometerá a definir, junto con las comunidades autónomas, planes específicos regionalizados que atiendan a las necesidades de las diferentes realidades y singularidades autonómicas.
23. bis (nueva). En las relaciones comerciales de la cadena alimentaria es básico incorporar la totalidad de los costes de producción en el precio, como elemento mínimo a recoger en los contratos alimentarios, así como que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción en que haya incurrido.
23. ter (nueva). Impulsar un plan para la reactivación del sector primario que contemple:
• Utilizar todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) destinado a España, no gastado hasta la fecha, para dedicarlo al rescate del sector ante la crisis del COVID-19. De igual modo, flexibilizar los proyectos en marcha pagados por el FEMP: extender los plazos y los calendarios para poder hacer frente a esta crisis de forma inmediata, sin perder recursos para el sector en el futuro, e impulsar la modificación del artículo 33 del FEMP para que las ayudas por cese temporal se puedan conceder.
• Evaluar medidas de indemnizaciones directas al sector para compensar los daños directos e indirectos de esta crisis, a consecuencia de la caída de las ventas, las restricciones para faenar, el cierre de lonjas o el desplome de los precios. El sector primario ha demostrado su gran importancia durante esta crisis sanitaria, y es necesario reconocer esos esfuerzos ofreciendo el apoyo necesario al sector para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
• Fomentar e incentivar la transformación digital del sector y la puesta en marcha de canales de venta directa productor-consumidor, conectando la oferta con la demanda de particulares en tiempo real, reconociendo el valor añadido del comercio de proximidad tanto para los productores como para el consumidor, así como sus efectos beneficiosos en el medio ambiente.
• Abrir canales o plataformas de comunicación con el sector para proporcionar la información puntual y necesaria, incluyendo el seguimiento de las condiciones sanitarias y laborales o las posibilidades de financiación y ayudas existentes, apostando por controles aduaneros armonizados, para garantizar la igualdad de condiciones entre los productos locales y los importados de terceros países.
• Introducir una mayor flexibilidad para disponer de fondos de desarrollo regional para paliar los efectos económicos nocivos que deje la pandemia, y acompañando al sector primario en las reformas necesarias para que nuestros productores, especialmente en pequeñas y medianas explotaciones, puedan aprovechar las oportunidades de la transformación digital y la transición ecológica.
• Flexibilizar los procesos de solicitud de las ayudas de la PAC para facilitar y favorecer las solicitudes telemáticas, garantizando el acceso de miles de agricultores y ganaderos a estas ayudas. Asimismo, ampliar los plazos para la contratación de seguros agrarios requeridos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
• Diseñar e implementar un Plan de choque específico para los sectores agrícolas y ganaderos en estado crítico que identifique las necesidades especiales y tenga en consideración la estacionalidad o la inversión soportada para paliar las pérdidas por la crisis del COVID-19. Asimismo, solicitar a la Unión Europea que se destine parte de los fondos de cohesión que los Estados no hayan gastado a sectores que se encuentren en riesgo de desaparición.
• Promover una campaña de comunicación para concienciar de la importancia de mantener una dieta equilibrada que incluya productos frescos, como pescado, frutas y verduras, apoyando así a nuestro sector primario, para asegurar que los efectos de la crisis no tienen consecuencias negativas en la dieta de los españoles.
23. quáter (nueva). Promover la diversificación económica del medio rural, especialmente en las comarcas más despobladas y deprimidas, mediante fondos, planes y agencias de desarrollo rural especializadas, la adaptación de la normativa a las realidades rurales, la garantía de las condiciones básicas para hacer posible emprender, invertir y vivir en estas zonas y la potenciación de las estrategias de desarrollo local participativo y los grupos de acción local.
23. quinquies (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales las normas atributivas de las mismas.

La necesidad de abordar una estrategia de recuperación económica tras la crisis provocada por el COVID-19 supone una oportunidad para reorientar nuestro modelo de desarrollo, proteger los bienes comunes y anticipar los retos económicos y ambientales que se avecinan y sobre los que ya hay evidencias. Y tenemos que conseguirlo aumentando nuestra seguridad ante situaciones de crisis globales y, singularmente, ante la que está originando la Emergencia Climática. Por tanto, debemos construir una economía y una sociedad resilientes frente al cambio climático, capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece la transición hacia la descarbonización.

El Plan de Recuperación Verde supone una apuesta por una economía mucho más sólida, segura y estable, siendo la mejor opción para generar oportunidades de empleo, riqueza y equidad, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su salud. Para ello la recuperación debe apostar por una economía climáticamente neutra, circular, respetuosa con los ecosistemas y capaz de ponerlos en valor como activo de país, y que evidencie que las soluciones basadas en la naturaleza son ventajosas también para las personas y para la generación de resiliencia frente al cambio climático.

Una doble transición verde y digital que proporcione las oportunidades de inversión adecuadas que han de ayudar a la recuperación de la economía y a sentar las bases de un crecimiento sólido e inclusivo donde el reparto de la riqueza sea equitativo. La transición justa implica modernizar el sistema productivo de las zonas donde se acometa y no debe perjudicar a los sectores económicos eficientes ya implantados.

Este Plan de Recuperación Verde, claramente dirigido a acelerar una transición ecológica, solidaria y resiliente en todos los sectores de la economía, requiere de un enfoque coherente en todos los ámbitos, así como estar alineado con el Pacto Verde Europeo y el Marco Estratégico de Energía y Clima de España, y coherente con la nueva cultura del agua.
Por tanto, dentro del gran paraguas de la lucha contra el cambio climático, que pasa por redoblar los esfuerzos de adaptación y mitigación, mediante la plena implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la recuperación deberá incluir una importante batería de medidas económicas, de estímulo fiscal y de incentivo de la inversión privada, de manera que pueda aprovecharse la inyección económica y los vehículos financieros que se creen al hilo del plan de recuperación de la Unión Europea.
En materia de mitigación, buena parte de las acciones necesarias para descarbonizar nuestra economía se enmarcan en la transformación de nuestro sistema energético. Pero hay también otros sectores que es imprescindible abordar, como el de los residuos. Es esencial tanto la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular, como la legislación de residuos, que requerirán de importantes inversiones especialmente en materias como recuperación, reutilización y reciclaje, todas ellas susceptibles de generar actividad económica y empleo.

Por su parte, la adaptación al cambio climático exigirá grandes inversiones en infraestructuras sostenibles que, además de preservar y recuperar los ecosistemas, nos protejan contra los efectos del cambio climático.
Estas inversiones, siempre garantizando la sostenibilidad ambiental, no sólo aumentarán nuestra seguridad ante fenómenos tan destructivos como el aumento del nivel del mar, las sequías, las inundaciones o los incendios forestales, sino que tienen también una gran capacidad de estímulo de la economía, de creación de puestos de trabajo y de mejora de la competitividad.
La transición verde de la economía ha de ser también azul, referida ésta a la economía del sector marítimo y sus recursos, supeditada a criterios de desarrollo económico sostenible. El cambio de paradigma implica asimismo adaptar la movilidad, especialmente en los entornos urbanos y metropolitanos, de manera que se supediten a los criterios de sostenibilidad ambiental y descarbonización, priorizando el uso del transporte público y formas de transporte no contaminantes.
Tanto en el ámbito urbano como en el rural, será necesario el desarrollo de un Plan de Rehabilitación de Edificios y Eficiencia Energética, de modo que estos se adapten a los criterios europeos en materia de energía y clima, pero permitan al mismo tiempo la creación de empleo.

Asimismo, en materia de transporte requerirá de la puesta en marcha de un Plan de Digitalización y Sostenibilidad, en colaboración con el sector privado, que permita mejorar la eficiencia en la circulación de mercancías.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

24. Elaborar e impulsar la puesta en marcha de un Plan de Recuperación Verde alineado con el Pacto Verde Europeo, el Marco Estratégico de Energía y Clima de España y el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que favorezca la transición ecológica justa y la mejora de la calidad ambiental, que priorice los esfuerzos en aquellos sectores que puedan generar más empleo y crecimiento sostenible y que ayude a reducir la vulnerabilidad que supone nuestra dependencia del exterior respecto de bienes críticos y de las cadenas de valor. Con el fin de cuantificar los logros en materia de transición ecológica y su complementariedad con el desarrollo social, así como generar información económicamente relevante para alcanzar una sostenibilidad justa e inclusiva, la contabilidad nacional monetaria tradicional será complementada, en paralelo, con un nuevo índice de bienestar así como indicadores biofísicos en materia de huella de carbono y huella ecológica.

25. Articular dicho Plan sobre la base de los instrumentos financieros que se pongan a disposición de los Estados miembros en el marco del Plan de Recuperación Europeo.

26. Establecer, como fundamentos del Plan, cuatro ejes de actuación en el marco común de la mitigación y adaptación al cambio climático:
● Vigilancia meteorológica y observación del clima, fundamentales para disminuir la vulnerabilidad frente a los impactos y los riesgos asociados al cambio climático.
● Preservación del litoral, que sufre un fuerte impacto negativo por el ascenso del nivel del mar, el incremento del poder destructivo de los temporales originados por el cambio climático y la construcción de edificios e infraestructuras marítimas, entre otras, que han alterado fuertemente la biodiversidad y los ecosistemas costeros.
● Mejora de los recursos hídricos, en un país en el que es esencial que la gestión y la planificación hidrológica den respuesta a las nuevas presiones que se derivan del cambio climático. Y ello, sin contemplar los trasvases entre diferentes cuencas hidrográficas y prestando especial atención a las necesidades de inversión en infraestructuras del ciclo del agua, con el objetivo de reducir las aguas residuales sin tratar y realizar una gestión integrada de los recursos hídricos protegiendo los ecosistemas.
● Conservación de la biodiversidad apoyando las políticas y medidas orientadas a disminuir los niveles de estrés sobre las especies y los ecosistemas.
● Medidas de estudio y apoyo en las islas, como territorios más afectados por el cambio climático.
26. bis (nueva). Reforma ecológica y social de la contabilidad nacional. Introducir dos indicadores complementarios al PIB en la contabilidad nacional: por un lado, un índice de desarrollo alternativo capaz de medir el bienestar social, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como está siendo experimentado en otros países (Nueva Zelanda), que constituirá el nuevo concepto-guía en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y en los objetivos de las diversas políticas públicas españolas; por otro lado, una contabilidad biofísica rigurosa y paralela a la contabilidad monetaria, que complemente un desarrollo ambicioso de la Ley de Cambio Climático (presupuestos de carbono) y la Estrategia Española de Economía Circular (huella ecológica, análisis de ciclo de materiales).

27. Introducción de un modelo de economía circular lenta en el que se optimice el aprovechamiento de productos y materiales, de modo que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, ganando en eficiencia, minorando nuestra dependencia del exterior y reduciendo la generación de residuos. Este modelo económico circular tiene que apostar por colocar a España a la vanguardia europea y mundial promoviendo una planta metalúrgica de gran escala, impulsada por un consorcio público-privado, con tecnología capaz de recuperar cobalto, indio, litio, tierras raras, galio y otros metales que van a conocer fuertes tensiones en su oferta a medida que la economía global profundice en la transición ecológica. Asimismo, se fomentará la diversificación de la generación eléctrica, incentivando el aprovechamiento eficiente de materiales y energía en los procesos productivos a través de la economía circular El Gobierno de España destinará líneas específicas de financiación para la activación socioeconómica vinculada a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la gestión de los residuos, el reciclaje y el turismo sostenible.
27. bis (nueva). Promover medidas para la reducción de residuos en la propia cadena de producción, así como la reutilización de los productos. Se implantará en los municipios la recogida selectiva en origen de los residuos urbanos. Apostar por un descenso en el consumo de elementos de un solo uso. Priorizar e incentivar la puesta en el mercado de envases reutilizables e implantar un sistema de devolución y retorno para todos los objetos de un solo uso (envases, colillas, cápsulas de café, etc).

28. Impulsar una estrategia energética basada en energías 100% renovables para mitigar el impacto ambiental, reducir la factura energética, fortalecer la competitividad de las empresas y fomentar la eficiencia energética y el autoconsumo.

29. Desarrollar campañas de concienciación sobre consumo y ocio sostenibles y hábitos saludables.

30. Blindar el uso, gestión e interés público del agua.

31. Promover una Estrategia de Crecimiento Azul que impulse la pesca sostenible y la conservación de ecosistemas acuáticos, y contribuya a la protección y restauración de la biodiversidad acuática.

32. Aumentar la eficiencia energética y la reducción de emisiones en las actividades de pesca mediante la renovación o modernización de motores en buques de pesca.

33. Impulsar, en el marco de la Unión Europea, un verdadero Green New Deal, dotado de los recursos presupuestarios y técnicos adecuados para la reducción de emisiones.

34. Mejorar el uso eficiente de los medios de producción y de la gestión de residuos, con especial hincapié en la industria de transformación y la acuicultura, promoviendo el uso de energías renovables.

35. Llevar a cabo la transformación agroecológica del sistema agroalimentario español, de la mano del sector productor, cuyas explotaciones deben transformarse de manera que puedan seguir siendo un medio de vida digno, semejante al de otros sectores de la actividad económica. Esta transformación tomará forma en una Ley de transición ecológica y defensa del sector agrario y alimentario, pactado con el sector, con el objetivo de alcanzar una producción agropecuaria 100% ecológica en el año 2040.

36. Desarrollar un Plan de Choque de Movilidad Sostenible en los entornos urbanos, metropolitanos y rurales, impulsando las inversiones destinadas a estimular una movilidad de bajas emisiones, que aseguren un transporte público atractivo y fiable como columna vertebral de la movilidad en el ámbito urbano y periurbano, que posibilite una movilidad accesible y asequible para toda la ciudadanía, también adaptado a las condiciones y necesidades del medio rural, que promueva y mejore la seguridad en la movilidad y que, por último, implante el concepto de movilidad inteligente adaptada a nuevos ámbitos, tanto urbanos como metropolitanos, y a las necesidades de movilidad interna y externa de las comarcas rurales.
Asimismo, se impulsará una Ley de Movilidad, que incluya los aspectos relativos a la financiación del transporte público, de forma que asegure la prestación de unos servicios de transporte público adecuados para satisfacer las necesidades reales de movilidad de los ciudadanos, y que establezca los criterios para la financiación de los mismos, de manera equilibrada entre los distintos territorios, respetando en todo caso el reparto competencial. De igual forma, deberá incluir las condiciones que debe cumplir el transporte para ser un sistema resiliente, es decir, capaz de dar respuesta aun en los casos de posibles pandemias u otras crisis sanitarias. Además, la ley deberá establecer mecanismos específicos para la financiación de aquellas actuaciones tendentes al fomento de la movilidad saludable, destacando el fomento del uso de la bicicleta como parte de la movilidad cotidiana. En el corto plazo, se establecerán las medidas adecuadas que permitan a las administraciones competentes en servicios de transporte público urbano o metropolitano, o los sometidos a obligaciones de servicio público, compensar los sobrecostes que ha supuesto la crisis sanitaria en los correspondientes servicios.

37. Establecer una Estrategia de Movilidad Sostenible cuyo foco sea el ciudadano y la inversión en soluciones que satisfagan sus necesidades de movilidad de modo que ésta sea sostenible, segura y conectada a través de un Pacto por la Movilidad Sostenible, lo que permitirá transitar hacia un modelo de transporte más moderno que potencie la sostenibilidad medioambiental, la productividad, el crecimiento económico y la cohesión social y que aborde un modelo de movilidad en las áreas rurales, así como mejorar su financiación, afrontar los sobrecostes generados por las medidas tomadas para combatir el COVID-19.

38. Infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Adecuar la normativa relativa a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y financiar su desarrollo por parte de empresas, particulares y administraciones públicas. Estas ayudas se dedicarían especialmente a la instalación de puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos.
38 bis (nueva). Desarrollar en las zonas rurales, aprovechando la implantación de energías renovables, un plan de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos (“electrolineras”). De esta manera, en los territorios donde se instalen centrales de renovables, como retorno hacia éstos, las empresas adjudicatarias deberán poner y mantener “electrolineras” en suelo municipal.

39. Poner en marcha un Plan de Impulso a la Digitalización y Sostenibilidad de la Cadena Logística para el Transporte y Distribución de Mercancías, que mejore la eficiencia del sistema de transporte de mercancías, apoyando a pequeños y medianos transportistas a través de la introducción de la tecnología y el fomento de la intermodalidad, teniendo en cuenta los compromisos de descarbonización asumidos internacionalmente y la creciente importancia de la movilidad en las ciudades y pueblos, en colaboración con el sector privado.

40. Implementar un Plan de Choque de Refuerzo de la Seguridad y Conservación de las Infraestructuras y Servicios de Transporte con el fin de garantizar la seguridad como pilar básico del sistema de transportes y de la movilidad del país. Se abordará la seguridad desde una perspectiva integral, incluyendo la conservación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte y su resiliencia frente a los efectos del cambio climático, el sistema de supervisión de la seguridad operacional, la seguridad contra actos ilícitos y la ciberseguridad.

41. Poner en marcha la Agenda Urbana con el fin de reorientar el sentido de las políticas urbanas hacia la creación de ciudades y entornos urbanos y rurales sostenibles medioambientalmente, seguros y que garanticen la inclusión social.

42. Elaborar, en el ámbito de sus competencias en coordinación con las comunidades autónomas, un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, con relevante incidencia sobre el empleo. Dicho Plan tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural. Los proyectos de rehabilitación de edificios y renovación de espacios públicos responderán a los criterios de accesibilidad universal. Dentro del Plan se incluirán el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo consumo. En este Plan se prestará una especial atención a la rehabilitación de viviendas en los centros históricos de las ciudades.
42. bis (nueva). Impulsar, junto con las comunidades autónomas:
– La bioeconomía, integrando la agricultura, el sector forestal, el mar y los residuos orgánicos y sus cadenas de valor como una de las herramientas para luchar contra el cambio climático y la dependencia de las materias primas y energías de la Unión Europea.
– El desarrollo de soluciones para una movilidad más descarbonizada.
– Instrumentos para transitar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.
42. ter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales las normas atributivas de las mismas.

El sistema laboral necesita adaptarse a la nueva realidad post-COVID-19 que plantean los cambios en la economía, especialmente vinculados a las nuevas tecnologías y la transformación digital, entre otros. Así mismo, un objetivo fundamental en la reconstrucción será la reducción de las altas tasas de desempleo, la lucha contra la precariedad del mercado laboral y la excesiva temporalidad que existe actualmente en nuestro país.

Por su parte, la formación profesional resulta un elemento fundamental, tanto para mejorar la productividad laboral, como para aumentar la empleabilidad de la población activa. Una adecuada formación resultará asimismo imprescindible para permitir la adaptación de la fuerza de trabajo al proceso de transformación digital y modernización de la economía en nuestros días.
Será necesario, por tanto, garantizar, como objetivo irrenunciable, una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo hasta el conjunto de la población activa.
Para ello es necesario impulsar un paquete de medidas de manera integral e integrada que facilite la incorporación, permanencia y progresión de los trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral.

La reconstrucción social y económica de nuestro país ha de estar ligada a la mejora de la cualificación de la ciudadanía para atender las necesidades de los distintos sectores productivos, y ello pasa inevitablemente por la ampliación de las oportunidades formativas, desde la equidad.

La formación profesional ha de garantizar a toda la futura población activa, además de una sólida capacitación técnica, competencias “blandas”, como la creatividad, competencias digitales, comunicación, pensamiento crítico, capacidades analíticas y predictivas, cooperación y actitudes proactivas para liderar los cambios necesarios tanto sociales como económicos.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de resolución

43. Ahondar en la protección de los puestos de trabajo ya iniciada con los acuerdos con los agentes sociales sobre los ERTE para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, el diálogo social estudiará los términos de flexibilización en el uso de los ERTE, para que continúen siendo un instrumento de flexibilidad interna de las empresas y protección del empleo y de los trabajadores con base en la evolución de la recuperación de la actividad a nivel sectorial y lo suficientemente flexible para acomodar los efectos de nuevos rebrotes localizados o generalizados que afecten a la actividad económica de las empresas.
Por otra parte, se analizará también que las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad procedan a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por un ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Asimismo, se fomentará que el diálogo social contribuya a mantener los niveles de empleo por parte de las empresas. Reactivar de manera progresiva la economía, proporcionando una respuesta ponderada que evite el ajuste estructural que se produciría en nuestra economía si tuviera lugar la salida del mercado de empresas solventes y afectadas negativamente por esta situación transitoria y excepcional, contribuyendo a aminorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica.

44. Luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva del mercado laboral que sufre nuestro país, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social. Se impulsará la simplificación de las fórmulas contractuales.

45. En aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el COVID-19, diseñar conjuntamente mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector.

46. Dedicar una especial atención a la regulación de las condiciones laborales de las profesiones sociosanitarias.
46. bis (nuevo). Eliminación de todos los programas gubernamentales dirigidos a la investigación, exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos fósiles, o ampliación de los ya existentes.

47. Impulsar el trabajo autónomo, su dignificación y su potencial en la regeneración de un tejido productivo más sólido y resistente a las crisis avanzando para otorgar más derechos a los trabajadores autónomos, eliminando trabas al emprendimiento y apoyando específicamente el emprendimiento y el intraemprendimiento, un objetivo clave para propiciar las condiciones necesarias para retener y atraer a mujeres y hombres capaces de desarrollar la reflexión, la creatividad y la innovación, para diseñar su futuro profesional y, a la vez, generar oportunidades de trabajo en su comunidad.

48. Impulsar fórmulas contra el fraude laboral, especialmente dirigidas para que afloren la economía sumergida y los falsos autónomos.

49. Impulsar la elaboración, con la participación de las entidades que componen la Economía Social, de una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social.

50. Elaboración, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, de una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, a la formación continua y a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora, con garantía para el empresario, que sea beneficiosa y atractiva tanto para la parte trabajadora como para la parte empresarial.

51. Dedicar una especial atención a la prevención de los nuevos riesgos laborales (físicos y psicosociales) asociados a la digitalización de la actividad económica y el uso de las tecnologías tanto en el trabajo presencial como en el trabajo a distancia.

52. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres. El avance de la igualdad y de la corresponsabilidad implica una reflexión sobre el uso que damos al tiempo, para lo cual es imprescindible promover un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de Usos del Tiempo y Racionalización de los Horarios, que permita reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, relacionado con la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.

53. Modernización y optimización, en coordinación con las comunidades autónomas, de las políticas activas de empleo mediante: (1) La revisión del marco global de las Políticas Activas de Empleo; (2) La redefinición de los objetivos en materia de empleo; (3) La revisión de los incentivos a la contratación para evitar las ineficiencias y las redundancias, priorizando la incentivación de los contratos indefinidos; (4) Actualizar la Estrategia de Empleo Joven, diseñando sistemas y programas de empleo para jóvenes que incorporen estrategias de acompañamiento prolongadas en el tiempo; (5) la articulación de un nuevo derecho a la formación continua que permita la permanente actualización de las competencias y habilidades de las personas trabajadoras y (6) la consideración de los nuevos nichos de empleo verde generados por la transición ecológica, con especial hincapié en que se repartan de forma equitativa en función del género. El sistema de formación deberá imbricar la formación inicial del sistema educativo con la formación continua, garantizando la eliminación de las brechas de género, particularmente la digital.

54. Promover programas de Formación Profesional robustos y renovados, que respondan a las necesidades de cualificación de jóvenes y profesionales, incluyendo nuevos programas de Formación Profesional vinculados a los entornos rurales, con una adaptación a nuevas demandas que surgen en respuesta a la transformación de la sociedad y del modelo económico en la etapa post-COVID-19, especialmente en el ámbito sanitario, de los servicios sociales y de la nueva gestión digital de las administraciones. En este sentido, se integrará la innovación y el emprendimiento como ejes prioritarios de una Formación Profesional que den respuestas a las necesidades actuales y futuras.

55. Intensificación de la colaboración público-privada en la adopción de estrategias conjuntas en materia de Formación Profesional.

56. Avance en el reconocimiento y acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral como modelo para la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras.

57. Flexibilización y mejora de la accesibilidad de la formación de los trabajadores y trabajadoras mediante una oferta modular de Formación Profesional generalizada.

58. Renovación del catálogo formativo actual y diseño de nuevas titulaciones que el mercado laboral requiere.

59. Definición de los sectores estratégicos a nivel económico que requieren un trabajo intensivo en materia de formación profesional.

60. Potenciación de la Formación Profesional dual y Universitaria dual.

61. Promoción de proyectos para la conversión de aulas de Formación Profesional en espacios de tecnología aplicada, así como la creación de redes de excelencia de centros de Formación Profesional.

62. Potenciación de la orientación profesional como servicio público de acompañamiento en el diseño de los nuevos itinerarios formativos y profesionales de cada persona a lo largo de la vida.

63. Adopción de las medidas, en el marco del diálogo social, para mejorar del sistema de protección por desempleo mediante la reordenación y simplificación de sus prestaciones, con el fin de evitar solapamientos y dotarlo con cuantías dignas dirigidas a las personas desempleadas y coordinarlos con los procesos de formación y activación para el empleo.
63. bis (nueva). Potenciar las carreras universitarias Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) y la Formación Profesional necesaria para la industria.
63. ter (nueva). Simplificar las modalidades de contratación, de forma que se penalice a las empresas que abusen de la contratación temporal respecto de las que prioricen el contrato estable.
63. quáter (nueva). Potenciar el nivel de cualificación de las personas y la formación a lo largo de la vida. Cerca del 40% de la población activa tiene un nivel bajo de cualificación, y ante fenómenos como la transformación digital y la tendencia a la desaparición de los puestos de trabajo vinculados a niveles bajos de cualificación, garantizar una oferta formativa amplia a lo largo de la vida es fundamental. Al igual que lo es, el disponer de un sistema lo suficientemente flexible para adaptarse a la diversidad, composición y cambios del mercado de trabajo.
63. quinquies (nueva). Situar a las personas en el centro del sistema y ofrecerles una orientación profesionalizada e integral a lo largo de su vida, potenciando una Formación Profesional adecuada y ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, facilitando la transición al ámbito laboral y la plena integración de aquellas.
63. sexies (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.
63. septies (nueva). A los efectos de reducir la dualidad del mercado de trabajo, para los nuevos contratos se articulará un sistema consistente en un fondo de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales mensuales en función del salario, que el trabajador pueda hacer efectivo en los supuestos de despido, cambio de empresa o jubilación (implementar un sistema tipo mochila austriaca).
63. octies (nueva). Despenalizar la conducta prevista en el artículo 315.3 del Código Penal.

La transformación digital de nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra administración era ya sin ninguna duda un reto de presente antes de la llegada del COVID-19, pero también es indudable que la crisis sanitaria y también económica y social generada por la pandemia ha puesto de manifiesto la urgencia de acometer un proceso de digitalización que ayude a la transformación y modernización de nuestra economía y nuestra sociedad.

Se trata de poner en marcha reformas de futuro y proyectos que permitan impulsar la actividad y reforzar la productividad y con ella el crecimiento potencial de nuestra economía. La transformación digital pasa ineludiblemente por una adaptación por parte del sistema educativo al nuevo entorno, para construir conocimiento y que permita una adecuada adaptación y aprovechamiento de las tecnologías digitales a la sociedad en su conjunto, optimizando y democratizando de esta manera su uso.
El capital humano es el fundamento de la cohesión de las sociedades democráticas y del desarrollo económico. Las tecnologías digitales abren formas cualitativamente distintas de generar conocimiento y la educación es el instrumento para que esta puerta a nuevos niveles de desarrollo personal y social esté al alcance de todos y de todas.

La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha acelerado este proceso de transformación de una forma abrupta, ya que, literalmente de la noche a la mañana, la educación a través de medios telemáticos se ha convertido en la única modalidad viable para continuar la actividad educativa y garantizar los aprendizajes. El desarrollo de la Digitalización y Competencias Digitales aborda aspectos necesarios de la educación digital, desde la disponibilidad de dotaciones adecuadas para centros educativos digitalmente competentes, como para alumnado y profesorado, hasta la competencia digital educativa, la formación para el desarrollo profesional docente, la disponibilidad de recursos digitales de calidad, o el desarrollo de metodologías y competencias digitales avanzadas e iniciativas innovadoras (pensamiento computacional, inteligencia artificial, espacios de aprendizaje,…).
Actualmente en España existe una brecha digital con tres dimensiones: a) brecha en la disponibilidad de equipos y acceso a internet; b) brecha en la capacidad de uso adecuado por parte del alumnado y c) brecha en los recursos educativos de los centros y las competencias digitales de los docentes.

Por ello el Gobierno definirá un plan de conectividad con el objetivo de extender la conectividad de acceso de 100 Mbps antes de 2025 a todo el territorio. Pero además de la adaptación del sistema educativo y de formación al nuevo entorno digital, será asimismo necesario impulsar la inversión en estas nuevas tecnologías para la transformación digital de la economía, tanto en empresas como en la administración. En materia empresarial resulta especialmente relevante la transformación digital en el comercio minorista. Éste tiene un peso en la economía en torno al 5,2% del valor añadido bruto (VAB) y emplea a cerca de dos millones de personas, lo que representa el 9,8% del total de ocupados.

Además, ejerce una importante vertebración en ciudades y pueblos a través de los 559.301 establecimientos de comercio minorista por todo el territorio, que representan el 14,5% del total de establecimientos de la economía española. Este efecto de fijar población en áreas rurales resulta un importante factor para contribuir en la lucha contra el despoblamiento y un mayor equilibrio demográfico. Un efecto que puede verse potenciado con la estrecha relación del comercio minorista con otros sectores como el turístico y el emprendimiento. Pero también se trata de un sector particularmente vulnerable, entre otras razones por tratarse de un sector conformado fundamentalmente por pymes y autónomos.

La inversión en herramientas digitales y analítica avanzada de datos va a ser esencial para un sector comercial más eficiente, para estar más cerca de un consumidor cada vez más conectado, que busca lo local y lo cercano, en omnicanal y en nuevos cambios sociales (más conexión, más tiempo en casa, más distancia social). Por todo ello, se hace necesario adoptar una serie de medidas con el fin de asegurar la sostenibilidad del pequeño comercio para que pueda salir reforzado como consecuencia de esta crisis sanitaria.

En cuanto a la administración, su digitalización habrá de permitir no solo una mejora en términos de eficiencia en la gestión de los servicios públicos, sino que redunde a su vez en una mayor cercanía y facilidad de acceso para todos los colectivos de la ciudadanía, e igualmente cercana para el ámbito rural que para el urbano. Un proceso de transformación digital que habrá de incluir al sector público empresarial. Pero, además, la digitalización resulta especialmente pertinente en el Sistema Nacional de Salud.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

64. Dotar al alumnado más vulnerable de los recursos tecnológicos necesarios para garantizar su derecho de acceso a Internet.

65. Proveer de conectividad adecuada al alumnado que no disponga de ella, estableciendo los necesarios acuerdos de colaboración con los operadores de comunicaciones electrónicas.

66. Desarrollar un Plan de Alfabetización Digital al alumnado en situación de mayor vulnerabilidad, para asegurar el uso adecuado de los dispositivos digitales.

67. Mejorar la Competencia Digital Educativa de los docentes mediante un plan de formación permanente y continua al profesorado que garantice su competencia digital.

68. Desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan de Digitalización de los Centros Educativos que les dote de los equipamientos y acceso a internet de alta calidad para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje en el aula, y de herramientas digitales educativas para el desarrollo de educación en entornos virtuales.

69. Implantar, en colaboración con las comunidades autónomas, el Plan Digital de Centro Educativo para favorecer la innovación y la transformación digital de las metodologías de aprendizaje, proyectos de innovación, transformación de los espacios del centro o el uso generalizado de recursos educativos digitales y fomentar la cultura colaborativa.

70. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, la extensión de entornos virtuales de aprendizaje mediante el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos (REA) digitales para el proceso de aprendizaje.

71. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, el Plan de Impulso de la Educación Online mediante la generalización del uso de plataformas educativas por todos los centros educativos.

72. Poner en marcha programas de radio televisión educativa con canales en abierto que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas para un aprendizaje en línea más allá del ámbito formal.

73. Incorporar la digitalización en el proceso de reforma curricular de todas las etapas del sistema educativo, incluida la Formación Profesional.

74. Impulsar un Plan de Digitalización de la Administración, que incluya medidas para aumentar la eficiencia y reducir la brecha digital en el uso de la e-administración a través del desarrollo de servicios públicos electrónicos universales y de calidad, abiertos, eficientes, flexibles, inclusivos y accesibles a todos los colectivos, incluyendo una renovación de los equipos informáticos y la adquisición del software y herramientas digitales necesarias a través de fórmulas que no supongan un importante desembolso para las arcas públicas y permitan la actualización del equipamiento.

75. Impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, un Plan para la Digitalización Sanitaria, de modo que contribuya de forma decidida a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y permita una mejor respuesta de los sistemas sanitarios a los retos y necesidades sanitarias actuales.

76. Extender a las empresas públicas un programa de inversiones para su digitalización, como apuesta de futuro, de forma que se conviertan en referentes en la incorporación de las nuevas tecnologías en sus ámbitos de actuación.

77. Impulsar políticas que permitan la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, especialmente con programas de apoyo a las pymes y a los autónomos.

78. Poner en marcha un Plan de Transformación y Adaptación Digital para el pequeño comercio, con el objetivo de mejorar su competitividad y evitar la pérdida de tejido empresarial y de empleo.

79. Desarrollar en torno al Observatorio del Comercio 4.0 un ecosistema de innovación para impulsar la adaptación del comercio a las nuevas tecnologías.

80. Aprobar un Plan de Ciberseguridad que permita contribuir a una gobernanza global de la digitalización y garantice la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías.

81. Renovar el actual “Plan Nacional 5G” adoptando una nueva “Estrategia de Despliegue 5G” que facilite que la economía y la sociedad española aprovechen de modo temprano las oportunidades de la quinta generación de telefonía móvil para acelerar la transformación digital del país, promoviendo su implantación simultánea en las zonas poco pobladas para no incrementar la brecha digital entre territorios.

82. Elaborar un Plan de Atracción y Fomento del Audiovisual Español.

83. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado.

84. Poner en marcha una Estrategia de Ciberseguridad que permita estimular la cooperación entre actores públicos y privados para mejorar la ciberseguridad.

85. (suprimido)

86. En materia de Startups, adoptar medidas que reconozcan la figura específica de este tipo de iniciativas emprendedoras y facilidades para la captación de inversión y de talento.

87. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Competencias Digital (Digital Skills) que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado.

88. Poner en marcha una Transformación Digital del Sector Público que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado, con particular atención a las áreas de Justicia, Servicio Público de Empleo Estatal, Seguridad Social y Sanidad.

89. Adoptar una Carta de Derechos Digitales que recoja los derechos necesarios para la protección digital del conjunto de la ciudadanía, particularmente aquellos más expuestos, y permita, una vez más, ponernos a la vanguardia europea en relación con el desarrollo de una sociedad digital libre, abierta e inclusiva.
89. bis (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas

La pandemia, tanto por su impacto sanitario como por las medidas que el Gobierno ha debido tomar para que sus efectos socioeconómicos fuesen los menores posibles, ha mostrado la necesidad de afrontar de forma decidida los grandes desafíos a los que se enfrenta este país.

Entre estos, el reto demográfico se ha hecho patente en aquellos territorios en los que su sistema funcional -sanitario, asistencial, de infraestructuras, de servicios básicos, etc.- se ha visto más tensionado ante sus reducidas dimensiones, con dificultades para dimensionar los servicios frente a la crisis sanitaria y para garantizar la normalidad de la vida cotidiana en cuanto a comercio y servicios básicos.

Un reto demográfico cuya expresión más evidente es el envejecimiento de su población en el medio rural, lo que exigía una gran responsabilidad social, para que las personas mayores, especialmente vulnerables ante el virus, tuvieran la mayor seguridad sanitaria y asistencial posible.

Al mismo tiempo, la pandemia ha mostrado los efectos que la falta de un modelo territorial vertebrado provoca ante crisis y emergencias: por un lado, en las grandes ciudades, donde la intensidad de la crisis sanitaria ha sido mayor, y donde la nueva normalidad exigirá repensar los sistemas de trabajo, movilidad, residencia,…; y, por otro, en los pequeños pueblos, donde la cotidianeidad del confinamiento era muy diferente, en relación con la baja densidad, el distanciamiento social, la tipología de viviendas o las redes comunitarias de proximidad, pero que eran vulnerables por el sistema funcional del territorio (servicios básicos, comunicaciones,…).

Afrontar el reto demográfico implica redefinir nuestro modelo territorial, minimizando la brecha de densidad poblacional y extendiendo oportunidades a los territorios actualmente más afectados por la despoblación, la baja densidad, o el envejecimiento, a la vez que se reduce la presión sobre los territorios que han concentrado intensamente población y actividades.

La reconstrucción implica actuar en el corto plazo, alcanzar la nueva normalidad que sea la base para la reactivación económica, pero con una visión de transformación estructural a medio y largo plazo. Para las zonas más afectadas por los retos demográficos, recuperar la normalidad anterior a la pandemia es el paso inicial, pero no es, en ningún caso, suficiente.

La reconstrucción es una oportunidad para la reactivación económica de las zonas que se enfrentan a los retos demográficos de la despoblación o el envejecimiento. Y es una necesidad para garantizar que estamos más preparados ante futuras crisis o emergencias.
Reconstruir, en las zonas del reto demográfico, supone trabajar para que haya más actividad económica, más población, más servicios y, sobre todo, más oportunidades en las áreas despobladas y envejecidas. Pero es vital que la reconstrucción social y económica no sólo no deje atrás a las zonas rurales y/o más despobladas de nuestro país, sino que apueste por revitalizarlas y aprovechar su enorme potencial y diversidad para construir un modelo económico más justo, más pegado al territorio y más resiliente.

Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

90. Completar la digitalización del territorio, de banda ancha y móvil, y promover un despliegue territorialmente inclusivo de las infraestructuras y servicios 5G. Hay que garantizar la conectividad de banda ancha e Internet móvil en todos los municipios del país y asegurar que llegue a las explotaciones agrarias y ganaderas, que en muchas ocasiones se encuentran alejadas de los municipios a los que pertenecen. Este despliegue final es imprescindible para lograr la trasformación tecnológica y digital de la producción agraria.
La elaboración de un nuevo Plan para la Conectividad de la Economía, Sociedad y Territorios, para que tanto empresas como ciudadanos puedan desarrollar sus actividades laborales, empresariales, educativas o de ocio, ya sea desde una gran urbe como desde una pequeña aldea.

91. Recuperar la actividad económica que se ha visto afectada por la pandemia y las medidas tomadas para contenerla, con medidas de:
1. Impulso de la actividad industrial en zonas rurales: innovación, crecimiento, digitalización.
2. Digitalización y modernización de la actividad agraria.
3. Desarrollo de una Estrategia de Turismo Sostenible en el medio rural y áreas de interior.

92. Impulsar sistemas económicos locales que favorezcan un crecimiento sostenible e innovador, basado en la digitalización, la transición ecológica y la calidad de vida.

93. Impulsar aquellos territorios que, por la intensidad de sus desequilibrios demográficos (despoblación, envejecimiento, masculinización, baja densidad…), requieren de estrategias territoriales integradas de revitalización económica y social, a través de:
1. Planes integrales de innovación territorial.
2. Mapa de áreas prioritarias ante el reto demográfico, identificando las mismas en función de la baja densidad y de acuerdo con criterios objetivos y consensuados, teniendo en cuenta la gravedad del problema demográfico y diferenciando entre los distintos niveles de intensidad y la persistencia del problema.
3. Oficinas de lucha contra la despoblación con funciones de acompañamiento al emprendimiento, la creación de empresas en las zonas rurales y su posterior consolidación en las 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente.
4. (nuevo) El desarrollo de las estrategias locales, regionales y estatales a favor de la repoblación rural y la lucha contra el despoblamiento tendrá en cuenta entre otras iniciativas la experiencia y la infraestructura de los más de 250 Grupos de Acción Local y Desarrollo Rural que existen en España.

94. Definir y aprobar un modelo de gobernanza multinivel, que facilite la reconstrucción y el desarrollo del plan de revitalización económica en las zonas más afectadas por el reto demográfico, que promueva la coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno territorial, y que impulse la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos.

95. Desarrollar políticas públicas de transporte, bajo un criterio mallar, en colaboración con el sector privado que garanticen la cohesión y vertebración territorial de nuestro país.
Especialmente en las zonas rurales, se deben buscar soluciones que den respuesta a las necesidades reales de movilidad y transporte de los ciudadanos con la utilización más eficiente de los recursos públicos.
La acción pública debe centrarse en mejorar el acceso de los residentes de las áreas despobladas a los servicios básicos, sin la necesidad de disponer de un vehículo privado.
Esta conectividad no debe identificarse con modos de transporte concretos, sino que para garantizarla deben tenerse en cuenta las necesidades reales de los usuarios y seguir criterios de eficiencia y de rentabilidad social, teniendo en cuenta que:
– Aunque las infraestructuras no son el único factor del desarrollo económico de un territorio, su carencia sí que es un factor limitante para el mismo. De manera que el desarrollo de infraestructuras del transporte se ha demostrado como condición necesaria para garantizar el desarrollo socioeconómico de las zonas de interior.
– Las investigaciones más recientes demuestran que el PIB per cápita de cada municipio se asocia a zonas de mayor accesibilidad por carretera o ferrocarril. Con perspectiva histórica, se puede afirmar que las infraestructuras de transporte fortalecen el poblamiento y mantienen la población en el medio rural.

96. Para mejorar el impacto social y territorial de la movilidad y las infraestructuras, encargar a la Oficina Nacional de Evaluación el diseño de mecanismos que aseguren que la toma de decisiones en la planificación de infraestructuras sea rigurosa, teniendo en cuenta los impactos reales y la rentabilidad social y económica, con criterios medibles y evaluables de las inversiones en la mejora efectiva de los territorios, primando la cohesión territorial y reforzando los derechos de las personas.

97. Abordar la despoblación con especial incidencia en la igualdad de género, visibilizando el trabajo de la mujer en las zonas rurales, mediante una nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras en el medio rural y un acceso real a la propiedad, mediante la titularidad compartida.

98. Potenciar en las zonas rurales, en el marco de la transición ecológica, la inversión en la industrialización de las zonas rurales en actividades de fuerte presencia de I+D+i que sean respetuosas con el medio ambiente, así como con la salud de la población.
98. bis (nueva). Asegurar el acceso a la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios administrativos y financieros, así como la calidad de los mismos.
98. ter (nueva). Promoción de la vivienda y desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas más afectadas por la despoblación, en materias como:
1. Rehabilitación del patrimonio construido y mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario.
2. Promoción del parque público de vivienda en alquiler.
98. quáter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.

La crisis derivada del COVID-19 ha sometido a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, paralizado las cadenas de suministro globales, y creado una fuerte volatilidad financiera ante el escenario de incertidumbre radical derivado del nuevo virus y sus efectos.

La pandemia ha supuesto un shock combinado de oferta y demanda, con paralización de la actividad, el comercio internacional y el consumo. Una paralización necesaria para salvar vidas, pero que requiere al mismo tiempo de una importante movilización de recursos públicos con el fin de minimizar los efectos destructivos en empleo, rentas y liquidez de las empresas.

El 13 de marzo de 2020, la Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión. Como respuesta, España declaró un estado de alarma e introdujo numerosas medidas de emergencia. Una semana después, el 20 de marzo, la Comisión suspendía temporalmente el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, propiciando que se priorizara así la movilización de recursos públicos para afrontar la pandemia.

Los efectos del COVID-19 sobre las arcas públicas implican a corto plazo tanto una fuerte elevación del gasto público, resultado de financiar las medidas de emergencia, como en un desplome de los ingresos, por el cese abrupto de actividad, así como por las medidas de alivio fiscal. Al respecto, será importante que a medio y largo plazo la caída de ingresos no afecte a la cobertura sanitaria de las personas ni a una merma del Estado de bienestar. Para ello, nuestro país requiere de una reforma de sus ingresos que reduzca su margen o gap con respecto a la media de la eurozona.

Asimismo, será imprescindible revisar la propia estructura del gasto público, a través de mecanismos de evaluación de políticas públicas (spending review) que permitan medir y mejorar la eficiencia de las inversiones realizadas y, con ello, la calidad de los servicios prestados.

España tiene una proporción de ingresos públicos con relación al PIB del 39,2%. Más de siete puntos porcentuales menos que la media de la eurozona (46,5%), y muy por debajo de países como Francia, Finlandia, Dinamarca o Suecia. En 2018 España fue el décimo país de la eurozona con menor capacidad de recaudación. Junto a ello, el volumen de gasto público español sobre el PIB también se encuentra por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea. En concreto, éste representa un 41,7% del PIB, frente al 47% registrado en la eurozona en 2018, el 56% de Francia o el 53,1% de Finlandia.

En este sentido, nuestra política fiscal habrá de avanzar en términos de mayor capacidad recaudatoria, con una menor distancia entre los tipos impositivos nominales y los efectivos, con una fuerte reducción del fraude fiscal (dado que mantiene también un importante gap con los países de nuestro entorno), pero también con una mayor capacidad recaudatoria guiada bajo criterios de progresividad, en línea con lo marcado por el artículo 31 de la Constitución.

Y habrá de ser una fiscalidad mejor adaptada y acorde a la realidad económica, tecnológica, social y de transición ecológica en la que vivimos. Una fiscalidad, por tanto, más justa y redistributiva, para asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en el conjunto de la ciudadanía, pero más en quienes más lo necesiten. Una mayor igualdad y prosperidad a través de un Estado de bienestar sólido, con unos servicios públicos de calidad que permitan eliminar la brecha social que ha generado la crisis sanitaria por el COVID-19, pues ésta afecta en mayor medida a los colectivos más vulnerables. Una fiscalidad comprometida también con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo, en un contexto de avance en la armonización fiscal con la Unión Europea.

Por ello, es preciso actuar, tanto en el corto como en el medio plazo, con el objetivo de reformar nuestro sistema fiscal con un único objetivo: garantizar la pervivencia y la solidez de nuestro sector público, y especialmente fortalecer nuestro gasto público social.
En este bloque se tendrá en cuenta la especificidad fiscal vasca y navarra y por tanto se garantizará que las propuestas contenidas específicamente en este bloque se trasladarán y consensuarán en la Comisión Mixta del Concierto y Comisión del Convenio, atendiendo a la necesaria relación de bilateralidad. Así mismo se garantizará la participación de las Haciendas Forales en el ámbito europeo respecto de las decisiones y medidas de sus competencias e intereses.

También se debe de incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, todas las medidas, cada una de las que se adopten, necesitan incorporar el alcance del impacto de género que produce, si queremos que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres.

Propuestas de Resolución:

99. Reducir la brecha fiscal con Europa. El Estado español tiene unos ingresos fiscales sobre el PIB más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro. Esto supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer el Estado del bienestar o el modelo productivo. Para reconstruir social y económicamente el Estado español, es indispensable reducir esta brecha, sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas españolas e implementar medidas tales como un impuesto a las transacciones financieras que realmente grave los productos más especulativos, como los productos derivados y las operaciones de alta frecuencia.

100. Avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre, eficiencia y progresividad de nuestro sistema fiscal, de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen, para que reciban más quienes más lo necesitan.

101. Desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde, basada en costes asociados a las emisiones de CO2 de las energías y armonizada en todo el territorio nacional y a nivel comunitario, según las recomendaciones de la Unión Europea, de manera que ayude a impulsar un crecimiento económico sostenible al internalizar las externalidades negativas resultado de la contaminación, e incentive así las actividades más respetuosas con el medio ambiente, aproximando nuestra fiscalidad medioambiental a la de otros Estados miembros de la Unión Europea.

102. Fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional. Una lucha contra el fraude fiscal que a medio plazo sirva para un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, un incremento de la recaudación y una reducción de la brecha fiscal con Europa, a la vez que se mejoran los sistemas de control y diseño de los impuestos para evitar el fraude fiscal. Para ello se revisará la configuración del delito fiscal, para endurecer las penas y limitar los supuestos en los que se puede rebajar la pena mediante el pago, se adoptarán las medidas de sensibilización fiscal de la ciudadanía y concienciación social tributaria, incluyendo su introducción en los contenidos curriculares y se implantará la obligación que todas las empresas y entidades que reciban ayudas públicas, tengan que declarar el importe de los impuestos que pagan y ante que administraciones tributarias.

103. Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, mediante un Plan de Acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la revisión del gasto público (spending reviews) y elaborar planes de implementación de sus recomendaciones, que permitan la eficiencia del gasto público.

104. Estudiar en el marco jurídico vigente la posibilidad:
a) Permitir de manera inmediata que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávits y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020, y posibilitar su aplicación en inversiones y gastos no financieros para hacer frente a las necesidades puestas de manifiesto por esta crisis.
b) Durante los ejercicios 2020 y 2021 la regla del gasto no será de aplicación para las corporaciones locales.
c) En aplicación del principio de subsidiariedad una parte de los fondos europeos deberán ser gestionados por las corporaciones locales y comunidades autónomas.
104. bis (nueva). Impulsar la reforma del sistema de financiación autonómico para que todas las comunidades autónomas dispongan de una financiación adecuada y puedan prestar los servicios públicos de manera equitativa. Para ello, el Gobierno presentará antes de final de año un esquema del nuevo sistema de financiación autonómica que resuelva las deficiencias del sistema vigente.

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia en la búsqueda de soluciones en muchos ámbitos: sanitario, social, económico, político, global… Por otro lado, a nadie escapa que es unánime el diagnóstico sobre la importancia capital de las inversiones en conocimiento e innovación para asegurar la sostenibilidad de la economía y el Estado de bienestar.

En este momento de reconstrucción, de reactivación tras la pandemia, nos encontramos con un sistema de ciencia, tecnología e innovación debilitado que necesita de un refuerzo urgente y de reformas estructurales.
Recordemos que la ciencia y la innovación son las palancas de la modernización del país que aseguran el bienestar del futuro, la educación, la sanidad y las pensiones del mañana. Es evidente, entonces, el papel de la investigación y la innovación para garantizar el bienestar social y económico de la ciudadanía, motivo por el cual las inversiones en I+D+i son claves para impulsar futuras oportunidades de reactivación y de crecimiento, tanto económicos como laborales.

Para impulsar esta reactivación es indispensable trabajar desde diferentes “puntos de apoyo” con un mismo objetivo, para dar más agilidad y flexibilidad al sistema. Y el primero de ellos es la búsqueda de la unidad, de un pacto que haga posible que la ciencia y la innovación, su inversión, se sitúe donde debería de estar, en su punto óptimo; así como preparar una estrategia que coordine tales esfuerzos.

Pero son necesarios más puntos de apoyo como definir una carrera científica predecible para las y los investigadores desde el inicio, con contratos estables y evaluaciones justas e inclusivas. Pues sin un personal preparado y motivado, sin científicas y sin científicos, difícil es ejercer presión sobre una palanca, por muy moderna que ésta sea y así mover el mundo. Y para ello, además, es necesario e importante reforzar también los instrumentos para favorecer la competitividad y el carácter innovador de las empresas y avanzar en una investigación biomédica y en salud pública mejor preparada. Pues la ciencia y la innovación es cosa de todos. Así, es primordial fortalecer y multiplicar los instrumentos para el fomento de la inversión privada en I+D+i. Y es especialmente ahora que la economía española necesita un relanzamiento inmediato basado en el conocimiento, capaz de mantener y desarrollar las capacidades y la competitividad de nuestras empresas.

Finalmente, es vital la necesidad de reforzar las capacidades de investigación en enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica, directamente relacionada con el control de pandemias como la del coronavirus. También en este contexto son esenciales los avances en medicina de precisión o personalizada, siendo de una gran utilidad para acelerar el conocimiento de esta y futuras emergencias sanitarias, gracias a la posibilidad tecnológica de interrelacionar los datos clínicos y genómicos de los pacientes y así encontrar mejores prácticas clínicas.

La ciencia y la innovación son las principales palancas de progreso social y económico, como demuestra la correlación entre el bienestar de un país y su inversión en I+D+i. Ante el protagonismo y el interés social y económico que ha despertado la ciencia y la innovación, es la hora de llegar a acuerdos para estas reformas pendientes sobre las que hay un gran consenso académico, y también político.

Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

105. Lograr un Pacto por la Ciencia y la Innovación para que éstas se desarrollen en un contexto sostenido y predecible y se incremente la inversión total en I+D+i hasta la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura.
● Aumento de las partidas destinadas a los contratos pre-doctorales y postdoctorales ofertados por el sistema público de ciencia e innovación, incrementando tanto su calidad en términos de estabilidad y remuneración como su cantidad.
● Aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación, especialmente en las líneas estratégicas del Plan de Reconstrucción del país.
● Mejora de la financiación estructural de los OPIs, el CSIC y los institutos de investigación universitarios.
105. bis (nueva) Promover y establecer un compromiso presupuestario claro y significativo en las partidas destinadas a Ciencia e Innovación en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se propone aumentar la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado y avanzar hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada. Las cuantías para Ciencia en I+D+i se incrementarán en el ámbito civil. Se aumentará el peso de las partidas destinadas a la inversión directa respecto al peso relativo de los créditos.

106. Avanzar hacia una nueva orientación de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 que defina una coordinación efectiva de las inversiones de I+D+i entre los diversos organismos financiadores.
106. bis (nueva). Siguiendo la idea de Estado Emprendedor, impulsar políticas industriales y de I+D+i que conviertan a nuestro país en una región fuertemente innovadora. Para ello, se fomentará la colaboración sinérgica entre Organismos Públicos de Investigación (OPI) y empresas, se impulsará el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y los centros tecnológicos agrupados bajo la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) siguiendo el modelo del Instituto Fraunhofer alemán y se pondrán en marcha fondos públicos de capital riesgo que financien proyectos empresariales de innovación disruptiva a medio plazo. Estos fondos deben ser financieramente sostenibles gracias al establecimiento de acuerdos que impliquen el cobro de royalties.

107. Fortalecer y multiplicar los instrumentos para el fomento de la inversión privada en I+D+i.

108. Reforzar el papel de las universidades en su contribución a la ciencia y al desarrollo de la I+D+i.

109. Definir una carrera investigadora desde el inicio, con contratos dignos y estables y evaluaciones justas e inclusivas, mediante un nuevo Estatuto del Personal Investigador que establezca unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase. Resulta necesario instaurar un modelo abierto alineado con los países de nuestro entorno y que deberá prever un control exhaustivo de todo el proceso de incorporación.

110. Continuar mejorando la gestión de los proyectos científicos con medidas que hagan más eficiente el trabajo de los investigadores.

111. Reforzar la investigación en enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica que realiza el Instituto de Salud Carlos III.

112. Finalizar y aprobar la Estrategia Española de Medicina de Precisión, que será pilar central en el uso de los nuevos fondos públicos.

113. Crear un Comité Permanente de Asesoría Científica que desarrolle una labor de consejo científico a las decisiones de Gobierno, y que dé servicio a todas las demás instituciones autonómicas y locales.
113. bis (nueva). Fomentar la investigación aplicada. Centrar las políticas de innovación en las necesidades de la industria, de tal manera que las empresas y las infraestructuras del conocimiento coadyuven.
113. ter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.
113. quáter (nueva). Apoyar la I+D en áreas o sectores emergentes tales como salud, envejecimiento, ecología, cambio climático, industria 4.0, automatización, nuevos materiales, ciberseguridad….
113. quinquies (nueva). Fomentar la colaboración público privada a través de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental.
113. sexies (nueva). Agilizar y simplificar los procedimientos de gestión de la ciencia e innovación, aligerando las barreras administrativas existentes.

El sistema financiero juega un papel clave en cualquier economía avanzada, permitiendo una eficiente canalización de los ahorros hacia las necesidades de inversión. Sin un buen funcionamiento del sistema financiero, las empresas, autónomos y hogares no podrían llevar a cabo los proyectos que permiten el progreso económico del país. Es fundamental garantizar la máxima inclusión financiera, asegurando que ningún agente, ya sea pyme, autónomo o particular, queda al margen del acceso a la financiación y, por tanto, ve imposibilitado el desarrollo de sus proyectos empresariales o personales. Por otro lado, un sistema financiero nunca jugará correctamente el papel que le ha sido asignado si no se establecen los mecanismos de salvaguarda necesarios para la protección del cliente financiero.

Asimismo, la calidad del sistema financiero depende también de un adecuado sistema de supervisión y regulación. En este sentido, tras la crisis de 2008 se han dado algunos pasos importantes, como la supervisión directa de los grandes bancos de la eurozona por el Banco Central Europeo (entre ellos 12 entidades españolas), así como la creación del Mecanismo Único de Resolución (MUR), y con él la Junta Única de Resolución (JUR), además del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Estos dos mecanismos, el MUR y el MUS, son dos pilares de lo que será la unión bancaria en la Unión Europea.

No obstante, España mantiene aún la estructura de supervisión previa a la crisis, siendo uno de los pocos países de la Unión Europea con tres organismos supervisores: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), y cuyas competencias en ocasiones se solapan entre sí. Frente a esto se hace necesaria una reforma integral del modelo de supervisión financiera hacia otro con dos organismos gestores y centrados en tareas específicas, modelo conocido como “twin peaks”. Habría, por tanto, un organismo centrado en la vigilancia en materia de solvencia del sector financiero, y otro dedicado a supervisar las operaciones de venta de productos y servicios financieros.

Propuestas de Resolución:

114. Impulsar el emprendimiento, la creación y crecimiento de las empresas, mediante el apoyo al desarrollo de losmercados y los instrumentos de financiación pública y privada y la reforma de la arquitectura financiera del Estado, concentrando recursos y capacidades alrededor de los mecanismos públicos de crédito para aumentar su impacto y su capacidad de canalizar fondos de la Comisión Europea y las Instituciones Financieras Internacionales.
114. bis (nueva) Adoptar una estrategia decidida de apoyo a las empresas innovadoras, implementando las siguientes medidas:
1. Desarrollar una Ley de start-ups y empresas innovadoras, enfocada principalmente a afrontar los principales problemas de este tipo de compañías: el acceso a la financiación, la atracción y retención del talento, el exceso de burocracia y la consolidación de su negocio a través de la colaboración con las grandes empresas tecnológicas.
2. Implementar medidas económicas y financieras urgentes de protección a las empresas innovadoras y que más invierten en I+D+i para evitar su desaparición en la crisis motivada por el COVID-19, como la eliminación total de requisitos de avales durante 2020 para proyectos empresariales en todas las líneas de ayudas de I+D+i estatales, incluyendo proyectos en curso.
3. Acelerar la aprobación de la regulación del sandbox, para facilitar la introducción de productos y servicios innovadores en todos los ámbitos económicos relevantes.

115. En particular, fortalecer el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para continuar su desarrollo como herramienta de financiación y, por tanto, garantía de liquidez, para la actividad económica y empresarial.
115. bis (nueva) Desarrollar medidas adicionales que aseguren una financiación suficiente y estable a la Ciencia e Innovación de nuestro país. En particular, se implementarán cuantas medidas sean necesarias para asegurar que los fondos europeos destinados a España en la nueva programación 2020-2027 refuercen, mediante programas plurirregionales específicos, el desarrollo de proyectos científicos y de innovación, y en especial se destinen a la estabilización y retorno del personal investigador.

116. Tramitar una nueva Ley del Mercado de Valores, para mejorar la percepción de la seguridad jurídica de los operadores de mercado y permitir así un mejor desarrollo de los mercados de capitales en España, como fuente de financiación alternativa al sistema bancario.

117. Acelerar la tramitación del Proyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, con el fin de poder responder adecuadamente a los retos derivados de la revolución digital.
117. bis (nueva). Adopción de medidas específicas que garanticen el acceso a la financiación de empresas de alto grado de innovación, ya que sus activos suelen ser más intangibles y, por tanto, la solvencia de sus balances más débil.
117. ter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.

Política comercial internacional

La pandemia del COVID-19 representa una perturbación sin precedentes en el comercio internacional debido a la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. La Organización Mundial del Comercio prevé una reducción del comercio mundial de mercancías entre un 13% y un 32% en 2020 debido a la crisis sanitaria. También el comercio de servicios podría ser el más directamente afectado por el COVID-19 debido a la imposición de restricciones al transporte y los viajes. Para 2021 se prevé una recuperación del comercio mundial, pero dependerá de la duración del brote y de la eficacia de las respuestas para estimular la economía.
El comercio internacional será un componente importante de las perspectivas de recuperación y crecimiento mundiales. En consecuencia, la internacionalización de nuestras empresas puede ser una palanca para la recuperación económica y para ello es necesario reforzar los instrumentos de apoyo a la internacionalización y diversificar mercados y productos.

Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción

El sector de automoción en España representa el 10% del PIB (incluyendo distribución y actividades anexas) y el 19% del total de las exportaciones españolas. La industria genera 100.000 empleos directos y otros más de 2,5 millones de puestos de trabajo están ligados al sector. Por ello, el sector de automoción está considerado como estratégico en la agenda del Gobierno por su importante peso en el PIB y en el empleo, pero también por su contribución a la vertebración territorial de nuestro país.
Es el tercer sector industrial de España, tras alimentación y química, y primer sector exportador, con un claro efecto tractor en otras industrias como la del refino y los bienes de equipo.

España es una potencia industrial en la fabricación, siendo el 2º mayor fabricante de automóviles de Europa y el 8º a nivel mundial y muy valorado por sus altos niveles de productividad y calidad de sus plantas. Prueba de ello es que las primeras marcas del sector están establecidas en España como Groupe PSA, Seat, Renault, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, etcétera.
Sin embargo, la industria de la automoción, altamente dependiente de las cadenas de suministros globales, ha sido un sector muy afectado durante la crisis del COVID-19, tanto en las plantas de fabricación como a nivel comercial, llegando a parar totalmente su actividad. A esta situación, se le añade una gran incertidumbre sobre la evolución del mercado europeo e internacional y de potenciales nuevas inversiones en centros de decisión de los principales fabricantes que no están en nuestro país.
No hay que olvidar que el sector de la automoción se encuentra inmerso en grandes inversiones como consecuencia de su adaptación y transformación hacia la descarbonización y los nuevos modelos de movilidad, con vehículos eléctricos y mayor sencillez de componentes y fabricación, el reto de la conectividad, la entrada de nuevos actores en el mercado, y con una transformación en el modelo de prestación pasando de la propiedad al uso.

Por todo ello, una de las prioridades del Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica debe ser realizar un esfuerzo colectivo de administraciones, empresas y trabajadores con el objetivo último de mejorar la productividad, preservar nuestras capacidades productivas en la automoción e impulsar la recuperación tras esta crisis sin precedentes.

Plan de impulso del sector turístico

El sector turístico es uno de los motores de la economía española. Aporta el 12,3% del PIB y emplea al 12,7% del total de afiliados a la Seguridad Social en España. Al mismo tiempo, es una herramienta de cohesión social, de desarrollo económico y de fijación de población. Ha de ser por ello un sector prioritario en el Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica, tanto para afrontar medidas de choque a corto plazo ante el fuerte impacto de la pandemia sobre esta actividad, como también para su modernización y diversificación de modo que nuestro país se mantenga a la vanguardia en términos de competitividad internacional. Una modernización basada en dos ejes principales: sostenibilidad y transformación digital.

Plan reactivación de la Hostelería

La hostelería en España representa en torno a 1,6 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 8,8% del total de afiliados a la Seguridad Social. En estos momentos más de un millón de trabajadores de la hostelería están protegidos por ERTE (55%) y prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos (17%). El Gobierno ha desvinculado la duración de los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma.

Una vez controlada la crisis sanitaria e inmersos en el proceso de desescalada es el momento de reactivar la actividad de la hostelería de forma segura. Hay que empezar a mirar al futuro, a ese horizonte que cada día está más cerca, para poder trasmitir la confianza necesaria a los consumidores para volver a los restaurantes, cafeterías y bares, a los que han de sumarse también las empresas de colectividades y catering que tanto nos aportan.

La hostelería, y más concretamente el subsector de la restauración, es uno de los principales referentes de nuestro estilo de vida; es parte de nuestras costumbres y nuestra forma de socializarnos, escenario de encuentros con familia, amigos, compañeros… y testigo de algunos de los momentos más especiales de nuestras vidas.

La gastronomía es, además, un factor de creación de PIB, de atracción de turismo y de apertura de mercados de exportación.
Es pues el momento de apostar por medidas de reactivación de la hostelería que se alinee con los principios de sostenibilidad y digitalización. El principio de sostenibilidad se está introduciendo en la restauración de una forma constante.
Una de las filosofías con mayor capacidad de extensión es la conocida como “Zero Waste”, o de desperdicio cero, que basa gran parte de su aplicación en la elaboración de recetas que aprovechan todo aquello que normalmente desestimamos, bien por su apariencia o por no conocer elaboraciones alternativas.

En relación con la digitalización del sector, aprovechar el Big Data o macrodatos, para conocer mejor a los clientes cada vez más híperconectados y, por ende, poder realizar la toma de decisiones con la máxima y mejor información disponible.
Finalmente, el sector requiere de una capacitación permanente de sus trabajadores para mejorar su competitividad y ofrecer experiencias únicas.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

118. Revertir las medidas arancelarias y no arancelarias establecidas antes de la pandemia del COVID-19, en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

119. Trabajar para reformar y modernizar la Organización Mundial del Comercio, institución central del sistema multilateral de comercio, para adaptarla a los retos del comercio internacional del siglo XXI, así como para favorecer la estabilidad y predictibilidad de las relaciones comerciales internacionales.
119. bis. (nueva) Se pondrán condiciones ecológicas y sociales vinculantes para los acuerdos comerciales y de inversiones de generación post-COVID-19 negociados por la Unión Europea. En particular, cumplirán y ayudarán a cumplir con el Acuerdo climático de París y la Agenda 2030.

120. Respaldar la ambiciosa agenda comercial de la Unión Europea con el objetivo de lograr acuerdos comerciales profundos y globales a través de la promoción de una política comercial progresista e inclusiva que trate de ampliar los estándares sociales y medioambientales europeos.

121. Aprobar el III Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, que tendrá como objetivos prioritarios los siguientes:
1. Aumento de la propensión a exportar y aumento de la base de empresas que exportan regularmente, especialmente de las pymes.
2. Diversificación de los mercados de destino de la exportación y de la inversión, buscando promover la implantación de nuestras empresas en sectores estratégicos en determinados mercados.
3. Incremento del valor añadido de las exportaciones e incorporación de nuestras exportaciones en las cadenas globales de valor.
4. Aumento de la atracción de inversión extranjera.
5. Incrementar la contribución a la lucha contra el cambio climático y el fomento de la sostenibilidad.

122. Desarrollar el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción, “Hacia una Movilidad Sostenible y Conectada”, elaborado por el Gobierno y apoyado por los sindicatos y las principales asociaciones del sector.

123. (suprimida)

124. Implementar el Plan de Impulso del Sector Turístico “Hacia un turismo seguro y sostenible post-COVID-19”, en coordinación con las comunidades autónomas y en colaboración con el sector, y continuar su transformación hacia un modelo basado en la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística y la digitalización.

125. Potenciar la promoción de España como destino turístico seguro y sostenible, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la demanda.

126. Reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para desarrollar proyectos innovadores y sostenibles.
126. bis (nueva). Plan de Turismo Rural, de Interior, Ecoturismo y Turismo Cultural. El Plan debe incluir reducciones del IVA para ayudar a alcanzar el potencial pleno de España en estas áreas y contribuir a la transformación del sector desde una perspectiva ecológica ambiciosa.
126. ter (nueva). Avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible, eficiente y justo con las personas empleadas, y adaptado a las realidades locales. Este modelo debe asegurar que el sector cumple con los mínimos del Acuerdo de París. En particular, se promoverá un cambio en los patrones de consumo turístico y en los de movilidad para adaptarlos a una economía más local, donde la calidad prime sobre la cantidad, con especial atención en evitar los procesos de masificación y sobreexplotación de recursos. Se apoyará la creación de empleo y el emprendimiento a partir del consumo local y de cercanía, para que el turismo se erija realmente en un catalizador de desarrollo y prosperidad para las comunidades locales. Se favorecerán los circuitos de producción y consumo locales en el abastecimiento de los destinos turísticos a través de productos «Km 0». Se informará sobre las emisiones de CO2 generadas por y para todos los servicios relacionados con el turismo. Se reducirá el uso del plástico en toda la cadena de valor del turismo (hoteles, restaurantes, empresas de tours, transporte, guías, etc.).

127. Aprobar un Programa de Formación de Trabajadores de la Hostelería en coordinación con las comunidades autónomas y el sector.

128. Estudiar en el marco del diálogo social, la posibilidad de extender las medidas laborales de flexibilidad interna de forma específica a la hostelería, permitiendo la reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de recuperación de la actividad, así como establecer incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en sectores donde la actividad no se recuperará por completo.

129. Potenciar la promoción de la hostelería como establecimiento seguro y sostenible, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la demanda.
130. Potenciar en los establecimientos el “Zero Waste”, desperdicio cero.

131. Apostar por la integración de las nuevas tecnologías y la digitalización en la hostelería en colaboración con el tejido empresarial y con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, estableciendo la colaboración necesaria para proyectos innovadores de digitalización.
131. bis (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, preven la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.

La cultura, además de un conjunto muy diverso de actividades de indudable relevancia social resulta también una importante actividad económica en nuestro país. Una actividad que según el Anuario de Estadísticas Culturales 2019 aportó un 3,2% del PIB, con un total de empresas dedicadas principalmente a la cultura que supone un 3,7% sobre el total y 690.300 empleos directos (un 3,6% del empleo total). A estos datos habría que sumar las aportaciones económicas de la cultura de forma indirecta, como por ejemplo el impacto sobre el Turismo, uno de cada cuatro viajes de residentes (el 24,2%) y más de uno de cada tres entre los no residentes (37,4%) incluyeron actividades culturales, con un gasto agregado entre ambos que superó los 21.000 millones de euros (7.726,4 y 13.341,1 millones de euros respectivamente).

Pero la cultura es también creación literaria, es la industria cinematográfica y el teatro, música, educación… Es la conservación de un rico patrimonio, tanto material como inmaterial. En definitiva, un amplio y muy variado conjunto de actividades que, al contrario de lo que en ocasiones se afirma, tiene un bajo impacto en términos de gasto público. Así, lejos de ser un sector “que vive de subvenciones”, el gasto público de la Administración General del Estado representó en 2018 un 0,06% del PIB, un 0,10% del PIB en el caso de las comunidades autónomas y un 0,28% del PIB por parte de la Administración Local.

Sin embargo, la cultura ofrece un importante potencial de impulso económico y creación de empleo en un cambio de modelo productivo que tenga en el conocimiento y la creatividad sus principales fundamentos. Aprovechar todo ese potencial exige poner el acento en el papel primordial que desempeñan las y los artistas, creadores y demás trabajadores de la cultura.

Por ello, la protección y fomento del artista y del creador ha de ser fundamental, y ha de desarrollar plenamente las conclusiones de la subcomisión parlamentaria que elaboró en 2018 el denominado Estatuto del Artista.

Pero mientras se logra, el sector cultural es uno de los principales afectados por el COVID- 19, y por ello se aprobó el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, con medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia, que introdujo una prestación extraordinaria por desempleo para los artistas en espectáculos públicos y una inversión directa de 76,4 millones de euros. Unas medidas que necesitan todavía completarse.

En todo caso, los efectos de la pandemia también han hecho aflorar la gran variedad de situaciones laborales de los artistas y de los creadores, situaciones que requieren una regulación jurídico-laboral muy específica y, sobre todo, una adecuación de las coberturas de la Seguridad Social. Al estallar la crisis pandémica la variedad de situaciones laborales y económicas ha dificultado dar una respuesta rápida al desempleo en que han quedado muchos artistas. Por este motivo, si en 2018 era necesario proporcionar a los artistas un estatuto laboral digno y fácil de gestionar, en 2020 esa necesidad se acrecienta porque los artistas y creadores se han visto en situaciones graves a causa, como se ha dicho, de la gran variedad de situaciones profesionales que hacen difícil su reconducción a las categorías usuales de la contratación laboral y de la afiliación a la Seguridad Social.

De cara al futuro, hay que apostar por la cultura como un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social. Reconocer la cultura como un bien de primera necesidad implica tanto garantizar su acceso en la mayor diversidad posible como reconocer los derechos laborales y la dignidad de quienes trabajan en cultura. Al final de la legislatura deberíamos ver significativamente incrementado el número de personas empleadas en el sector cultural.

Además de la generación de empleo directo y el abandono para una gran parte del tejido de la economía informal, se trata de realizar una inversión económica estratégica, que convierta a España en referente internacional. Como se ha dicho, ahora mismo, en condiciones de importante precariedad, la cultura genera algo más del 3,2% del PIB. Además, la riqueza lingüística de nuestra creación cultural, tanto por el alcance del castellano (la comunidad hispanohablante supone el 7,6% en todo el mundo) como por el resto de lenguas propias del Estado, colocan a España como país exportador de cultura en una situación privilegiada. Toda la potencialidad y talento, además del éxito con el que ya cuentan las producciones culturales españolas fuera de nuestras fronteras, tienen que verse acompañadas por una apuesta económica sin precedentes en el sector, para que podamos hablar de una primavera cultural.

Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

132. Apostar por la cultura como un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social. Reconocer la cultura como un bien de primera necesidad implica tanto garantizar su acceso en la mayor diversidad posible como reconocer los derechos laborales y la dignidad de quienes trabajan en cultura. Al final de la legislatura deberíamos ver significativamente incrementado el número de personas empleadas en el sector cultural. Además de la generación de empleo directo y el abandono para una gran parte del tejido de la economía informal, se trata de realizar una inversión económica estratégica, que convierta a España en referente internacional.

133. Promover un Plan estratégico de I+D+i en cultura digital para el fortalecimiento de las industrias culturales y recreativas, la trasformación del sector audiovisual y el fomento de la creación digital basado en cuatro pilares fundamentales: educación, formación, creación digital e internacionalización, con el fin de orientar las políticas culturales en paralelo a la transformación tecnológica del sector cultural y, con ello, el impulso al desarrollo y competitividad de las industrias culturales y creativas de nuestro país.

134. Impulsar un Plan de Igualdad en el ámbito de la cultura.

135. Impulsar un Pacto de Estado por la Cultura, que proteja e impulse la actividad cultural, contribuya al desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, permita al sector aumentar su peso en el PIB, afiance un modelo sostenible de crecimiento y apoye a los jóvenes creadores.

136. Aprobar un Plan Integral de Apoyo al Sector de la Moda de Autor española para contribuir a la promoción e internacionalización de este sector, dentro de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Cultura.

137. (suprimido)

138. Promover y coordinar con el resto de administraciones las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, eliminando los obstáculos que se opongan a su plena integración.

139. Impulsar una nueva Ley del Deporte y definir el modelo del deporte español. En particular, la nueva Ley del Deporte, ya que la actual tiene casi 30 años, debe adaptarse a la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un seguimiento y de una asistencia a las competiciones muy importante, al mismo tiempo que las propias deportistas tienen que luchar día a día contra la desigualdad en su reconocimiento y en sus retribuciones. Por eso, se han de reconocer las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, dignificando sus condiciones laborales.

140. Considerar de interés general el deporte inclusivo de personas con discapacidad y los programas que lo promuevan.

141. Prolongar la duración del Acontecimiento de Excepcional Interés Público “Programa Deporte Inclusivo” y mejorar sus condiciones.
141. bis (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.