La crisis desencadenada por el COVID-19 ha supuesto una gran perturbación, que ha evidenciado las debilidades del modelo de bienestar social. Y nos deja una lección evidente: la defensa de los servicios públicos, del sistema de cuidados y, en general, de los derechos sociales nos hace más fuertes como sociedad y coadyuva a la cohesión social.

Si bien es cierto que los pilares en los que se asienta el sistema de bienestar han mostrado su capacidad de respuesta frente a la situación de emergencia provocada por el coronavirus, no es menos cierto que han emergido algunas costuras que evidencian déficits en la dotación de algunas infraestructuras y de recursos humanos y materiales. Y con ello se han desvelado lagunas de protección, algunas de ellas agravadas por la crisis, que es necesario abordar con urgencia pues la falta de respuestas adecuadas incide con especial virulencia sobre las mujeres y en los colectivos más vulnerables y en serio riesgo de exclusión.

Afrontamos esta crisis con un gran compromiso político: no dejar a nadie atrás. Es un compromiso exigente, de gran importancia y significación. Supone blindar derechos conquistados y hacer efectivos los de los colectivos que no han conseguido otras veces la atención que requerían. Es el reto de ocuparse satisfactoriamente de todos, comenzando por quienes muchas veces son olvidados. Implica otorgar un lugar preferente a quienes tienen más dificultades para aupar sus demandas y necesidades a un lugar preferente de la agenda política.

Y eso significa hablar en primer lugar de desigualdad, pobreza y exclusión social. Una sociedad decente no debe tolerar estas situaciones. Como señaló en su visita a España el Relator Especial sobre pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, la erradicación de la pobreza es una opción política. Identificar a los colectivos vulnerables -algunos de ellos en serio riesgo de doble exclusión, al sumarse a su situación inicial de desventaja social las consecuencias de una crisis frente a la cual se encuentran en situación de mayor indefensión-y facilitar su inserción social y económica es un imperativo social. Como nos están demostrando el análisis de expertos y de organismos internacionales, una sociedad más justa va a ser una sociedad máscohesionada y próspera, que asienta sobre bases robustas su crecimiento económico y la sostenibilidad de su sistema de bienestar.

Esta crisis ha afectado especialmente a las mujeres por la desigualdad estructural en la que se encuentran, cuya muestra más trágica es la violencia machista. Debemos trabajar para situ ar en posición de igualdad a mujeres y hombres desde la educación para actuar sobre sus causas. Es necesario introducir en el currículo de todas las etapas educativas valores de igualdad, para avanzar en la erradicación de esta violencia que atenta contra principios sobre los que se sustenta nuestro Estado democrático y que supone una flagrante violación de los derechos fundamentales de las mujeres. Por ello, resulta indispensable incorporar la perspectiva de género, es decir, tener en cuenta las diferentes situaciones de partida y necesidades específicas de mujeres y hombres para abordar las reformas. La incorporación de la perspectiva de género determinará en gran medida el modo en el que salgamos de esta crisis. Las mujeres mantienen una situación, en términos generales, más precaria en el mercado de trabajo; son las que asumen casi en exclusividad los cuidados, realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de la atención a las personas dependientes, remunerado y no remunerado; y son mayoría en los sectores que han devenido más esenciales. No podemos abordar la reconstrucción sin datos desagregados por sexo que evidencien esta realidad y la necesidad de medidas que supongan garantizar la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, además de tener presente la conciliación, la corresponsabilidad y la racionalización de los horarios.

Uno de los mayores riesgos que afrontamos en la etapa post-COVID es que esta crisis vuelva a tener un impacto generacional muy fuerte sobre las generaciones más jóvenes. Niños y niñas han sido uno de los colectivos más expuestos a situaciones de adversidad en esta crisis. El confinamiento, el cierre de escuelas y el estrés familiar en los hogares han sometido a segmentos de la infancia a situaciones en que su seguridad y bienestar pueden quedar comprometido.

Especialmente virulentas son las consecuencias para los niños y niñas tutelados, refugiados y víctimas de abusos y violencia, para quienes esta crisis está multiplicando exponencialmente condiciones de sufrimiento y vulnerabilidad. En estas situaciones están en juego no solo el cumplimiento de sus derechos específicos como niños y niñas, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también sus oportunidades vitales. Corremos el riesgo de ver crecer una generación de niños y niñas que, habiendo vivido en muchos casos ya en esta década una crisis económica que comprometió gravemente su bienestar y oportunidades, afronten ahora un nuevo ciclo recesivo en que no dispongamos todavía de mecanismos de protección adecuados.

Los y las jóvenes se enfrentan a una situación parecida. Sus itinerarios han venido marcados duramente por las consecuencias de la crisis económica que azotó España entre 2008 y 2013, que condicionaron procesos de transición escuela- trabajo, procesos de emancipación del hogar parental y formación de nuevas familias. Antes de la pandemia constituían el colectivo con la tasa de pobreza y exclusión más elevada, tras años de crecimiento sostenido de su vulnerabilidad, que apenas se atenuó en los años de recuperación económica. Son ahora, de nuevo, uno de los segmentos de población en situación de mayor riesgo, dados los graves efectos de la crisis sobre sus horizontes laborales. Si a esto se une las dificultades para el acceso a la vivienda, nos encontramos ante una situación de gran inestabilidad que pone en jaque el desarrollo de sus proyectos vitales.

El sistema de cuidados, que emerge una vez más en esta crisis como uno de los ejes de vertebración social, presenta diferencias entre territorios y en muchos casos carencias de medios y recursos humanos. Desarrollado fundamentalmente por mujeres, jóvenes y personas migrantes, la precariedad laboral ha sido, de forma persistente, un problema estructural, que se expresa en un escaso reconocimiento social y económico de su trabajo. Las debilidades del sistema han profundizado la brecha de género, al ser las mujeres las que asumen prácticamente en su totalidad el trabajo de cuidado, en detrimento de su carrera profesional. La brecha salarial y en pensiones son la demostración de la situación de precariedad de la mujer en el mercado de trabajo, puesta de manifiesto nuevamente en esta crisis al ser, junto con los jóvenes, las personas trabajadoras que en mayor proporción se han visto arrojadas del mercado laboral. Esta pérdida de empleo y el confinamiento con sus agresores han aumentado la vulnerabilidad de las víctimas de violencia machista.
En este contexto, se necesitan políticas públicas que, sedimentadas en un gran pacto político y social, afiancen los pilares en los que se sustenta el Estado de Bienestar. Es un momento que requiere ambición colectiva, la adopción de decisiones consensuadas entre los agentes implicados y las administraciones públicas competentes.

Es clave llevar a cabo políticas públicas que sitúen en su centro los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en tanto que compromiso de transformación mundial.
El último estadio de este avance social ha sido la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, sin ningún voto en contra. Complementando este nuevo derecho se necesitan nuevas políticas sociales que, desde el refuerzo de los pilares del Estado de Bienestar, aseguren un sistema de cuidados y de protección social redistributivo e inclusivo, capaz de soportar los envites, incluso imprevisibles, de una realidad cambiante, y asienten sobre bases firmes su financiación y un compromiso político amplio para sostenerla.

Y todo ello, desde el reconocimiento y respeto de las competencias autonómicas en materia de igualdad, derechos y servicios sociales, inclusión, vivienda, sistema de cuidados y educación que pudieran corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus Estatutos, que les capacita para la elaboración y aprobación y ejecución de leyes y modelos propios.

Propuestas de Resolución:

1. Derechos sociales

1.1. Afianzar los derechos constitucionales a la educación, la sanidad, las pensiones, el acceso a rentas mínimas, a viviendas sostenibles, así como a reforzarlos mediante el reconocimiento de nuevos derechos, como el relativo a la protección del consumidor vulnerable, para que nadie sufra recortes de suministros y de servicios básicos, que también debe extenderse a fortalecer y desarrollar los servicios sociales.
1.2. Asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos sociales, acercándonos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea.

2. Renta básica y garantías de rentas
2.1. Reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del Reglamento del Ingreso Mínimo Vital, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad cuya cobertura debe garantizarse en todo caso, teniendo en cuenta los mecanismos de estímulo de empleo ya vigentes en las comunidades autónomas, para asegurar una coherencia con los mismos, y la eficacia de este ingreso en su función de inserción social.
2.2. Acordar con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la articulación de un modelo acorde con los requerimientos del nuevo sistema productivo, muy alejado de carreras salariales continuas, para que a través de itinerarios personalizados y de acciones de mejora de la empleabilidad, se instituya en instrumento de oportunidad para la incorporación al mercado laboral.
2.3. Explorar en el marco del diálogo social la mejora del sistema de protección por desempleo, garantizando su viabilidad presupuestaria.
2.4. Analizar con los agentes sociales y las administraciones afectadas por su aplicación la actualización del IPREM, en el marco de las disponibilidades presupuestarias.
2.5 (Nueva) Financiar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través de una línea de transferencia con destino a la Seguridad Social por la cuantía necesaria para la concesión de las correspondientes prestaciones.

3. Brecha laboral por cuestiones de género
3.1. Orientar, en el marco del diálogo social, las políticas de empleo a la eliminación de la brecha de género en el empleo y la ocupación y, en consecuencia, la brecha salarial.
3.1.1. Se promoverá un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permite reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, que incluya la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.
3.1.2. Se impulsará desde las administraciones competentes la promoción de las vocaciones científico-técnicas entre las niñas, así mismo se impulsará la incorporación y promoción de las mujeres en trabajos emergentes en el marco de la economía digital y las tecnologías de la información y comunicaciones.
3.1.3. Se garantizará la perspectiva de género en la capacitación digital del profesorado y alumnado.
3.1.4. Se impulsarán acciones específicas para las trabajadoras del hogar, las mujeres del medio rural, así como otros colectivos altamente feminizados y precarizados, no solo por preservar el empleo sino también la red básica de servicios en estos entornos.
3.1.5. (Nueva) Explorar medidas que garanticen la autonomía económica de las mujeres a lo largo de toda su vida.
3.1.6. (Nueva) Los informes contarán con datos desagregados por sexo para hacer un diagnóstico más acertado de la realidad que nos permita adoptar decisiones más adecuadas de tal forma que esta crisis no suponga un retroceso.
3.1.7 (Nueva) Impulsar un nuevo Plan de apoyo a las mujeres emprendedoras.

4. Pobreza
4.1. Estudiar la posibilidad de extender la duración de, entre otras medidas para paliar los efectos del COVID, las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda, para evitar impagos y desahucios que podrían dejar a muchas personas y familias en situaciones de extrema vulnerabilidad.
4.2. Poner en funcionamiento la Comisión de Seguimiento y el Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital, para realizar un seguimiento de su implantación, detectar potenciales casos de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad económica que puedan quedar al margen de la percepción de la prestación, y realizar las mejoras necesarias en su diseño para incluirlos.
4.3. Reforzar la estrategia contra la pobreza energética y las medidas que actúan contra sus causas.

5. Derechos de la infancia y violencia contra la infancia
5.1. Asegurar, en coordinación con las comunidades autónomas, la alimentación de niños y niñas vulnerables durante el curso escolar mediante la aprobación de un umbral de renta estatal que garantice el derecho a esta alimentación en todo el territorio nacional.
5.2. Adecuar el programa VECA a las condiciones de la “nueva normalidad” con el fin de asegurar el verano escolar y una alimentación saludable de los niños y niñas en situación vulnerable.
5.3. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la separación de los niños y niñas de sus familias y asegurar una disponibilidad suficiente de apoyo y asistencia, especialmente en caso de las familias con niños en situaciones desfavorecidas.
5.4. Incrementar el apoyo y acompañamiento a las familias de acogida, y agilizar trámites y valoración en las situaciones de retirada de la guarda y custodia, asegurando al máximo y priorizando siempre el interés y la seguridad de los y las menores.
5.5. Impulsar la atención temprana para todos los niños de 0-6 años con problemas evolutivos. Desarrollar un sistema de atención temprana universal, gratuita, integral y de calidad para toda la infancia que lo necesite y sus familias de manera que se provean los servicios y recursos necesarios independientemente del lugar donde residan.
5.6. (Nueva) Se elaborará un Plan integral para defender a las niñas contra la violencia, que tenga en cuenta la violencia específica que sufren las niñas por su edad y género.

6. Corresponsabilidad y conciliación
6.1. Elaborar, en el marco del diálogo social, una propuesta de “tiempo de trabajo corresponsable”, que deberá incluir una reforma de la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género.
Con dicha finalidad:
6.1.1. Se situará la corresponsabilidad en el centro de las políticas de conciliación.
6.1.2. Se analizará la normativa laboral con el fin de evitar situaciones de discriminación laboral por la asunción de las responsabilidades de cuidado, por ejemplo, en la determinación de los tiempos de trabajo y de permisos y que pudieran implicar el abandono de la actividad laboral.
6.2. Elaborar, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, una propuesta legal sobre el teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, derecho a la formación continua, derecho a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora con garantía para el empresario y la prevención de riesgos laborales.
6.3. Adoptar las medidas que permitan la adaptación del Plan MECUIDA, tras la finalización del estado de alarma y hasta la regulación de la Ley de tiempo corresponsable, garantizando el derecho a la conciliación de las personas trabajadoras con perspectiva de género.
6.4. (Nueva) Actualizar la encuesta estatal de usos de tiempo por género, desglosada por comunidades autónomas.

7. Colectivos en situación de vulnerabilidad
7.1. Estudiar medidas para paliar los daños producidos por la crisis del COVID sobre los colectivos en situación de vulnerabilidad teniendo presente la interseccionalidad, es decir, tener en cuenta todas las circunstancias que atraviesan a las personas en estas situaciones: como la población migrante, familias monoparentales, las personas sin hogar, la población gitana, y otras minorías étnicas.
7.2. Impulsar una propuesta de Ley de Diversidad Familiar, que proteja a las diferentes estructuras familiares.
7.3. Impulsar medidas contra el racismo y la xenofobia, con especial incidencia en los delitos de odio, atendiendo a las recientes recomendaciones de Naciones Unidas, que instan a los gobiernos a adoptar nuevos planes de acción para abordar la ola de racismo y xenofobia provocada por el COVID-19.

8. Juventud/emancipación
8.1. Renovar y mejorar el programa de Garantía Juvenil, incluyendo la perspectiva de género, no poniendo el foco en la persona demandante de empleo y en sus competencias, sino también en la protección del puesto de trabajo (estabilidad, derechos laborales…), en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.
8.2. Elaborar el “Estatuto del Becario”, con revisión de los contratos formativos para asegurar que su uso responde a finalidades exclusivamente formativas y mejorar sus condiciones laborales, incluidas las retributivas, con la finalidad, entre otras, de limitar el encadenamiento de períodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas.
8.3. Adoptar las medidas, en coordinación con las comunidades autónomas y Ayuntamientos, para garantizar el acceso a una vivienda sostenible a las personas jóvenes, dirigida a reducir su edad de emancipación, a cuyo fin se promoverán viviendas protegidas para jóvenes.
8.4. Asegurar un sistema de becas suficiente aumentando su número y su cuantía. Establecer un calendario para que las becas se resuelvan antes del comienzo de curso y se ingresen durante el primer trimestre.
8.5. Adoptar medidas, en coordinación con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, para prestar atención a la salud mental de los y las jóvenes que, como consecuencia de la crisis del COVID-19, han sufrido altos niveles de estrés, ansiedad y depresión.

9. Pensiones
9.1. Recuperar la centralidad del Pacto de Toledo y buscar la generación de consensos para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones, para asumir los retos de un futuro inmediato y asegurar prestaciones suficientes y una acción protectora capaz de dar cobertura a las realidades sociales emergentes.
9.2. Elaborar un informe sobre la adecuación de la normativa de Seguridad Social a la actividad de colectivos que presentan particularidades en su actividad y valorar si es preciso ajustarla a las circunstancias derivadas de la pandemia causada por el COVID-19.
9.3. Flexibilizar la forma de acceso de la ciudadanía, trabajadores y empresas a los servicios electrónicos de las administraciones públicas mediante sistemas de uso generalizado. Se ha constatado durante esta pandemia que, con los sistemas actuales, una parte de los ciudadanos, trabajadores y empresas podrían no tener acceso a estos servicios. Esto ha supuesto el desarrollo e implantación de medidas especiales para habilitar la posibilidad de acceder sin necesidad de utilizar un sistema de identificación electrónica, que deben ser ampliadas.

10. Vivienda, alquiler, hipotecas, suelo, rehabilitación, infraviviendas
10.1. Llevar a cabo un Plan de vivienda en alquiler que vertebre e incremente las medidas puestas en marcha desde las distintas administraciones públicas para que, contando con la colaboración del sector privado, posibilite una alternativa habitacional digna a las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.
10.2. Incrementar los recursos del Plan Estatal de Vivienda para aproximarse a los países de nuestro entorno.
10.3. Poner en marcha un nuevo Programa de acceso a la vivienda, que permita a los más jóvenes acceder a una vivienda y, a la vez, reactive la actividad económica vinculada al sector.
10.3 bis (nueva). Mantener las plazas creadas durante la pandemia para atender a las personas sin hogar hasta que se habiliten otros recursos, con el fin de evitar que vuelvan a la situación de calle.
10.4. Estudiar medidas para contener las subidas abusivas de alquiler con carácter temporal, excepcionalmente, y en zonas urbanas de mercado tensionado, teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales.
10.5. Elaborar un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas. Dicho Plan, que tendrá una duración de cuatro años, tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural, incluida la corrección de situaciones de infravivienda y chabolismo. Los proyectos de rehabilitación de edificios y renovación de espacios públicos responderán a los criterios de accesibilidad universal. Dentro del Plan se incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo consumo y la dotación de telecomunicaciones.
10.6. Supresión de barreras arquitectónicas en la vivienda. El confinamiento ha demostrado la dificultad física y mental que supone vivir encerrados en el domicilio. En España conviven más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida que precisan de ayuda para salir de sus casas y en torno a 100.000 no salen nunca al no disponer de esta ayuda. Para corregir esto es necesario: obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias con independencia de los ingresos de la comunidad. Destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% a trabajos de accesibilidad en edificios de viviendas.

11. Violencia machista
11.1. Impulsar la consolidación de la respuesta frente a todas las manifestaciones de violencia machista, además de la que se comete en el ámbito de la pareja o ex pareja, estableciendo un sólido marco de derechos para las víctimas de violencia sexual y las de trata de mujeres.
11.2. Reforzar la investigación y la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Elaboración de estudios específicos sobre el impacto de la crisis del COVID-19, en las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres, incluida la trata y la explotación sexual y los abusos en redes sociales.
11.3. Elaborar un Plan de Sensibilización y Prevención de las violencias machistas, con dos ejes centrales:
11.3.1. Implicar al ámbito educativo en todas las etapas.
11.3.2. Abordar las violencias machistas en redes sociales.
11.4. Impulsar la actuación y la coordinación de todas las administraciones en el marco de sus competencias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones institucionales frente a la violencia contra las mujeres. Es importante desarrollar en todos sus aspectos el Pacto de Estado, con revisión de las partidas presupuestarias destinadas a su cumplimiento efectivo, incluidas las destinadas a las Administraciones territoriales competentes.
11.5. Impulsar la consolidación de la respuesta institucional para la protección de los derechos de las personas LGTBI.

España se encuentra entre los países de la UE con mayor nivel de desigualdad. Una desigualdad agudizada tras la crisis de la última década, incrementándose de 2007 a 2018 en 2,8 puntos. Fueron las rentas más bajas quienes sufrieron las mayores pérdidas de ingresos. Pérdidas de ingresos y de derechos sociales que se acompañaron con recortes en los servicios públicos, poniendo a prueba la cohesión social.

La crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19 ha desvelado ese debilitamiento de nuestros servicios públicos. Pero también nos ha mostrado un camino: la necesaria recuperación de lo común: sanidad, sistema de cuidados y servicios sociales. Es imprescindible avanzar en el fortalecimiento de los servicios que dan sentido y fundamentan el Estado social que proclama nuestra Constitución, pues ello nos hace más fuertes como sociedad.

Se trata de razones de justicia social. Y también se justifica en razones económicas, pues la inversión en la reconstrucción de nuestros servicios comunes y la construcción de los servicios sociales y de cuidados asociados al “cuarto pilar del Estado del Bienestar” es estratégica para impulsar la reactivación económica.

Reconstruir nuestra economía debe partir del reconocimiento de los derechos sociales y los servicios públicos para su efectividad. La protección colectiva de lo que nos une debe pasar también por una revisión del modelo de cuidados, en particular de los cuidados de larga duración, para construir un sistema universal, público y suficientemente financiado, orientado a la promoción de la autonomía funcional y de la atención a las personas dependientes. El desarrollo de este sistema también facilitará el reparto del trabajo de cuidado, que actualmente recae sobre las mujeres, y supondrá la puesta en marcha de un sector de actividad generador de empleo.
Es urgente acometer de forma decidida la inacabada construcción de nuestro modelo de cuidados (ahora demostrada con la crisis), especialmente aquellos vinculados a las etapas vitales de mayor necesidad –infancia de 0-3 y mayores-. El incremento de esperanza de vida, unido a una baja natalidad que requiere de infraestructuras para conciliar actividad laboral y trabajo de cuidado, exige una mayor inversión y dotación de servicios sociales.

Los servicios sociales públicos han demostrado en esta crisis su carácter esencial, dada la intensidad con que ha afectado a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y también se ha evidenciado sus graves deficiencias en medios, en ratios de personal, en definitiva, en dotación de recursos, aparte de diferencias entre territorios.

No es posible una verdadera reconstrucción nacional sin reforzar los servicios sociales públicos, garantizando sus prestaciones como un derecho de ciudadanía, aumentando su dotación presupuestaria, reivindicando su eficacia y cuidando a sus profesionales.
Profesionales que, hay que remarcarlo, no reciben la retribución ni social ni económica que su prestación laboral esencial supone para la colectividad.

El impacto de la pandemia por COVID-19 también ha convertido en urgente la coordinación de los sistemas sanitario y social. La especial virulencia del coronavirus en las personas mayores, así como su gran letalidad en las personas internas en residencias, obliga a revisar el modelo y, en todo caso, señala la necesidad de poner el foco en nuevos riesgos y necesidades. Las medidas de coordinación social y sanitaria deben asegurar una atención de calidad en estos centros y garantizar que las personas residentes conservan y conjugan sus derechos al cuidado sanitario desde el Sistema Nacional de Salud con los derivados de su situación de dependencia, con los estándares de calidad de ambos sistemas.

Debemos recuperar las previsiones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia e incrementar su financiación. Esta Ley, que fue un hito en el avance de los derechos sociales en nuestro país, sin embargo, ha visto frenada su efectividad y su potencial en la creación de empleo, entre otras razones, debido a una insuficiente dotación económica y al retraso en la aplicación del calendario previsto para su desarrollo.
La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia, de nuevo, la situación en la que conviven ciudadanos españoles con alguna discapacidad y ha renovado la necesidad de avanzar en la plena aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El confinamiento ha puesto en mayor evidencia la necesidad de accesibilidad universal. Lograrla es posible y debe ser un objetivo para todos los ámbitos de decisión.

La situación de las y los menores tutelados también se ha visto afectada por esta crisis. El confinamiento ha trastocado los vínculos que mantenían con sus familias y ha interrumpido el funcionamiento ordinario de las actividades de acogimiento familiar. La sobreocupación de muchos centros de protección se convierte en un entorno muy poco propicio para la infancia en condiciones de confinamiento. Y lo mismo ha sucedido con nuestros mayores. Las políticas públicas generalmente adoptadas se fundan en estereotipos de fragilidad y dependencia, excluyendo a las personas mayores de la participación en sus propias vidas y condenándoles a una soledad no deseada.

En este punto es conveniente resaltar la importancia de la labor desarrollada por las entidades del Tercer sector, puesta nuevamente de manifiesto por esta crisis.
Apoyarles en su labor, desde el diálogo y la colaboración permanente, debe ser otro de los objetivos a perseguir en esta nueva etapa de reconstrucción de lo común, pues si hay algo que ha quedado meridianamente claro es la importancia del trabajo colectivo para proteger lo que nos une: el bienestar de la mayoría.

Propuestas de Resolución:

12. Servicios sociales y sus profesionales
12.1. Elaborar un Libro Blanco de las profesiones de referencia de los servicios sociales y las relacionadas con los mismos, y, en general, con los servicios de cuidados, en el que se valorará la necesidad de articular una ley marco en todo el territorio, con garantía del respeto al reparto constitucional de competencias.
En particular:
12.1.1. Se elaborará un catálogo de referencia de prestaciones que englobará desde los criterios básicos de calidad, organización funcional y territorial hasta las competencias en las prestaciones de servicios y económicas.
12.1.2. Se promoverán ratios adecuados de profesionales por población atendida.
12.2. Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de los servicios sociales, acordadas en la mesa de diálogo social, y en el marco de las competencias autonómicas; marcando ratios de profesionales por habitantes, al igual que se hace en otros sistemas de protección como son la educación y la salud.
12.3. Puesta en marcha de programas de formación de profesionales para cubrir la gran demanda de puestos de trabajo asociada a las medidas de este bloque, dando prioridad a las personas menores de 30 años y mayores de 55 en situación de desempleo.

13. Tercer sector
13.1. Desarrollar la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, al objeto de regular el estatuto de las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado, así como el reglamento del voluntariado.
13.2. Evaluar el impacto social de las subvenciones asignadas a las entidades del Tercer Sector procedentes del 0,7% del IRPF y, desde este año, del Impuesto de Sociedades, para conocer el desarrollo de los proyectos, su impacto social y su avance en la consecución de los objetivos de las políticas sociales, así como la necesidad de mejoras en el diseño de los programas.

14. Atención a la Dependencia
14.1. Evaluar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia con el fin de detectar posibles mejoras en su funcionamiento y una mayor eficiencia en el impulso de la autonomía personal, con especial atención al sistema de cuidados y a la atención en las residencias.

15. Tercera edad
15.1. Elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas, planes de contingencia para prevenir y abordar posibles situaciones de rebrotes de la crisis del COVID-19 u otras circunstancias similares, con el objetivo de organizar y planificar con antelación las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas mayores.
15.2. Aumentar los servicios y recursos de apoyo a los distintos tipos de envejecimiento, desarrollando servicios de prevención y promoción de la autonomía personal en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), dotándolos de la suficiente versatilidad para dar continuidad a los planes de vida de las personas mayores y sus necesidades y teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género.
15.3. Promover junto con las comunidades autónomas la coordinación de los sistemas sanitario y social, desde la constatación de que las personas residentes en estos centros conservan sus derechos a la atención sanitaria desde el Sistema Nacional de Salud y a la atención a su situación de dependencia, con los estándares de calidad de ambos sistemas.
Esta coordinación debe establecerse:
15.3.1. A nivel domiciliario, a través del seguimiento de la situación social y sanitaria de las personas con apoyo de la teleasistencia avanzada.
15.3.2. En residencias, el seguimiento de la atención sanitaria se realizará por el centro de salud con derivación a hospital cuando la situación clínica lo requiera. Se establecerán protocolos de atención en situaciones terminales y de cuidados paliativos asimilados a los domiciliarios. Los servicios sociales tendrán que establecer acreditaciones de formación del personal de cuidados y un sistema de inspección periódica que permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas a estos centros residenciales a efectos de verificar dicha coordinación.
15.3.3. Se creará un órgano de coordinación entre los sistemas sanitario y social de atención a la dependencia cuyas funciones, entre otras, serán planificar de forma conjunta cuidados de larga duración, establecer un sistema integrado de información, velar por la calidad de las prestaciones y definir los protocolos a seguir en caso de crisis sanitarias como la actual.
15.4. Poner en marcha un Plan contra la soledad no deseada como respuesta ante situaciones de dificultad en las que las personas mayores quieran permanecer en sus domicilios y no tengan red de apoyo de ningún tipo, implementando para ello un programa de acompañamiento remunerado por parte de jóvenes, de sensibilización sobre el problema y de mejora de unos servicios sociales cercanos y bien dotados para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar sus consecuencias, especialmente en el ámbito rural y en zonas con riesgo de despoblación- en el marco de la agenda social de la Unión Europea y desde la total coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las organizaciones del tercer sector.

16. Personas con discapacidad
16.1. Adoptar las medidas para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de decisión.
16.2. Adoptar las medidas para adaptar nuestro marco normativo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar la efectividad de todos los derechos de las personas con discapacidad.
16.3. Revisar el sistema de atención institucional al objeto de adecuarlo a las previsiones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que explícitamente reconoce el derecho a la autonomía personal y vida independiente de estas personas, con especial atención a la garantía de su permanencia en el hogar cuando sea posible.
16.4. Se trabajará con las comunidades autónomas para impulsar medidas efectivas para la supresión de barreras arquitectónicas en viviendas e instalaciones públicas, para lo que se revisará la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y se destinará en los contratos de obras públicas una partida específica a trabajos de accesibilidad en edificios.
16.5. (Nueva) Tomar en consideración en la planificación de políticas públicas el 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea.

17. Personas menores de edad tuteladas.
17.1. Promover un nuevo modelo de atención a los niños y niñas no acompañados en todo el territorio nacional, partiendo de las propuestas del Observatorio de la Infancia.
17.2. Potenciar mediante ayudas los programas de acogimiento familiar en la actual situación de inestabilidad económica y social de las familias.
17.3. Elaborar, con la participación de las comunidades autónomas y las Entidades especializadas del Tercer Sector y tras su consenso, las bases mínimas de los planes de contingencia y protocolos de actuación para que todos los centros residenciales cuenten con los recursos personales y espacios físicos que se consideren adecuados y suficientes en relación con el número de residentes y que les permitan desarrollar con eficiencia su acción protectora integral. En dichos planes de contingencia se contemplarán la garantía del material sanitario y de protección, así como las medidas de sectorización del dispositivo para evitar la transmisión interior y la actuación coordinada con los recursos del sistema de salud.
17.4. Garantizar para todos los recursos residenciales del sistema de protección de menores la dotación ofimática necesaria adaptada al número de residentes del recurso.
17.5. Asegurar el acceso a los medios y servicios digitales en los centros residenciales de protección de niños, niñas y adolescentes, al objeto de evitar que la falta de acceso a estos servicios repercuta en su proceso educativo, así como las posibilidades de ocio y relaciones con su familia y con terceros. También para poder comunicar posibles abusos y, en consecuencia, impedir situaciones de desprotección. Incrementar el personal en los centros residenciales, especialmente en el caso de que no se recupere el curso escolar.
17.6. Desarrollar programas formativos, impulsados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigidos al personal que atiende los recursos residenciales, al que supervisa los procesos de acogimiento familiar y, en general, a los profesionales de Atención Primaria de los Servicios Sociales que atienden situaciones de riesgo o exclusión de menores a fin de que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias en la utilización en los respectivos procesos de intervención de las herramientas de las TICs.

La educación es un derecho fundamental que, como nos recuerdan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluye no solo un derecho al acceso a la educación, sino un derecho al aprendizaje. La situación provocada por la epidemia del coronavirus ha alterado sustancialmente dinámicas e interacciones en el sistema educativo, comprometiendo el funcionamiento ordinario de las actividades escolares y tensionando la posibilidad de garantizar esos derechos. Las dificultades planteadas son resultado tanto de los condicionamientos provocados por la epidemia (cierre de centros educativos, enseñanza digital), como por debilidades tradicionales del sistema educativo, agravadas por recortes que han llevado la inversión educativa a niveles muy bajos.

Cabe destacar al menos cuatro cuestiones relevantes para entender los efectos de la pandemia sobre la educación que han afectado a los aprendizajes y pueden afectarles en la etapa post-COVID:

En primer lugar, hay que referirse a la brecha digital. En el período de confinamiento el problema de la brecha digital se ha hecho más evidente. El problema reside no solo en las niñas y niños sin conexión (acceso a los dispositivos digitales), sino también a la capacidad de uso y dominio del entorno digital. Estas afectaciones son mayores en el alumnado y familias más vulnerables, pero también tienen relevancia en relación al profesorado, desigualmente preparado para hacer frente a los retos que conlleva la educación a distancia.

En segundo lugar, la capacidad de respuesta de los centros educativos no ha podido ser la misma en todas las escuelas. En España tenemos un problema importante de segregación escolar como producto de la concentración de alumnado desfavorecido (y en especial de alumnado de origen inmigrante) en determinados centros. En el contexto del confinamiento, el profesorado de los centros de más alta complejidad social ha tenido más dificultades para contactar y tutorizar a su alumnado. Estas dificultades pueden haber agravado situaciones de desventaja en la educabilidad que se observan habitualmente en estos centros, que suelen conducir a mayores niveles de fracaso escolar. Los desafíos de la recuperación en estos entornos van a ser específicos.

En tercer lugar, la crisis del coronavirus ha aumentado las desigualdades en los procesos de acompañamiento educativo, en un contexto donde el docente en el aula ha sido sustituido por la docencia a distancia. Se trata de circunstancias excepcionales, donde las familias han tenido diferente capacidad para intervenir en ese acompañamiento, apoyando con mayor o menor eficacia e intensidad a niños y niñas. En algunos casos, las familias no han podido participar en ese acompañamiento porque trabajaban en servicios esenciales o en sectores de elevada precariedad. En otros, la capacidad para llevar a cabo el apoyo educativo quedaba mermada por los déficits de recursos educativos y culturales dentro de esas familias. Además, el acompañamiento es especialmente complejo en el caso de menores con trastornos de conducta o necesidades educativas especiales, en que la intervención presencial de profesionales especialistas es más insustituible.

En cuarto lugar, en muchos hogares pueden no haberse dado condiciones suficientes de educabilidad. La vulnerabilidad económica suele comprometer los aprendizajes. En condiciones de confinamiento, donde un porcentaje elevado de adultos han perdido su empleo o han visto mermados sus ingresos es previsible que las condiciones de educabilidad también se hayan deteriorado en bastantes hogares, y muchos más niños y niñas afronten situaciones de riesgo que requieran atención especial. También reclaman atención especial las posibles secuelas psicológicas del confinamiento, especialmente entre colectivos que han tenido que afrontar condiciones de mayor adversidad (en viviendas pequeñas y mal acondicionadas, situaciones de tensión en el hogar provocadas por el confinamiento u otras circunstancias sociales o sanitarias, violencia en el hogar, etc.).

En este contexto, la crisis provocada por el coronavirus ha representado una merma para la acumulación de capital humano y acentúa tendencias a la desigualdad ya existentes. En la última década, los indicadores de repetición, fracaso administrativo y abandono escolar prematuro habían mejorado sensiblemente. Pero siguen siendo peores que los que presentan la mayoría de países de nuestro entorno, lo que convierte a España en un caso anómalo.

Muchos expertos habían alertado sobre la necesidad de reforzar dispositivos adecuados que prevengan el desenganche y fracaso de los estudiantes de extracción más vulnerable. Esto requiere reforzar la atención a estos niños y niñas con múltiples iniciativas y desde edades muy tempranas.

La incorporación a la escuela infantil 0-3 es una asignatura pendiente en sectores socioeducativos con menos recursos, donde los niños y niñas se pueden beneficiar de la estimulación cognitiva que reciben en centros que reúnen personal suficiente y capacitado para llevarla a cabo. La educación infantil constituye un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida, contribuyendo además a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar.
También es necesario reforzar los mecanismos de atención a estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje a lo largo de sus itinerarios en la educación primaria y secundaria. Los sistemas de mentorías educativas y de atención individualizada se han demostrado como uno de los mejores instrumentos de aceleración y compensación del aprendizaje. Los mecanismos de Orientación Escolar deben también jugar un papel de primer orden para posibilitar el aprovechamiento y desarrollo de todos los talentos.
La reconstrucción del sistema educativo debe ser concebida como una oportunidad de completar procesos que estaban en marcha, como la digitalización de las escuelas y las universidades, el fortalecimiento de los dispositivos, la atención a la diversidad, el reforzamiento de las enseñanzas de Formación Profesional o el impulso del sistema de becas.

Pero también debe vislumbrarse como una etapa en que las exigencias que nos impone “no dejar a nadie atrás” tras la epidemia auspicien la incorporación al sistema educativo de nuevas o renovadas estructuras para corregir la desigualdad educativa y combatir el abandono prematuro.

En este contexto, la Universidad también tiene retos específicos para incrementar la dimensión no presencial a través de medios digitales. Es esencial que en este momento la Universidad realice una apuesta decidida por impulsar la innovación en la docencia y la evaluación digital, en la colaboración interuniversitaria y se convierta en un agente dinamizador de un nuevo modelo económico. En el curso de este proceso la Universidad debe promover nuevas dinámicas digitales de aprendizaje colectivas, participativas y colaborativas.

Propuestas de Resolución:

18. Políticas educativas: corrección de la brecha educativa, educar en equidad y educación especial.
18.1. Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa.
18.2. Ampliación de recursos del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y mejora de los derechos laborales de sus profesionales. Las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes.
18.3. Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 en condiciones de equidad. Elaboración de un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para todos los niños y niñas menores de 3 años. El sistema de educación infantil universal será de carácter gratuito y público, y se regirá por criterios de calidad, incrementando la tasa de cobertura a la vez que aumentando la ratio alumno/personal.
18.4. Aumentar profesionales especialistas en los centros ordinarios (Profesorado de Pedagogía Terapéutica, Profesorado de Audición y Lenguaje, Profesores Técnicos de Servicio a la Comunidad, Trabajadores sociales u otras figuras del trabajo social, etc.), en centros con alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y dificultades de aprendizaje.
18.5. Luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y garantizar la inclusión. Apoyo a los planes específicos de las comunidades autónomas dirigidos a potenciar los dispositivos de seguimiento y control de prácticas segregadoras y reforzar a los centros educativos con alta concentración de alumnado en desventaja socioeconómica o de minorías, para mejorar su calidad, resultados y atractivo.
18.6. Reforzar los programas de enseñanza on-line y la distribución de equipos digitales a los estudiantes que carecen de ellos o no disponen de material digital suficiente para realizar un seguimiento adecuado de actividades educativas en condiciones de limitación de la enseñanza presencial. Preparar a los docentes para llevar a cabo esta instrucción digital y una supervisión tutorial de los alumnos a distancia. Reforzar la presencia de estas competencias en el currículo educativo del alumnado en todos los niveles educativos.
18.7 (Nueva) Garantizar la idoneidad de las condiciones materiales y de personal en los centros que esta nueva situación requiere, desde la seguridad e higiene de los suministros, el personal docente suficiente, equipos de limpieza, equipos de enfermería escolar o las infraestructuras para aulas de desdobles.
18.7. Apoyar a las administraciones educativas en el diseño para el curso 2020- 2021 de planes de recursos para los colegios de máxima complejidad, para que puedan incrementar las dotaciones de los equipos de personal docente y no docente que puedan llevar a cabo el seguimiento de aquellos alumnos y familias que requieran de un apoyo social y emocional más intensivo. Consensuar, en el marco de la Conferencia Sectorial, un plan de choque de inicio del curso escolar 2020-2021 con las comunidades autónomas y la comunidad educativa con medidas y acciones específicas para detectar las desigualdades que se hayan podido generar como consecuencia del COVID-19 y revertirlas.
18.7.1. Impulsar un plan de formación permanente y continua al profesorado para garantizar su competencia digital y su capacidad para hacer frente a escenarios de actividad educativa no presencial.
18.7.2. Impulsar medidas para que las familias en situación de vulnerabilidad dispongan del equipamiento tecnológico necesario (hardware y software) así como fomentar la capacitación digital del alumnado y sus familias para dar respuesta a la brecha digital.
18.7.3. Impulsar por parte de las administraciones educativas los costes indirectos de la enseñanza obligatoria (libros de texto, material escolar, transporte, comedor…) que pueden dificultar el acceso a la educación del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica hasta conseguir su gratuidad.
18.7.4. Fomentar, de forma coordinada con las comunidades autónomas y otras administraciones públicas, las actividades educativas extraescolares como pieza clave para hacer frente a los efectos emocionales de la crisis y revertir las desigualdades educativas generadas.
18.7.5. Establecer medidas contra el acoso y el ciberacoso, especialmente por motivos de discapacidad, de orientación sexual, y de identidad de género.
18.8 (Nueva). Desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan de refuerzo y servicios de apoyo a lo largo del curso con el fin de corregir la brecha educativa originada por la pandemia, que permita alcanzar los objetivos y el grado de adquisición de los conocimientos y competencias esenciales de cada curso y prevenir procesos de desenganche y desafección escolar. Los programas incluirán servicios de apoyo psicosocial y psicológico.
18.8. bis (Nueva) Impulsar la creación de una plataforma online con materiales y recursos compartidos que ayude a facilitar el trabajo en red del personal docente, en caso de que sea necesario volver a impartir clases a distancia. Se elaborará contenido específico con materiales y recursos concretos para el alumnado con necesidades educativas especiales.
18.8. ter (Nueva) Crear un fondo urgente para actividades socioeducativas y lúdicas en el periodo estival: después de la situación vivida y del periodo prolongado de la no asistencia en las escuelas, se han agravado las desigualdades educativas que perjudican al alumnado con condiciones socioeconómicas más desfavorables. Por ello, es más necesario que nunca extender a los niños y niñas con situaciones más vulnerables socioeconómicamente las posibilidades de enriquecimiento educativo a los meses de verano, no solo desde la perspectiva académica sino también, y de forma muy especial, desde la perspectiva socioemocional, lúdica y de enriquecimiento cultural.
18.9. (Nueva) Crear un fondo extraordinario para becas que permitan la participación de los niños y adolescentes de familias y entornos más vulnerables, mediante becas que cubran el 100% de los gastos de las actividades de verano, con servicio de desayuno y almuerzo para los hijos de las familias más desfavorecidas.
18.10.(Nueva) Crear un fondo económico del Estado para los centros de máxima complejidad y del alumnado desfavorecido con el fin de garantizar la gratuidad de todas las actividades complementarias y materiales de trabajo en la educación obligatoria, al iniciar el nuevo curso escolar, en los centros públicos. Esta gratuidad debería extenderse a programación de actividades extraescolares del centro y/o del entorno; incluyendo la gratuidad de los servicios de comedor y transporte cuando sea necesario.
18.11. (Nueva) Financiar las necesidades tecnológicas de los centros para evitar desigualdades en el acceso de colegios y alumnos a dichos recursos con el fin de implementar una nueva política de digitalización en los centros con perspectiva de futuro (formación docente, infraestructura digital, contenidos online…)
18.12. (Nueva) Financiar un sistema de «becas salario» para los jóvenes de entre 16 y 18 años de hogares desfavorecidos que se mantengan en el sistema educativo, con el objetivo de cubrir los costes directos e indirectos de la escolarización, así como compensar el coste de oportunidades para seguir estudiando, con el objetivo de reducir el abandono escolar.
18.13. (Nueva) Aportar fondos para incrementar las becas comedor y poder hacer frente a los problemas de alimentación infantil que se ven gravemente aumentados en las familias con riesgo de pobreza.
18.14. (Nueva) Aportar fondos para poder financiar refuerzos emocionales y a la vez educativos en los centros de protección a la infancia, para niños y niñas y adolescentes que viven en estos centros, donde aún crece más la brecha de desigualdad. Estos fondos y/o ayudas también podrían ser extensivos en municipios y/o barrios de ciudades en las familias con más riesgo de pobreza.

19. Universidades
19.1. Aprobar el Estatuto del Personal Docente Investigador, ligado a la nueva Ley de Universidades.
19.2. Reforzar los estudios universitarios en especialidades estratégicas en donde hay carencia de recursos humanos claves en la etapa post-COVID, tales como la bioingeniería y la gestión informática de las administraciones públicas.
19.3. Plan de implantación de un sistema universitario híbrido (presencial digital).
19.4. Plan de Impulso de las instituciones universitarias como agente dinamizador de un nuevo modelo económico. Se plantean dos puntos clave:
1. Especialización de algunas enseñanzas y especialidades consideradas clave para un nuevo modelo de desarrollo basado en la innovación y en la sostenibilidad. En particular:
– una modernización pedagógica y tecnológica de las Escuelas de Magisterio, sin las cuales no se podrá realizar la adaptación de la enseñanza no universitaria a las nuevas exigencias,
– una formación del profesorado en materias relacionadas con la transición ecológica y la Agenda 2030 para transmitir capacidades transversales en esas áreas en todas las enseñanzas y
– énfasis en la interdisciplinariedad de los estudios, lo cual exige también formaciones específicas para el profesorado, con cursos de reciclaje y formación del profesorado actual. Reforzamiento de los estudios en especialidades estratégicas en donde hay carencia de recursos humanos, tales como la bioingeniería y la gestión informática de administraciones públicas.
2. Fomento de la formación superior en zonas poco pobladas e insulares aprovechando la red de centros territoriales de la UNED, mediante el incremento de la formación a distancia con programas específicos, e incrementando actuaciones clave que incidan en la actividad cultural y educativa (presencial) en los centros territoriales para dinamizar el tejido social y empresarial.
19.5. (Nueva) Desarrollar un portal web de empleo público universitario que recoja información actualizada de todas las ofertas de trabajo para personal docente e investigador (PDI) que se convoquen en las universidades públicas españolas.

20. (Nueva) Deportes.
20.1. Elaborar, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y el Comité Olímpico Español un plan para garantizar que los deportistas olímpicos que representan a España en los Juegos Olímpicos de Tokio puedan seguir entrenando en caso de eventuales rebrotes de COVID-19 en España.
20.2. Evaluar las posibilidades para que los eventos deportivos profesionales puedan contar con público una vez se reanuden las competiciones oficiales del curso 2020-2021, un protocolo para la vuelta del público a eventos deportivos que deberá contemplar todas las medidas que se consideren oportunas para garantizar la seguridad de los aficionados, deportistas y demás profesionales que participan en estos eventos.
20.3. Impulsar una nueva Ley del Deporte, que permita adaptar nuestra regulación a la realidad del deporte actual, reconociendo el deporte como un derecho de ciudadanía e incorporando medidas específicas relativas al deporte femenino y al deporte inclusivo.
20.4. Garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo en el ámbito deportivo, impulsando, entre otras medidas:
20.4.1. El fomento del deporte femenino y la participación de la mujer en el ámbito deportivo. En particular, el Consejo Superior de Deportes acordará que la Primera División Femenina se califique como “competición profesional” a todos los efectos.
20.4.2. La prohibición de las cláusulas antiembarazo en los contratos de deportistas profesionales, y el mantenimiento de la categoría profesional que viniese disfrutando la deportista inalterada durante los cuatro años siguientes al nacimiento del hijo.
20.4.3. La igualdad de los premios que reciban las categorías de cada sexo en competiciones deportivas que sean promovidas o financiadas por las administraciones públicas.

La transformación digital de nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra administración era ya sin ninguna duda un reto de presente antes de la llegada del COVID-19, pero también es indudable que la crisis sanitaria y también económica y social generada por la pandemia ha puesto de manifiesto la urgencia de acometer un proceso de digitalización que ayude a la transformación y modernización de nuestra economía y nuestra sociedad.

Se trata de poner en marcha reformas de futuro y proyectos que permitan impulsar la actividad y reforzar la productividad y con ella el crecimiento potencial de nuestra economía. La transformación digital pasa ineludiblemente por una adaptación por parte del sistema educativo al nuevo entorno, para construir conocimiento y que permita una adecuada adaptación y aprovechamiento de las tecnologías digitales a la sociedad en su conjunto, optimizando y democratizando de esta manera su uso.
El capital humano es el fundamento de la cohesión de las sociedades democráticas y del desarrollo económico. Las tecnologías digitales abren formas cualitativamente distintas de generar conocimiento y la educación es el instrumento para que esta puerta a nuevos niveles de desarrollo personal y social esté al alcance de todos y de todas.

La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha acelerado este proceso de transformación de una forma abrupta, ya que, literalmente de la noche a la mañana, la educación a través de medios telemáticos se ha convertido en la única modalidad viable para continuar la actividad educativa y garantizar los aprendizajes. El desarrollo de la Digitalización y Competencias Digitales aborda aspectos necesarios de la educación digital, desde la disponibilidad de dotaciones adecuadas para centros educativos digitalmente competentes, como para alumnado y profesorado, hasta la competencia digital educativa, la formación para el desarrollo profesional docente, la disponibilidad de recursos digitales de calidad, o el desarrollo de metodologías y competencias digitales avanzadas e iniciativas innovadoras (pensamiento computacional, inteligencia artificial, espacios de aprendizaje,…).
Actualmente en España existe una brecha digital con tres dimensiones: a) brecha en la disponibilidad de equipos y acceso a internet; b) brecha en la capacidad de uso adecuado por parte del alumnado y c) brecha en los recursos educativos de los centros y las competencias digitales de los docentes.

Por ello el Gobierno definirá un plan de conectividad con el objetivo de extender la conectividad de acceso de 100 Mbps antes de 2025 a todo el territorio. Pero además de la adaptación del sistema educativo y de formación al nuevo entorno digital, será asimismo necesario impulsar la inversión en estas nuevas tecnologías para la transformación digital de la economía, tanto en empresas como en la administración. En materia empresarial resulta especialmente relevante la transformación digital en el comercio minorista. Éste tiene un peso en la economía en torno al 5,2% del valor añadido bruto (VAB) y emplea a cerca de dos millones de personas, lo que representa el 9,8% del total de ocupados.

Además, ejerce una importante vertebración en ciudades y pueblos a través de los 559.301 establecimientos de comercio minorista por todo el territorio, que representan el 14,5% del total de establecimientos de la economía española. Este efecto de fijar población en áreas rurales resulta un importante factor para contribuir en la lucha contra el despoblamiento y un mayor equilibrio demográfico. Un efecto que puede verse potenciado con la estrecha relación del comercio minorista con otros sectores como el turístico y el emprendimiento. Pero también se trata de un sector particularmente vulnerable, entre otras razones por tratarse de un sector conformado fundamentalmente por pymes y autónomos.

La inversión en herramientas digitales y analítica avanzada de datos va a ser esencial para un sector comercial más eficiente, para estar más cerca de un consumidor cada vez más conectado, que busca lo local y lo cercano, en omnicanal y en nuevos cambios sociales (más conexión, más tiempo en casa, más distancia social). Por todo ello, se hace necesario adoptar una serie de medidas con el fin de asegurar la sostenibilidad del pequeño comercio para que pueda salir reforzado como consecuencia de esta crisis sanitaria.

En cuanto a la administración, su digitalización habrá de permitir no solo una mejora en términos de eficiencia en la gestión de los servicios públicos, sino que redunde a su vez en una mayor cercanía y facilidad de acceso para todos los colectivos de la ciudadanía, e igualmente cercana para el ámbito rural que para el urbano. Un proceso de transformación digital que habrá de incluir al sector público empresarial. Pero, además, la digitalización resulta especialmente pertinente en el Sistema Nacional de Salud.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

64. Dotar al alumnado más vulnerable de los recursos tecnológicos necesarios para garantizar su derecho de acceso a Internet.

65. Proveer de conectividad adecuada al alumnado que no disponga de ella, estableciendo los necesarios acuerdos de colaboración con los operadores de comunicaciones electrónicas.

66. Desarrollar un Plan de Alfabetización Digital al alumnado en situación de mayor vulnerabilidad, para asegurar el uso adecuado de los dispositivos digitales.

67. Mejorar la Competencia Digital Educativa de los docentes mediante un plan de formación permanente y continua al profesorado que garantice su competencia digital.

68. Desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan de Digitalización de los Centros Educativos que les dote de los equipamientos y acceso a internet de alta calidad para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje en el aula, y de herramientas digitales educativas para el desarrollo de educación en entornos virtuales.

69. Implantar, en colaboración con las comunidades autónomas, el Plan Digital de Centro Educativo para favorecer la innovación y la transformación digital de las metodologías de aprendizaje, proyectos de innovación, transformación de los espacios del centro o el uso generalizado de recursos educativos digitales y fomentar la cultura colaborativa.

70. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, la extensión de entornos virtuales de aprendizaje mediante el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos (REA) digitales para el proceso de aprendizaje.

71. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, el Plan de Impulso de la Educación Online mediante la generalización del uso de plataformas educativas por todos los centros educativos.

72. Poner en marcha programas de radio televisión educativa con canales en abierto que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas para un aprendizaje en línea más allá del ámbito formal.

73. Incorporar la digitalización en el proceso de reforma curricular de todas las etapas del sistema educativo, incluida la Formación Profesional.

74. Impulsar un Plan de Digitalización de la Administración, que incluya medidas para aumentar la eficiencia y reducir la brecha digital en el uso de la e-administración a través del desarrollo de servicios públicos electrónicos universales y de calidad, abiertos, eficientes, flexibles, inclusivos y accesibles a todos los colectivos, incluyendo una renovación de los equipos informáticos y la adquisición del software y herramientas digitales necesarias a través de fórmulas que no supongan un importante desembolso para las arcas públicas y permitan la actualización del equipamiento.

75. Impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, un Plan para la Digitalización Sanitaria, de modo que contribuya de forma decidida a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y permita una mejor respuesta de los sistemas sanitarios a los retos y necesidades sanitarias actuales.

76. Extender a las empresas públicas un programa de inversiones para su digitalización, como apuesta de futuro, de forma que se conviertan en referentes en la incorporación de las nuevas tecnologías en sus ámbitos de actuación.

77. Impulsar políticas que permitan la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, especialmente con programas de apoyo a las pymes y a los autónomos.

78. Poner en marcha un Plan de Transformación y Adaptación Digital para el pequeño comercio, con el objetivo de mejorar su competitividad y evitar la pérdida de tejido empresarial y de empleo.

79. Desarrollar en torno al Observatorio del Comercio 4.0 un ecosistema de innovación para impulsar la adaptación del comercio a las nuevas tecnologías.

80. Aprobar un Plan de Ciberseguridad que permita contribuir a una gobernanza global de la digitalización y garantice la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías.

81. Renovar el actual “Plan Nacional 5G” adoptando una nueva “Estrategia de Despliegue 5G” que facilite que la economía y la sociedad española aprovechen de modo temprano las oportunidades de la quinta generación de telefonía móvil para acelerar la transformación digital del país, promoviendo su implantación simultánea en las zonas poco pobladas para no incrementar la brecha digital entre territorios.

82. Elaborar un Plan de Atracción y Fomento del Audiovisual Español.

83. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado.

84. Poner en marcha una Estrategia de Ciberseguridad que permita estimular la cooperación entre actores públicos y privados para mejorar la ciberseguridad.

85. (suprimido)

86. En materia de Startups, adoptar medidas que reconozcan la figura específica de este tipo de iniciativas emprendedoras y facilidades para la captación de inversión y de talento.

87. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Competencias Digital (Digital Skills) que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado.

88. Poner en marcha una Transformación Digital del Sector Público que permita vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector privado, con particular atención a las áreas de Justicia, Servicio Público de Empleo Estatal, Seguridad Social y Sanidad.

89. Adoptar una Carta de Derechos Digitales que recoja los derechos necesarios para la protección digital del conjunto de la ciudadanía, particularmente aquellos más expuestos, y permita, una vez más, ponernos a la vanguardia europea en relación con el desarrollo de una sociedad digital libre, abierta e inclusiva.
89. bis (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas

La pandemia, tanto por su impacto sanitario como por las medidas que el Gobierno ha debido tomar para que sus efectos socioeconómicos fuesen los menores posibles, ha mostrado la necesidad de afrontar de forma decidida los grandes desafíos a los que se enfrenta este país.

Entre estos, el reto demográfico se ha hecho patente en aquellos territorios en los que su sistema funcional -sanitario, asistencial, de infraestructuras, de servicios básicos, etc.- se ha visto más tensionado ante sus reducidas dimensiones, con dificultades para dimensionar los servicios frente a la crisis sanitaria y para garantizar la normalidad de la vida cotidiana en cuanto a comercio y servicios básicos.

Un reto demográfico cuya expresión más evidente es el envejecimiento de su población en el medio rural, lo que exigía una gran responsabilidad social, para que las personas mayores, especialmente vulnerables ante el virus, tuvieran la mayor seguridad sanitaria y asistencial posible.

Al mismo tiempo, la pandemia ha mostrado los efectos que la falta de un modelo territorial vertebrado provoca ante crisis y emergencias: por un lado, en las grandes ciudades, donde la intensidad de la crisis sanitaria ha sido mayor, y donde la nueva normalidad exigirá repensar los sistemas de trabajo, movilidad, residencia,…; y, por otro, en los pequeños pueblos, donde la cotidianeidad del confinamiento era muy diferente, en relación con la baja densidad, el distanciamiento social, la tipología de viviendas o las redes comunitarias de proximidad, pero que eran vulnerables por el sistema funcional del territorio (servicios básicos, comunicaciones,…).

Afrontar el reto demográfico implica redefinir nuestro modelo territorial, minimizando la brecha de densidad poblacional y extendiendo oportunidades a los territorios actualmente más afectados por la despoblación, la baja densidad, o el envejecimiento, a la vez que se reduce la presión sobre los territorios que han concentrado intensamente población y actividades.

La reconstrucción implica actuar en el corto plazo, alcanzar la nueva normalidad que sea la base para la reactivación económica, pero con una visión de transformación estructural a medio y largo plazo. Para las zonas más afectadas por los retos demográficos, recuperar la normalidad anterior a la pandemia es el paso inicial, pero no es, en ningún caso, suficiente.

La reconstrucción es una oportunidad para la reactivación económica de las zonas que se enfrentan a los retos demográficos de la despoblación o el envejecimiento. Y es una necesidad para garantizar que estamos más preparados ante futuras crisis o emergencias.
Reconstruir, en las zonas del reto demográfico, supone trabajar para que haya más actividad económica, más población, más servicios y, sobre todo, más oportunidades en las áreas despobladas y envejecidas. Pero es vital que la reconstrucción social y económica no sólo no deje atrás a las zonas rurales y/o más despobladas de nuestro país, sino que apueste por revitalizarlas y aprovechar su enorme potencial y diversidad para construir un modelo económico más justo, más pegado al territorio y más resiliente.

Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

90. Completar la digitalización del territorio, de banda ancha y móvil, y promover un despliegue territorialmente inclusivo de las infraestructuras y servicios 5G. Hay que garantizar la conectividad de banda ancha e Internet móvil en todos los municipios del país y asegurar que llegue a las explotaciones agrarias y ganaderas, que en muchas ocasiones se encuentran alejadas de los municipios a los que pertenecen. Este despliegue final es imprescindible para lograr la trasformación tecnológica y digital de la producción agraria.
La elaboración de un nuevo Plan para la Conectividad de la Economía, Sociedad y Territorios, para que tanto empresas como ciudadanos puedan desarrollar sus actividades laborales, empresariales, educativas o de ocio, ya sea desde una gran urbe como desde una pequeña aldea.

91. Recuperar la actividad económica que se ha visto afectada por la pandemia y las medidas tomadas para contenerla, con medidas de:
1. Impulso de la actividad industrial en zonas rurales: innovación, crecimiento, digitalización.
2. Digitalización y modernización de la actividad agraria.
3. Desarrollo de una Estrategia de Turismo Sostenible en el medio rural y áreas de interior.

92. Impulsar sistemas económicos locales que favorezcan un crecimiento sostenible e innovador, basado en la digitalización, la transición ecológica y la calidad de vida.

93. Impulsar aquellos territorios que, por la intensidad de sus desequilibrios demográficos (despoblación, envejecimiento, masculinización, baja densidad…), requieren de estrategias territoriales integradas de revitalización económica y social, a través de:
1. Planes integrales de innovación territorial.
2. Mapa de áreas prioritarias ante el reto demográfico, identificando las mismas en función de la baja densidad y de acuerdo con criterios objetivos y consensuados, teniendo en cuenta la gravedad del problema demográfico y diferenciando entre los distintos niveles de intensidad y la persistencia del problema.
3. Oficinas de lucha contra la despoblación con funciones de acompañamiento al emprendimiento, la creación de empresas en las zonas rurales y su posterior consolidación en las 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente.
4. (nuevo) El desarrollo de las estrategias locales, regionales y estatales a favor de la repoblación rural y la lucha contra el despoblamiento tendrá en cuenta entre otras iniciativas la experiencia y la infraestructura de los más de 250 Grupos de Acción Local y Desarrollo Rural que existen en España.

94. Definir y aprobar un modelo de gobernanza multinivel, que facilite la reconstrucción y el desarrollo del plan de revitalización económica en las zonas más afectadas por el reto demográfico, que promueva la coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno territorial, y que impulse la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos.

95. Desarrollar políticas públicas de transporte, bajo un criterio mallar, en colaboración con el sector privado que garanticen la cohesión y vertebración territorial de nuestro país.
Especialmente en las zonas rurales, se deben buscar soluciones que den respuesta a las necesidades reales de movilidad y transporte de los ciudadanos con la utilización más eficiente de los recursos públicos.
La acción pública debe centrarse en mejorar el acceso de los residentes de las áreas despobladas a los servicios básicos, sin la necesidad de disponer de un vehículo privado.
Esta conectividad no debe identificarse con modos de transporte concretos, sino que para garantizarla deben tenerse en cuenta las necesidades reales de los usuarios y seguir criterios de eficiencia y de rentabilidad social, teniendo en cuenta que:
– Aunque las infraestructuras no son el único factor del desarrollo económico de un territorio, su carencia sí que es un factor limitante para el mismo. De manera que el desarrollo de infraestructuras del transporte se ha demostrado como condición necesaria para garantizar el desarrollo socioeconómico de las zonas de interior.
– Las investigaciones más recientes demuestran que el PIB per cápita de cada municipio se asocia a zonas de mayor accesibilidad por carretera o ferrocarril. Con perspectiva histórica, se puede afirmar que las infraestructuras de transporte fortalecen el poblamiento y mantienen la población en el medio rural.

96. Para mejorar el impacto social y territorial de la movilidad y las infraestructuras, encargar a la Oficina Nacional de Evaluación el diseño de mecanismos que aseguren que la toma de decisiones en la planificación de infraestructuras sea rigurosa, teniendo en cuenta los impactos reales y la rentabilidad social y económica, con criterios medibles y evaluables de las inversiones en la mejora efectiva de los territorios, primando la cohesión territorial y reforzando los derechos de las personas.

97. Abordar la despoblación con especial incidencia en la igualdad de género, visibilizando el trabajo de la mujer en las zonas rurales, mediante una nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras en el medio rural y un acceso real a la propiedad, mediante la titularidad compartida.

98. Potenciar en las zonas rurales, en el marco de la transición ecológica, la inversión en la industrialización de las zonas rurales en actividades de fuerte presencia de I+D+i que sean respetuosas con el medio ambiente, así como con la salud de la población.
98. bis (nueva). Asegurar el acceso a la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios administrativos y financieros, así como la calidad de los mismos.
98. ter (nueva). Promoción de la vivienda y desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas más afectadas por la despoblación, en materias como:
1. Rehabilitación del patrimonio construido y mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario.
2. Promoción del parque público de vivienda en alquiler.
98. quáter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.

La crisis derivada del COVID-19 ha sometido a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, paralizado las cadenas de suministro globales, y creado una fuerte volatilidad financiera ante el escenario de incertidumbre radical derivado del nuevo virus y sus efectos.

La pandemia ha supuesto un shock combinado de oferta y demanda, con paralización de la actividad, el comercio internacional y el consumo. Una paralización necesaria para salvar vidas, pero que requiere al mismo tiempo de una importante movilización de recursos públicos con el fin de minimizar los efectos destructivos en empleo, rentas y liquidez de las empresas.

El 13 de marzo de 2020, la Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión. Como respuesta, España declaró un estado de alarma e introdujo numerosas medidas de emergencia. Una semana después, el 20 de marzo, la Comisión suspendía temporalmente el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, propiciando que se priorizara así la movilización de recursos públicos para afrontar la pandemia.

Los efectos del COVID-19 sobre las arcas públicas implican a corto plazo tanto una fuerte elevación del gasto público, resultado de financiar las medidas de emergencia, como en un desplome de los ingresos, por el cese abrupto de actividad, así como por las medidas de alivio fiscal. Al respecto, será importante que a medio y largo plazo la caída de ingresos no afecte a la cobertura sanitaria de las personas ni a una merma del Estado de bienestar. Para ello, nuestro país requiere de una reforma de sus ingresos que reduzca su margen o gap con respecto a la media de la eurozona.

Asimismo, será imprescindible revisar la propia estructura del gasto público, a través de mecanismos de evaluación de políticas públicas (spending review) que permitan medir y mejorar la eficiencia de las inversiones realizadas y, con ello, la calidad de los servicios prestados.

España tiene una proporción de ingresos públicos con relación al PIB del 39,2%. Más de siete puntos porcentuales menos que la media de la eurozona (46,5%), y muy por debajo de países como Francia, Finlandia, Dinamarca o Suecia. En 2018 España fue el décimo país de la eurozona con menor capacidad de recaudación. Junto a ello, el volumen de gasto público español sobre el PIB también se encuentra por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea. En concreto, éste representa un 41,7% del PIB, frente al 47% registrado en la eurozona en 2018, el 56% de Francia o el 53,1% de Finlandia.

En este sentido, nuestra política fiscal habrá de avanzar en términos de mayor capacidad recaudatoria, con una menor distancia entre los tipos impositivos nominales y los efectivos, con una fuerte reducción del fraude fiscal (dado que mantiene también un importante gap con los países de nuestro entorno), pero también con una mayor capacidad recaudatoria guiada bajo criterios de progresividad, en línea con lo marcado por el artículo 31 de la Constitución.

Y habrá de ser una fiscalidad mejor adaptada y acorde a la realidad económica, tecnológica, social y de transición ecológica en la que vivimos. Una fiscalidad, por tanto, más justa y redistributiva, para asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en el conjunto de la ciudadanía, pero más en quienes más lo necesiten. Una mayor igualdad y prosperidad a través de un Estado de bienestar sólido, con unos servicios públicos de calidad que permitan eliminar la brecha social que ha generado la crisis sanitaria por el COVID-19, pues ésta afecta en mayor medida a los colectivos más vulnerables. Una fiscalidad comprometida también con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo, en un contexto de avance en la armonización fiscal con la Unión Europea.

Por ello, es preciso actuar, tanto en el corto como en el medio plazo, con el objetivo de reformar nuestro sistema fiscal con un único objetivo: garantizar la pervivencia y la solidez de nuestro sector público, y especialmente fortalecer nuestro gasto público social.
En este bloque se tendrá en cuenta la especificidad fiscal vasca y navarra y por tanto se garantizará que las propuestas contenidas específicamente en este bloque se trasladarán y consensuarán en la Comisión Mixta del Concierto y Comisión del Convenio, atendiendo a la necesaria relación de bilateralidad. Así mismo se garantizará la participación de las Haciendas Forales en el ámbito europeo respecto de las decisiones y medidas de sus competencias e intereses.

También se debe de incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, todas las medidas, cada una de las que se adopten, necesitan incorporar el alcance del impacto de género que produce, si queremos que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres.

Propuestas de Resolución:

99. Reducir la brecha fiscal con Europa. El Estado español tiene unos ingresos fiscales sobre el PIB más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro. Esto supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer el Estado del bienestar o el modelo productivo. Para reconstruir social y económicamente el Estado español, es indispensable reducir esta brecha, sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas españolas e implementar medidas tales como un impuesto a las transacciones financieras que realmente grave los productos más especulativos, como los productos derivados y las operaciones de alta frecuencia.

100. Avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre, eficiencia y progresividad de nuestro sistema fiscal, de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen, para que reciban más quienes más lo necesitan.

101. Desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde, basada en costes asociados a las emisiones de CO2 de las energías y armonizada en todo el territorio nacional y a nivel comunitario, según las recomendaciones de la Unión Europea, de manera que ayude a impulsar un crecimiento económico sostenible al internalizar las externalidades negativas resultado de la contaminación, e incentive así las actividades más respetuosas con el medio ambiente, aproximando nuestra fiscalidad medioambiental a la de otros Estados miembros de la Unión Europea.

102. Fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional. Una lucha contra el fraude fiscal que a medio plazo sirva para un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, un incremento de la recaudación y una reducción de la brecha fiscal con Europa, a la vez que se mejoran los sistemas de control y diseño de los impuestos para evitar el fraude fiscal. Para ello se revisará la configuración del delito fiscal, para endurecer las penas y limitar los supuestos en los que se puede rebajar la pena mediante el pago, se adoptarán las medidas de sensibilización fiscal de la ciudadanía y concienciación social tributaria, incluyendo su introducción en los contenidos curriculares y se implantará la obligación que todas las empresas y entidades que reciban ayudas públicas, tengan que declarar el importe de los impuestos que pagan y ante que administraciones tributarias.

103. Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, mediante un Plan de Acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la revisión del gasto público (spending reviews) y elaborar planes de implementación de sus recomendaciones, que permitan la eficiencia del gasto público.

104. Estudiar en el marco jurídico vigente la posibilidad:
a) Permitir de manera inmediata que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávits y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020, y posibilitar su aplicación en inversiones y gastos no financieros para hacer frente a las necesidades puestas de manifiesto por esta crisis.
b) Durante los ejercicios 2020 y 2021 la regla del gasto no será de aplicación para las corporaciones locales.
c) En aplicación del principio de subsidiariedad una parte de los fondos europeos deberán ser gestionados por las corporaciones locales y comunidades autónomas.
104. bis (nueva). Impulsar la reforma del sistema de financiación autonómico para que todas las comunidades autónomas dispongan de una financiación adecuada y puedan prestar los servicios públicos de manera equitativa. Para ello, el Gobierno presentará antes de final de año un esquema del nuevo sistema de financiación autonómica que resuelva las deficiencias del sistema vigente.

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia en la búsqueda de soluciones en muchos ámbitos: sanitario, social, económico, político, global… Por otro lado, a nadie escapa que es unánime el diagnóstico sobre la importancia capital de las inversiones en conocimiento e innovación para asegurar la sostenibilidad de la economía y el Estado de bienestar.

En este momento de reconstrucción, de reactivación tras la pandemia, nos encontramos con un sistema de ciencia, tecnología e innovación debilitado que necesita de un refuerzo urgente y de reformas estructurales.
Recordemos que la ciencia y la innovación son las palancas de la modernización del país que aseguran el bienestar del futuro, la educación, la sanidad y las pensiones del mañana. Es evidente, entonces, el papel de la investigación y la innovación para garantizar el bienestar social y económico de la ciudadanía, motivo por el cual las inversiones en I+D+i son claves para impulsar futuras oportunidades de reactivación y de crecimiento, tanto económicos como laborales.

Para impulsar esta reactivación es indispensable trabajar desde diferentes “puntos de apoyo” con un mismo objetivo, para dar más agilidad y flexibilidad al sistema. Y el primero de ellos es la búsqueda de la unidad, de un pacto que haga posible que la ciencia y la innovación, su inversión, se sitúe donde debería de estar, en su punto óptimo; así como preparar una estrategia que coordine tales esfuerzos.

Pero son necesarios más puntos de apoyo como definir una carrera científica predecible para las y los investigadores desde el inicio, con contratos estables y evaluaciones justas e inclusivas. Pues sin un personal preparado y motivado, sin científicas y sin científicos, difícil es ejercer presión sobre una palanca, por muy moderna que ésta sea y así mover el mundo. Y para ello, además, es necesario e importante reforzar también los instrumentos para favorecer la competitividad y el carácter innovador de las empresas y avanzar en una investigación biomédica y en salud pública mejor preparada. Pues la ciencia y la innovación es cosa de todos. Así, es primordial fortalecer y multiplicar los instrumentos para el fomento de la inversión privada en I+D+i. Y es especialmente ahora que la economía española necesita un relanzamiento inmediato basado en el conocimiento, capaz de mantener y desarrollar las capacidades y la competitividad de nuestras empresas.

Finalmente, es vital la necesidad de reforzar las capacidades de investigación en enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica, directamente relacionada con el control de pandemias como la del coronavirus. También en este contexto son esenciales los avances en medicina de precisión o personalizada, siendo de una gran utilidad para acelerar el conocimiento de esta y futuras emergencias sanitarias, gracias a la posibilidad tecnológica de interrelacionar los datos clínicos y genómicos de los pacientes y así encontrar mejores prácticas clínicas.

La ciencia y la innovación son las principales palancas de progreso social y económico, como demuestra la correlación entre el bienestar de un país y su inversión en I+D+i. Ante el protagonismo y el interés social y económico que ha despertado la ciencia y la innovación, es la hora de llegar a acuerdos para estas reformas pendientes sobre las que hay un gran consenso académico, y también político.

Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

105. Lograr un Pacto por la Ciencia y la Innovación para que éstas se desarrollen en un contexto sostenido y predecible y se incremente la inversión total en I+D+i hasta la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura.
● Aumento de las partidas destinadas a los contratos pre-doctorales y postdoctorales ofertados por el sistema público de ciencia e innovación, incrementando tanto su calidad en términos de estabilidad y remuneración como su cantidad.
● Aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación, especialmente en las líneas estratégicas del Plan de Reconstrucción del país.
● Mejora de la financiación estructural de los OPIs, el CSIC y los institutos de investigación universitarios.
105. bis (nueva) Promover y establecer un compromiso presupuestario claro y significativo en las partidas destinadas a Ciencia e Innovación en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se propone aumentar la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado y avanzar hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada. Las cuantías para Ciencia en I+D+i se incrementarán en el ámbito civil. Se aumentará el peso de las partidas destinadas a la inversión directa respecto al peso relativo de los créditos.

106. Avanzar hacia una nueva orientación de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 que defina una coordinación efectiva de las inversiones de I+D+i entre los diversos organismos financiadores.
106. bis (nueva). Siguiendo la idea de Estado Emprendedor, impulsar políticas industriales y de I+D+i que conviertan a nuestro país en una región fuertemente innovadora. Para ello, se fomentará la colaboración sinérgica entre Organismos Públicos de Investigación (OPI) y empresas, se impulsará el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y los centros tecnológicos agrupados bajo la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) siguiendo el modelo del Instituto Fraunhofer alemán y se pondrán en marcha fondos públicos de capital riesgo que financien proyectos empresariales de innovación disruptiva a medio plazo. Estos fondos deben ser financieramente sostenibles gracias al establecimiento de acuerdos que impliquen el cobro de royalties.

107. Fortalecer y multiplicar los instrumentos para el fomento de la inversión privada en I+D+i.

108. Reforzar el papel de las universidades en su contribución a la ciencia y al desarrollo de la I+D+i.

109. Definir una carrera investigadora desde el inicio, con contratos dignos y estables y evaluaciones justas e inclusivas, mediante un nuevo Estatuto del Personal Investigador que establezca unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase. Resulta necesario instaurar un modelo abierto alineado con los países de nuestro entorno y que deberá prever un control exhaustivo de todo el proceso de incorporación.

110. Continuar mejorando la gestión de los proyectos científicos con medidas que hagan más eficiente el trabajo de los investigadores.

111. Reforzar la investigación en enfermedades infecciosas y en vigilancia epidemiológica que realiza el Instituto de Salud Carlos III.

112. Finalizar y aprobar la Estrategia Española de Medicina de Precisión, que será pilar central en el uso de los nuevos fondos públicos.

113. Crear un Comité Permanente de Asesoría Científica que desarrolle una labor de consejo científico a las decisiones de Gobierno, y que dé servicio a todas las demás instituciones autonómicas y locales.
113. bis (nueva). Fomentar la investigación aplicada. Centrar las políticas de innovación en las necesidades de la industria, de tal manera que las empresas y las infraestructuras del conocimiento coadyuven.
113. ter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.
113. quáter (nueva). Apoyar la I+D en áreas o sectores emergentes tales como salud, envejecimiento, ecología, cambio climático, industria 4.0, automatización, nuevos materiales, ciberseguridad….
113. quinquies (nueva). Fomentar la colaboración público privada a través de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental.
113. sexies (nueva). Agilizar y simplificar los procedimientos de gestión de la ciencia e innovación, aligerando las barreras administrativas existentes.

El sistema financiero juega un papel clave en cualquier economía avanzada, permitiendo una eficiente canalización de los ahorros hacia las necesidades de inversión. Sin un buen funcionamiento del sistema financiero, las empresas, autónomos y hogares no podrían llevar a cabo los proyectos que permiten el progreso económico del país. Es fundamental garantizar la máxima inclusión financiera, asegurando que ningún agente, ya sea pyme, autónomo o particular, queda al margen del acceso a la financiación y, por tanto, ve imposibilitado el desarrollo de sus proyectos empresariales o personales. Por otro lado, un sistema financiero nunca jugará correctamente el papel que le ha sido asignado si no se establecen los mecanismos de salvaguarda necesarios para la protección del cliente financiero.

Asimismo, la calidad del sistema financiero depende también de un adecuado sistema de supervisión y regulación. En este sentido, tras la crisis de 2008 se han dado algunos pasos importantes, como la supervisión directa de los grandes bancos de la eurozona por el Banco Central Europeo (entre ellos 12 entidades españolas), así como la creación del Mecanismo Único de Resolución (MUR), y con él la Junta Única de Resolución (JUR), además del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Estos dos mecanismos, el MUR y el MUS, son dos pilares de lo que será la unión bancaria en la Unión Europea.

No obstante, España mantiene aún la estructura de supervisión previa a la crisis, siendo uno de los pocos países de la Unión Europea con tres organismos supervisores: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), y cuyas competencias en ocasiones se solapan entre sí. Frente a esto se hace necesaria una reforma integral del modelo de supervisión financiera hacia otro con dos organismos gestores y centrados en tareas específicas, modelo conocido como “twin peaks”. Habría, por tanto, un organismo centrado en la vigilancia en materia de solvencia del sector financiero, y otro dedicado a supervisar las operaciones de venta de productos y servicios financieros.

Propuestas de Resolución:

114. Impulsar el emprendimiento, la creación y crecimiento de las empresas, mediante el apoyo al desarrollo de losmercados y los instrumentos de financiación pública y privada y la reforma de la arquitectura financiera del Estado, concentrando recursos y capacidades alrededor de los mecanismos públicos de crédito para aumentar su impacto y su capacidad de canalizar fondos de la Comisión Europea y las Instituciones Financieras Internacionales.
114. bis (nueva) Adoptar una estrategia decidida de apoyo a las empresas innovadoras, implementando las siguientes medidas:
1. Desarrollar una Ley de start-ups y empresas innovadoras, enfocada principalmente a afrontar los principales problemas de este tipo de compañías: el acceso a la financiación, la atracción y retención del talento, el exceso de burocracia y la consolidación de su negocio a través de la colaboración con las grandes empresas tecnológicas.
2. Implementar medidas económicas y financieras urgentes de protección a las empresas innovadoras y que más invierten en I+D+i para evitar su desaparición en la crisis motivada por el COVID-19, como la eliminación total de requisitos de avales durante 2020 para proyectos empresariales en todas las líneas de ayudas de I+D+i estatales, incluyendo proyectos en curso.
3. Acelerar la aprobación de la regulación del sandbox, para facilitar la introducción de productos y servicios innovadores en todos los ámbitos económicos relevantes.

115. En particular, fortalecer el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para continuar su desarrollo como herramienta de financiación y, por tanto, garantía de liquidez, para la actividad económica y empresarial.
115. bis (nueva) Desarrollar medidas adicionales que aseguren una financiación suficiente y estable a la Ciencia e Innovación de nuestro país. En particular, se implementarán cuantas medidas sean necesarias para asegurar que los fondos europeos destinados a España en la nueva programación 2020-2027 refuercen, mediante programas plurirregionales específicos, el desarrollo de proyectos científicos y de innovación, y en especial se destinen a la estabilización y retorno del personal investigador.

116. Tramitar una nueva Ley del Mercado de Valores, para mejorar la percepción de la seguridad jurídica de los operadores de mercado y permitir así un mejor desarrollo de los mercados de capitales en España, como fuente de financiación alternativa al sistema bancario.

117. Acelerar la tramitación del Proyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, con el fin de poder responder adecuadamente a los retos derivados de la revolución digital.
117. bis (nueva). Adopción de medidas específicas que garanticen el acceso a la financiación de empresas de alto grado de innovación, ya que sus activos suelen ser más intangibles y, por tanto, la solvencia de sus balances más débil.
117. ter (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.

Política comercial internacional

La pandemia del COVID-19 representa una perturbación sin precedentes en el comercio internacional debido a la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. La Organización Mundial del Comercio prevé una reducción del comercio mundial de mercancías entre un 13% y un 32% en 2020 debido a la crisis sanitaria. También el comercio de servicios podría ser el más directamente afectado por el COVID-19 debido a la imposición de restricciones al transporte y los viajes. Para 2021 se prevé una recuperación del comercio mundial, pero dependerá de la duración del brote y de la eficacia de las respuestas para estimular la economía.
El comercio internacional será un componente importante de las perspectivas de recuperación y crecimiento mundiales. En consecuencia, la internacionalización de nuestras empresas puede ser una palanca para la recuperación económica y para ello es necesario reforzar los instrumentos de apoyo a la internacionalización y diversificar mercados y productos.

Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción

El sector de automoción en España representa el 10% del PIB (incluyendo distribución y actividades anexas) y el 19% del total de las exportaciones españolas. La industria genera 100.000 empleos directos y otros más de 2,5 millones de puestos de trabajo están ligados al sector. Por ello, el sector de automoción está considerado como estratégico en la agenda del Gobierno por su importante peso en el PIB y en el empleo, pero también por su contribución a la vertebración territorial de nuestro país.
Es el tercer sector industrial de España, tras alimentación y química, y primer sector exportador, con un claro efecto tractor en otras industrias como la del refino y los bienes de equipo.

España es una potencia industrial en la fabricación, siendo el 2º mayor fabricante de automóviles de Europa y el 8º a nivel mundial y muy valorado por sus altos niveles de productividad y calidad de sus plantas. Prueba de ello es que las primeras marcas del sector están establecidas en España como Groupe PSA, Seat, Renault, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, etcétera.
Sin embargo, la industria de la automoción, altamente dependiente de las cadenas de suministros globales, ha sido un sector muy afectado durante la crisis del COVID-19, tanto en las plantas de fabricación como a nivel comercial, llegando a parar totalmente su actividad. A esta situación, se le añade una gran incertidumbre sobre la evolución del mercado europeo e internacional y de potenciales nuevas inversiones en centros de decisión de los principales fabricantes que no están en nuestro país.
No hay que olvidar que el sector de la automoción se encuentra inmerso en grandes inversiones como consecuencia de su adaptación y transformación hacia la descarbonización y los nuevos modelos de movilidad, con vehículos eléctricos y mayor sencillez de componentes y fabricación, el reto de la conectividad, la entrada de nuevos actores en el mercado, y con una transformación en el modelo de prestación pasando de la propiedad al uso.

Por todo ello, una de las prioridades del Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica debe ser realizar un esfuerzo colectivo de administraciones, empresas y trabajadores con el objetivo último de mejorar la productividad, preservar nuestras capacidades productivas en la automoción e impulsar la recuperación tras esta crisis sin precedentes.

Plan de impulso del sector turístico

El sector turístico es uno de los motores de la economía española. Aporta el 12,3% del PIB y emplea al 12,7% del total de afiliados a la Seguridad Social en España. Al mismo tiempo, es una herramienta de cohesión social, de desarrollo económico y de fijación de población. Ha de ser por ello un sector prioritario en el Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica, tanto para afrontar medidas de choque a corto plazo ante el fuerte impacto de la pandemia sobre esta actividad, como también para su modernización y diversificación de modo que nuestro país se mantenga a la vanguardia en términos de competitividad internacional. Una modernización basada en dos ejes principales: sostenibilidad y transformación digital.

Plan reactivación de la Hostelería

La hostelería en España representa en torno a 1,6 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 8,8% del total de afiliados a la Seguridad Social. En estos momentos más de un millón de trabajadores de la hostelería están protegidos por ERTE (55%) y prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos (17%). El Gobierno ha desvinculado la duración de los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma.

Una vez controlada la crisis sanitaria e inmersos en el proceso de desescalada es el momento de reactivar la actividad de la hostelería de forma segura. Hay que empezar a mirar al futuro, a ese horizonte que cada día está más cerca, para poder trasmitir la confianza necesaria a los consumidores para volver a los restaurantes, cafeterías y bares, a los que han de sumarse también las empresas de colectividades y catering que tanto nos aportan.

La hostelería, y más concretamente el subsector de la restauración, es uno de los principales referentes de nuestro estilo de vida; es parte de nuestras costumbres y nuestra forma de socializarnos, escenario de encuentros con familia, amigos, compañeros… y testigo de algunos de los momentos más especiales de nuestras vidas.

La gastronomía es, además, un factor de creación de PIB, de atracción de turismo y de apertura de mercados de exportación.
Es pues el momento de apostar por medidas de reactivación de la hostelería que se alinee con los principios de sostenibilidad y digitalización. El principio de sostenibilidad se está introduciendo en la restauración de una forma constante.
Una de las filosofías con mayor capacidad de extensión es la conocida como “Zero Waste”, o de desperdicio cero, que basa gran parte de su aplicación en la elaboración de recetas que aprovechan todo aquello que normalmente desestimamos, bien por su apariencia o por no conocer elaboraciones alternativas.

En relación con la digitalización del sector, aprovechar el Big Data o macrodatos, para conocer mejor a los clientes cada vez más híperconectados y, por ende, poder realizar la toma de decisiones con la máxima y mejor información disponible.
Finalmente, el sector requiere de una capacitación permanente de sus trabajadores para mejorar su competitividad y ofrecer experiencias únicas.
Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

118. Revertir las medidas arancelarias y no arancelarias establecidas antes de la pandemia del COVID-19, en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

119. Trabajar para reformar y modernizar la Organización Mundial del Comercio, institución central del sistema multilateral de comercio, para adaptarla a los retos del comercio internacional del siglo XXI, así como para favorecer la estabilidad y predictibilidad de las relaciones comerciales internacionales.
119. bis. (nueva) Se pondrán condiciones ecológicas y sociales vinculantes para los acuerdos comerciales y de inversiones de generación post-COVID-19 negociados por la Unión Europea. En particular, cumplirán y ayudarán a cumplir con el Acuerdo climático de París y la Agenda 2030.

120. Respaldar la ambiciosa agenda comercial de la Unión Europea con el objetivo de lograr acuerdos comerciales profundos y globales a través de la promoción de una política comercial progresista e inclusiva que trate de ampliar los estándares sociales y medioambientales europeos.

121. Aprobar el III Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, que tendrá como objetivos prioritarios los siguientes:
1. Aumento de la propensión a exportar y aumento de la base de empresas que exportan regularmente, especialmente de las pymes.
2. Diversificación de los mercados de destino de la exportación y de la inversión, buscando promover la implantación de nuestras empresas en sectores estratégicos en determinados mercados.
3. Incremento del valor añadido de las exportaciones e incorporación de nuestras exportaciones en las cadenas globales de valor.
4. Aumento de la atracción de inversión extranjera.
5. Incrementar la contribución a la lucha contra el cambio climático y el fomento de la sostenibilidad.

122. Desarrollar el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción, “Hacia una Movilidad Sostenible y Conectada”, elaborado por el Gobierno y apoyado por los sindicatos y las principales asociaciones del sector.

123. (suprimida)

124. Implementar el Plan de Impulso del Sector Turístico “Hacia un turismo seguro y sostenible post-COVID-19”, en coordinación con las comunidades autónomas y en colaboración con el sector, y continuar su transformación hacia un modelo basado en la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística y la digitalización.

125. Potenciar la promoción de España como destino turístico seguro y sostenible, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la demanda.

126. Reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para desarrollar proyectos innovadores y sostenibles.
126. bis (nueva). Plan de Turismo Rural, de Interior, Ecoturismo y Turismo Cultural. El Plan debe incluir reducciones del IVA para ayudar a alcanzar el potencial pleno de España en estas áreas y contribuir a la transformación del sector desde una perspectiva ecológica ambiciosa.
126. ter (nueva). Avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible, eficiente y justo con las personas empleadas, y adaptado a las realidades locales. Este modelo debe asegurar que el sector cumple con los mínimos del Acuerdo de París. En particular, se promoverá un cambio en los patrones de consumo turístico y en los de movilidad para adaptarlos a una economía más local, donde la calidad prime sobre la cantidad, con especial atención en evitar los procesos de masificación y sobreexplotación de recursos. Se apoyará la creación de empleo y el emprendimiento a partir del consumo local y de cercanía, para que el turismo se erija realmente en un catalizador de desarrollo y prosperidad para las comunidades locales. Se favorecerán los circuitos de producción y consumo locales en el abastecimiento de los destinos turísticos a través de productos «Km 0». Se informará sobre las emisiones de CO2 generadas por y para todos los servicios relacionados con el turismo. Se reducirá el uso del plástico en toda la cadena de valor del turismo (hoteles, restaurantes, empresas de tours, transporte, guías, etc.).

127. Aprobar un Programa de Formación de Trabajadores de la Hostelería en coordinación con las comunidades autónomas y el sector.

128. Estudiar en el marco del diálogo social, la posibilidad de extender las medidas laborales de flexibilidad interna de forma específica a la hostelería, permitiendo la reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de recuperación de la actividad, así como establecer incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en sectores donde la actividad no se recuperará por completo.

129. Potenciar la promoción de la hostelería como establecimiento seguro y sostenible, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la demanda.
130. Potenciar en los establecimientos el “Zero Waste”, desperdicio cero.

131. Apostar por la integración de las nuevas tecnologías y la digitalización en la hostelería en colaboración con el tejido empresarial y con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, estableciendo la colaboración necesaria para proyectos innovadores de digitalización.
131. bis (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, preven la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.

La cultura, además de un conjunto muy diverso de actividades de indudable relevancia social resulta también una importante actividad económica en nuestro país. Una actividad que según el Anuario de Estadísticas Culturales 2019 aportó un 3,2% del PIB, con un total de empresas dedicadas principalmente a la cultura que supone un 3,7% sobre el total y 690.300 empleos directos (un 3,6% del empleo total). A estos datos habría que sumar las aportaciones económicas de la cultura de forma indirecta, como por ejemplo el impacto sobre el Turismo, uno de cada cuatro viajes de residentes (el 24,2%) y más de uno de cada tres entre los no residentes (37,4%) incluyeron actividades culturales, con un gasto agregado entre ambos que superó los 21.000 millones de euros (7.726,4 y 13.341,1 millones de euros respectivamente).

Pero la cultura es también creación literaria, es la industria cinematográfica y el teatro, música, educación… Es la conservación de un rico patrimonio, tanto material como inmaterial. En definitiva, un amplio y muy variado conjunto de actividades que, al contrario de lo que en ocasiones se afirma, tiene un bajo impacto en términos de gasto público. Así, lejos de ser un sector “que vive de subvenciones”, el gasto público de la Administración General del Estado representó en 2018 un 0,06% del PIB, un 0,10% del PIB en el caso de las comunidades autónomas y un 0,28% del PIB por parte de la Administración Local.

Sin embargo, la cultura ofrece un importante potencial de impulso económico y creación de empleo en un cambio de modelo productivo que tenga en el conocimiento y la creatividad sus principales fundamentos. Aprovechar todo ese potencial exige poner el acento en el papel primordial que desempeñan las y los artistas, creadores y demás trabajadores de la cultura.

Por ello, la protección y fomento del artista y del creador ha de ser fundamental, y ha de desarrollar plenamente las conclusiones de la subcomisión parlamentaria que elaboró en 2018 el denominado Estatuto del Artista.

Pero mientras se logra, el sector cultural es uno de los principales afectados por el COVID- 19, y por ello se aprobó el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, con medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia, que introdujo una prestación extraordinaria por desempleo para los artistas en espectáculos públicos y una inversión directa de 76,4 millones de euros. Unas medidas que necesitan todavía completarse.

En todo caso, los efectos de la pandemia también han hecho aflorar la gran variedad de situaciones laborales de los artistas y de los creadores, situaciones que requieren una regulación jurídico-laboral muy específica y, sobre todo, una adecuación de las coberturas de la Seguridad Social. Al estallar la crisis pandémica la variedad de situaciones laborales y económicas ha dificultado dar una respuesta rápida al desempleo en que han quedado muchos artistas. Por este motivo, si en 2018 era necesario proporcionar a los artistas un estatuto laboral digno y fácil de gestionar, en 2020 esa necesidad se acrecienta porque los artistas y creadores se han visto en situaciones graves a causa, como se ha dicho, de la gran variedad de situaciones profesionales que hacen difícil su reconducción a las categorías usuales de la contratación laboral y de la afiliación a la Seguridad Social.

De cara al futuro, hay que apostar por la cultura como un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social. Reconocer la cultura como un bien de primera necesidad implica tanto garantizar su acceso en la mayor diversidad posible como reconocer los derechos laborales y la dignidad de quienes trabajan en cultura. Al final de la legislatura deberíamos ver significativamente incrementado el número de personas empleadas en el sector cultural.

Además de la generación de empleo directo y el abandono para una gran parte del tejido de la economía informal, se trata de realizar una inversión económica estratégica, que convierta a España en referente internacional. Como se ha dicho, ahora mismo, en condiciones de importante precariedad, la cultura genera algo más del 3,2% del PIB. Además, la riqueza lingüística de nuestra creación cultural, tanto por el alcance del castellano (la comunidad hispanohablante supone el 7,6% en todo el mundo) como por el resto de lenguas propias del Estado, colocan a España como país exportador de cultura en una situación privilegiada. Toda la potencialidad y talento, además del éxito con el que ya cuentan las producciones culturales españolas fuera de nuestras fronteras, tienen que verse acompañadas por una apuesta económica sin precedentes en el sector, para que podamos hablar de una primavera cultural.

Se deberá tener en cuenta la diversidad, tanto en lo referente a la estructura económica específica como en la distribución de competencias, ya que numerosos asuntos contenidos en este programa residen, en parte o en exclusiva, en las comunidades autónomas, por lo que se garantizará su participación en aquellos asuntos relativos a sus competencias e intereses tanto en el diseño de las políticas de reformas, proyectos, planes e inversiones y elaboración de los proyectos de ley así como en su posterior ejecución. Asimismo se deberán sincronizar las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales.

También se debe incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las medidas de reactivación económica. La crisis provocada por la pandemia ha dejado claro que ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres y también ha visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar. Por tanto, cada una de las medidas que se adopten necesitan incorporar el alcance del impacto de género que producen y la interseccionalidad con el fin de que la reconstrucción y la recuperación lleguen por igual a mujeres y hombres y a todas las personas.

Propuestas de Resolución:

132. Apostar por la cultura como un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social. Reconocer la cultura como un bien de primera necesidad implica tanto garantizar su acceso en la mayor diversidad posible como reconocer los derechos laborales y la dignidad de quienes trabajan en cultura. Al final de la legislatura deberíamos ver significativamente incrementado el número de personas empleadas en el sector cultural. Además de la generación de empleo directo y el abandono para una gran parte del tejido de la economía informal, se trata de realizar una inversión económica estratégica, que convierta a España en referente internacional.

133. Promover un Plan estratégico de I+D+i en cultura digital para el fortalecimiento de las industrias culturales y recreativas, la trasformación del sector audiovisual y el fomento de la creación digital basado en cuatro pilares fundamentales: educación, formación, creación digital e internacionalización, con el fin de orientar las políticas culturales en paralelo a la transformación tecnológica del sector cultural y, con ello, el impulso al desarrollo y competitividad de las industrias culturales y creativas de nuestro país.

134. Impulsar un Plan de Igualdad en el ámbito de la cultura.

135. Impulsar un Pacto de Estado por la Cultura, que proteja e impulse la actividad cultural, contribuya al desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, permita al sector aumentar su peso en el PIB, afiance un modelo sostenible de crecimiento y apoye a los jóvenes creadores.

136. Aprobar un Plan Integral de Apoyo al Sector de la Moda de Autor española para contribuir a la promoción e internacionalización de este sector, dentro de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Cultura.

137. (suprimido)

138. Promover y coordinar con el resto de administraciones las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, eliminando los obstáculos que se opongan a su plena integración.

139. Impulsar una nueva Ley del Deporte y definir el modelo del deporte español. En particular, la nueva Ley del Deporte, ya que la actual tiene casi 30 años, debe adaptarse a la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un seguimiento y de una asistencia a las competiciones muy importante, al mismo tiempo que las propias deportistas tienen que luchar día a día contra la desigualdad en su reconocimiento y en sus retribuciones. Por eso, se han de reconocer las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, dignificando sus condiciones laborales.

140. Considerar de interés general el deporte inclusivo de personas con discapacidad y los programas que lo promuevan.

141. Prolongar la duración del Acontecimiento de Excepcional Interés Público “Programa Deporte Inclusivo” y mejorar sus condiciones.
141. bis (nueva). Los objetivos, fines y medidas contenidos en este bloque se aplicarán respetando la distribución de competencias que, en relación a las materias que se consignan, prevén la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y en las Comunidades Forales, las normas atributivas de las mismas.