En mi intervención de hoy voy a realizar un análisis de fortalezas y debilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud, con la intención de colaborar a la mejora de su funcionamiento y para que estemos mejor preparados en caso de que vuelva algún rebrote o amenaza. La respuesta a la pandemia y el refortalecimiento del Sistema Nacional de Salud no va de heroicidades, señorías, sino de política sanitaria, organización y recursos, de identificar las debilidades y de tomar medidas concretas.
Dentro de las fortalezas de nuestro Sistema Nacional de Salud está el gran reconocimiento internacional que tiene, tanto por resultados en salud como por eficiencia y control de costes, diferentes organismos como la OMS, la Agencia Bloomberg, la prestigiosa revista The Lancet y el Banco Iberoamericano de Desarrollo, señalan a nuestra sanidad pública en los primeros puestos de las evaluaciones internacionales. Otra de las fortalezas es el gran apoyo ciudadano que tiene, los resultados de barómetros sanitarios son muy concluyentes, los ciudadanos prefieren un centro público sobre uno privado, y la mayoría cree que la sanidad está mejor gestionada si lo hace la administración pública. Lo mismo indica la Encuesta de Estudios Fiscales, donde la sanidad es el servicio público más apreciado por la ciudadanía. Otra de las fortalezas son los excelentes profesionales, tenemos una buena cualificación y un gran reconocimiento nacional e internacional. Y otra, sin duda, de las fortalezas de nuestro sistema es la atención primaria, como base y centro del sistema. La atención primaria, que es la base o el tronco del sistema, como se le quiera llamar, y que, a pesar de sus limitaciones debido a los bajos presupuestos, falta de recursos, recortes, poco desarrollo de la prevención y la promoción, resiste y sigue estando entre las mejores del mundo, sobre todo, y sin duda, por el empeño de sus profesionales.
¿Y, entonces, dónde radica el problema, señorías? Pues, según autores, el Sistema Nacional de Salud español, desde su comienzo en el año 1986, manifestó una contradicción, un sistema público financiado a través de los impuestos, pero, al mismo tiempo, rodeado de un sistema capitalista de libre mercado que lo observaba como una oportunidad de negocio. Estas tensiones no tardaron en manifestarse en el tiempo a través de políticas sanitarias y legislaciones como la Ley 15/97, que habilita nuevas fórmulas de gestión, y abre la puerta a la participación privada en la gestión de la asistencia sanitaria. También hay que hablar del Real Decreto 16/2012, donde se pierde la universalidad en la asistencia y se introduce el impuesto a la enfermedad, también llamado copago. Hay que comentar también que está parcialmente compensado en lo referente a lo de la universalidad en el Real Decreto 7/2018. A pesar de existir una ley de cohesión calidad del Sistema Nacional de Salud, las competencias sanitarias en nuestro Sistema Nacional de Salud están transferidas a los 17 sistemas de salud de las comunidades. Cada comunidad ha desarrollado políticas sanitarias diferentes, con mayor o menor grado de privatización de sus servicios, provocando gran heterogeneidad en los resultados y dificultando enormemente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, la relación entre el ministerio y las comunidades parece que se fundamenta en las competencias, se echa de menos más colaboración y coordinación. Parece que el ministerio y el consejo interterritorial intentan ejercer un liderazgo efectivo, pero la falta de herramientas, como la falta de un plan integrado de salud que reequilibre la sanidad entre las diferentes regiones, lo dificulta notablemente.
Vamos a empezar describiendo las principales debilidades del Sistema Nacional de Salud. La pandemia ha puesto en evidencia algunos problemas sobre nuestro sistema sanitario que arrastraba desde hace tiempo. Uno de ellos es la financiación, el gasto sanitario público es insuficiente, y en disminución constante en el periodo de la anterior crisis económica, de 2009 a 2018. Además, el gasto sanitario público está por debajo del gasto sanitario por habitante y año, promedio de la OCDE y la Unión Europea.
Otra cuestión es la gran diferencia de los presupuestos entre las diferentes comunidades autónomas, hay una media en los presupuestos de 1487 euros por habitante y año, con un rango superior para el País Vasco, que le dedica 1809 euros por habitante y año, y unos rangos inferiores en los que están situados las comunidades de Madrid y Cataluña, lo que provoca una diferencia de los dos últimos sanitarios de, aproximadamente, unos 617 euros por habitante y 572 euros por habitante, respectivamente. Estas diferencias provocan un obstáculo presupuestario para el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones de cantidad y calidad, y parece sensato, señorías, incrementar la financiación sanitaria, asegurando el incremento por habitante y año para acercarnos, al menos, al promedio de la Unión Europea. Existen iniciativas a este respecto que intentan incrementar la financiación relacionándola con el PIB, en concreto, hay una que pretende destinar el 7 % del PIB a la sanidad, pero en el actual contexto de incertidumbre puede resultar algo insuficiente. Quizá sería más adecuado elaborar un plan integrado de salud que establezca las necesidades de salud de la población, cuantifique presupuestariamente la misma y sea gestionado por el consejo interterritorial con criterios de equidad para complementar los presupuestos autonómicos y disminuir esas diferencias entre las comunidades.
Para que los recursos no acaben en otros menesteres, no sería menos conveniente garantizar la financiación finalista del presupuesto gestionado. Es importante también tener en cuenta que el gasto sanitario tiene un elevado efecto redistributivo de la riqueza, según el Observatorio Social de la Caixa. Conviene recordar que, en otros países donde no existe un sistema nacional de salud como el nuestro, como por ejemplo en Estados Unidos, una de las principales causas de ruina familiar es la enfermedad.
Pasemos a otra de las debilidades, las privatizaciones. Existen sobradas evidencias que el modelo de privatizaciones no resulta ni eficiente ni adecuado para gestionar la salud. En este modelo de privatización del Sistema Nacional de Salud ha pasado prácticamente de todo, sobrecostes en la construcción de hospitales, rescates con dinero público del modelo Alzira, fenómenos de puertas giratorias, irregularidades por la imbricación político-empresarial, falta de supervisión o falta de integración, reducción de camas hospitalarias, cuestiones bien documentadas en numerosos medios y publicaciones. En la revista The Lancet se afirma que las políticas de austeridad, recortes y privatizaciones han deteriorado el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, y es preciso frenar ese deterioro. Otras publicaciones de importante impacto, como el British Medical Journal hace muchos años que ya alerta en numerosos artículos que el modelo PFI es un fracaso, pero que se exporta a otros países diferentes a Inglaterra, que es de donde surgió. No sirve para reducir gastos y son una carga que aumenta con los años. Por ello, quizá, la profesora Allyson Pollock dice que en los sistemas públicos de salud el hecho de separar la financiación, que es el que paga, de la provisión sanitaria, que es el que realiza el servicio, es el primer paso para la privatización sanitaria total, porque permite la creación de un pseudomercado interno que, posteriormente, resulta fácil de ampliar para los intereses privados.
En definitiva, el modelo de privatización parece una política sanitaria fallida, que lastra y deteriora al Sistema Nacional de Salud, pues supone un elevado desvío de valiosos recursos sanitarios al sector privado. Parecería, pues, razonable que en el actual escenario dirijamos las políticas sanitarias a recuperar lo privatizado, incluyendo una posible derogación de la Ley 15/97, y favoreciendo la reversión de hospitales, laboratorios, servicios diagnósticos por imagen, etcétera.
Otra de las debilidades que quería comentar de nuestro sistema es la política farmacéutica. El gasto farmacéutico ha sido siempre elevado en nuestro país, siempre por encima del promedio de la Unión Europea y de la OCDE, y se ha ido incrementando en los últimos años. El incremento de gasto farmacéutico y de la comercialización desmesurada de nuevas moléculas resulta, en ocasiones, peligrosa. Por ejemplo, Estados Unidos se enfrenta a un claro problema de salud pública por el consumo excesivo de opiáceos para el tratamiento del dolor. Otro importante estudio realizado en Francia, y publicado en la revista Prescrire, analizaba fármacos comercializados durante más de 20 años, y arroja unas conclusiones sorprendentes, tan solo el 3,2 % de todos los medicamentos comercializados, y en total era 3096, aportaban alguna ventaja interesante para la salud. La excesiva medicalización o procedimientos que no aportan beneficios para la salud es un gran problema de los sistemas sanitarios, las prácticas clínicas y tratamientos inapropiados consumen entre el 25 y el 33 % de los presupuestos de los sistemas sanitarios de todo el mundo, según la revista The Lancet. A menudo se confunden las cosas, y en el caso de los medicamentos, todavía más, la elevada variedad de remedios para la misma cuestión, en ocasiones es innecesaria e inapropiada, no obedece a necesidades de la salud de la población. Tener más medicamentos a disposición no es mejor, incluso es un gran problema para la salud, hay que tener solo los necesarios. Afortunadamente, los medicamentos necesarios, ni son muy numerosos ni son tan caros de producir y distribuir en la mayoría de las ocasiones. La última lista de medicamentos esenciales actualizada por la OMS en junio de 2017 recoge solo 433 medicamentos esenciales. Incluso admitiendo que la lista de la OMS pudiera ser algo restrictiva, no tiene sentido la producción de más de 1000 o 1500 medicamentos distintos.
Otro problema importante es el desabastecimiento de medicamentos esenciales. El número de medicamentos desabastecidos actualmente, según fuentes del Ministerio de Sanidad, es de 545, en febrero de 2020, sin contar los medicamentos huérfanos por enfermedades de poca prevalencia, que ascienden a 171. Esta situación, señorías, es inaceptable para el Sistema Nacional de Salud, pues provoca descrédito y desconfianza en el mismo. Las consecuencias sobre la salud que provoca el desabastecimiento incluyen, por un lado, el incremento de reacciones adversas, errores de medicación. Durante la epidemia de la COVID los problemas de desabastecimiento parece que se han incrementado, es imposible tener datos actualizado en este momento, pero parece que la dependencia de los mercados extranjeros en lo referente a la adquisición de medicación y de material para hacer frente a la pandemia no ha sido lo más apropiado.
Se precisa una autonomía pública y real en la producción y distribución de fármacos esenciales para el Sistema Nacional de Salud, y esto puede alcanzarse con el desarrollo, si lo consideran, de una industria pública del medicamento, orientada a garantizar la seguridad de los medicamentos, acabar con los desabastecimientos y volver a enfocar la investigación de nuevas moléculas a las necesidades sociales y de salud, y no a las necesidades económicas. Hoy por hoy, el único laboratorio farmacéutico de titularidad pública que existe capaz de elaborar medicamentos y atender la necesidad de farmacéuticas de la población española es el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que podía hacer frente a los problemas de urgente desabastecimiento de fármacos. Su experiencia sería fundamental para desarrollar un modelo de industria pública del medicamento que garantice la suficiente autonomía e independencia del Sistema Nacional de Salud para conseguir sus objetivos sanitarios, y su puesta en marcha no supondría una inversión inicial adicional, pues las instalaciones están operativas y han demostrado su capacidad en recientes pandemias como la de la gripe A.
También pueden ser interesantes iniciativas políticas para reducir el gasto farmacéutico, sin reducir el beneficio de los medicamentos, porque los medicamentos son necesarios, fijación de los precios acorde con los gastos reales, promoción de los medicamentos genéricos, centrales de compras para todo el Sistema Nacional de Salud, y anular el impuesto a la enfermedad, también llamado copago sanitario del Real Decreto 16/2012.
Otra de las debilidades que afecta, quizá a la gobernanza, es la relación entre el ministerio y las comunidades autónomas, parece que hay problemas de coordinación, sobre todo manifestados por las escasas existencias de políticas comunes de salud y que intenten disminuir las desigualdades entre las diferentes comunidades. El decreto de estado de alarma ha devuelto parte de esas competencias al Ministerio de Sanidad para poder hacer frente a la pandemia, cuando este se acabe ¿qué ocurrirá? ¿volveremos a esa relación competencial entre el ministerio y las comunidades o avanzaremos en la colaboración y coordinación para acabar con la inequidad entre sistemas sanitarios dentro de un mismo país? Yo lo desconozco, señorías, es fácil predecir el pasado, pero no el futuro.
Una posibilidad, en este sentido de colaboración, pudiera ser la creación de un plan integrado de saludo, como hemos comentado anteriormente, para definir necesidades comunes, gestionado por el consejo interterritorial, con un presupuesto propio, con una financiación finalista y dirigido a mejorar la equidad y coordinación entre las comunidades. Esa podría ser una herramienta.
Otra de las debilidades que tenemos en el Sistema Nacional de Salud es la política de recursos humanos. Dicen que los profesionales somos la base del funcionamiento del sistema sanitario, señorías, hasta nos han dado algún premio recientemente, pero la política de recursos humanos sanitarios en nuestro país tiene varios problemas. Los trabajadores sanitarios disminuyeron durante los recortes de manera importante y todavía no se han recuperado, según las fuentes entre 30 000 y 50 000 profesionales sanitarios. Existe un déficit también con enfermería por debajo de los ratios por habitante promedios de la OCDE y de la Unión Europea. Existe un deterioro continuado en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, con multitud de contratos precarios que se enlazan unos con otros, una elevada temporalidad, que en algunas categorías llega hasta el 40 %. Con estas condiciones laborales estamos invitando a los profesionales sanitarios a emigrar al extranjero, estamos exportando profesionales sanitarios a países que tienen unos ratios de profesionales por población mejor que nosotros, y se han beneficiado de ellos durante la crisis sanitaria. Esto lo considero grave. Y por ello, parece sensato responder a las necesidades de nuestras profesionales, incluyendo un plan de repatriación de los profesionales sanitarios en el extranjero, porque aquí, señorías, son necesarios.
También sería muy conveniente organizar las ratios de profesionales médicos de primaria con cupos adecuados, ratios de enfermería para atención primaria adecuada, de hospitalización, etcétera, y, por supuesto, una periodicidad en las convocatorias de empleo público y procesos de consolidación extraordinarios a los interinos de larga duración, porque empiezan a jubilarse compañeros en situación de interinidad temporal.
Como conclusión, lecciones de esta crisis sanitaria que quiero exponerles. La pandemia ha provocado que nuestro Sistema Nacional de Salud se tensione tanto que ponga en peligro su principal objetivo, que es curar y cuidar a la población. La crisis sanitaria ha supuesto un colosal reto, un enorme sacrificio y esfuerzo colectivo. Lo que está claro es que, si la amenaza ha sido colectiva, parece razonable pensar que la reconstrucción debiera ser colectiva, porque si no, no creo que sea. En un escenario con tanta incertidumbre es imposible predecir el futuro, señorías, la medicina y las epidemias, desafortunadamente, no son matemáticas. Pero, que la situación sea compleja no significa que no tengamos que estar a la altura, y no significa que no sea posible un camino adecuado a la crisis sanitaria. Si una cosa nos ha enseñado la pandemia es que debemos adelantarnos y ser proactivos con nuestros planes de contingencia. Algunos autores proponen blindar la sanidad por su importancia estratégica y nacional, una posible propuesta de custodia y blindaje sería abordarlo legislativamente a tres velocidades. En primer lugar, dando una respuesta intensa y de emergencia al Sistema Nacional de Salud, dirigida a reparar daños y grietas en su estructura y niveles asistenciales, con la producción industrial propia, mejorar las condiciones sociolaborales de sus trabajadores, revertir el proceso privatizador y no olvidar los sistemas de atención de ayuda a la dependencia. En segundo lugar, dar una respuesta dirigida a la arquitectura jurídica o de modelo, convirtiendo de manera efectiva el derecho a la protección de la salud y sus periferias en un servicio o actividad pública esencial, procediendo a la revisión de la normativa vigente, para restituir al Sistema Nacional de Salud a sus verdaderos titulares y destinatarios, que es el pueblo español.
Ello afectaría, por citar solo normas estatales, entre otras, a la Ley General de Sanidad, de 1986, a la Ley 15/97 y al Real Decreto 16/2012. También sería oportuno, señorías, articular tal intervención en forma de ley orgánica, si es posible, sobre la legislación reguladora de la contratación del sector público. Ahí puede que esté la clave. Y, en tercer lugar, tenemos que responder a estos retos históricos que se nos presentan dando una respuesta con impacto constitucional.
Lo deseable sería un pacto de Estado, con previo debate y movilización social, que active una reforma constitucional para que el artículo 43 sea incluido junto a los demás derechos fundamentales y libertades públicas que se encuentran en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de nuestra Constitución española, y así contar con las máximas garantías de protección que dispone nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo deseable, señorías, no siempre es posible. Para lograr el blindaje de la sanidad pública también se podrían explorar las posibilidades judiciales que abrió la doctrina López Ostra, derivada de la importante sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 9 de diciembre de 1994, que aborda el problema de otro derecho débil de nuestra Constitución, que es el artículo 45, que consigue que se acepte integrarlo con los derechos fundamentales de máxima protección como sería la dignidad, la vida, la igualdad, la intimidad, etcétera. Imaginen, señorías, la aplicación de esta doctrina en el artículo 43 sobre la protección de la salud de nuestra Constitución.
Para finalizar, quisiera cerrar mi intervención con un poema que, en mi opinión consigue captar la esencia del momento histórico que estamos viviendo. Es un fragmento del escritos John Donne, mientras estaba convaleciente tras sobrevivir a la infección durante una epidemia de tifus en el siglo XVI, escuchando el redoble de campanas que tocaban por un difunto enfermo escribió: Ninguna persona es una isla / la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad / por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas / doblan por ti.

No se aprende con palmaditas en la espalda, no se aprende diciéndonos a nosotros mismos que somos muy buenos, se aprende analizando, viendo las debilidades, viendo los puntos de dificultad que tienen los procesos para implementar medidas e intentar mejorarlos. Esta es la intención que tenía mi comparecencia, y eso es lo que me propuse a la hora de realizarla.
Es muy importante responder de manera adecuada, y cuando digo esto es en base a criterios de calidad, conociendo el error y aprendiendo de él. Pero, el primero paso para aprender de los errores es reconocerlos, las debilidades, no me malinterpreten, que no estoy haciendo una crítica a la mayor. Tengo que decir que no soy político, no soy parlamentario, soy clínico, y a lo mejor me han sorprendido, por inexperiencia en estas lides, algunas recriminaciones que me han realizado.
Entro ya en las preguntas que me han realizado. Entiendo perfectamente el punto de vista del Grupo Vasco, le vuelvo a decir que no era una crítica al modelo, sino una búsqueda de debilidades con intención de enmendarlas y de proponerles a sus señorías opciones que ustedes tienen que deliberar y decidir para intentar reconstruir la situación y el escenario de pandemia que nos hemos encontrado todos los ciudadanos.
Lo he explicado en la comparecencia, la relación entre el ministerio y las comunidades se basa en un modelo de competencias, porque las competencias en sanidad están transferidas, eso es un hecho, yo no entro a valorarlo. Lo que sí se echa de menos son políticas que tiendan a redistribuir, le hablo en criterio de salud.
Respecto a lo que ha planteado el Grupo Ciudadanos, que me ha preguntado como intensivista, una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia en las unidades de críticos es que es muy importante adelantarse al virus, y por eso es muy importante desarrollar los planes de contingencia para evitar, en la medida de las posibilidades que tenga cada hospital, ser sobrepasados por el virus. Nosotros, afortunadamente, empezamos con los planes de contingencia en Castellón con tiempo y pudimos estar preparados, y, afortunadamente, no vivimos esa situación de colapso que no sé si ha habido en otros hospitales.
Otra de las cosas que también nos ha enseñado la pandemia es que teníamos que estar unidos por un objetivo común, y ese objetivo era el paciente y su salud, y eso, señorías, creo que es el mejor aprendizaje que los profesionales sanitarios podemos trasmitirle a ustedes y al resto de la sociedad. Esta pandemia ha sido terrible, sobre todo para el que la ha sufrido y para el que ha fallecido, pero para todos los demás, porque no somos una isla, también. Y nuestra respuesta a esta pandemia nos permite aprender las claves, y son esas dos que les he comentado, y aquí ya le hablo como intensivista.
Respecto a las preguntas del Grupo Parlamentario Podemos, hablando de las privatizaciones ya lo he comentado, hay algunas experiencias de desprivatización, sobre todo en la comunidad valenciana, con el Hospital de Alzira, que ya ha sido revertido al sistema público. Lo que hay que hacer es analizar el proceso de reversión, aprender de los puntos débiles del proceso para que, si viene otro proceso de reversión, poder aprender. Está claro que cuando se inician los procesos de reversión, y no hay un manual, son complejos y tienen sus luces y sus sombras, pero creo que, con ánimo de mejora, analizar lo que se podría mejorar para la siguiente reversión es el camino. Ahora mismo quedan por revertir los hospitales de Elche, Torrevieja, y alguno más, son procesos que están abiertos y que todavía no sabemos cómo van a concluir.
En lo referente a atención primaria, según dice la Organización Mundial de la Salud, la primaria es la base del sistema sanitario. Los médicos de primaria dicen que son el tronco, y me parece bien. Son la base porque tienen una capacidad de impactar contra las desigualdades sociales de la salud que en muy pocas especialidades tenemos, y hay que reconocerlo. Solamente con el control de los factores de riesgo cardiovasculares pueden proporcionar a su cupo muchos años de vidas ajustados a la calidad de vida. Pero, a pesar de que es la base, y por eso la OMS en la declaración de Alma-Ata recomienda que los sistemas sanitarios de salud se desarrollen pivotando sobre la atención primaria, ha sido muy debilitada a lo largo de los años. Y esas debilidades son fruto de determinadas políticas, y eso ha provocado que los cupos por médico de primaria sean muy elevados, la ratio de enfermería por médico sea baja. Y alguna de las propuestas que yo he traído aquí van en ese sentido, controlar los cupos y proporcionar personal sanitario de enfermería. Y también están sonando iniciativas de aumentar el presupuesto de sanidad a primaria, hay algunas iniciativas que lo quieren marcar hasta en el 25 % del presupuesto de sanidad. Ustedes serán los que tengan que resolver estas cuestiones, pero es un problema muy importante que exige una solución cierta.
Respecto al Grupo Parlamentario Vox, sobre el documento de limitación de tratamiento de soporte vital o de recomendaciones éticas de la Semicyuc, esas son unas recomendaciones que realiza una sociedad científica y que, en ningún momento, pueden sustituir al criterio médico, que es el que, al final, tiene que valorar toda la complejidad del paciente, en lo clínico y en lo humano, para tomar una decisión, y le comento que son de las decisiones más difíciles que cualquier profesional sanitario y cualquier ser humano tiene que tomar.
Al Grupo Parlamentario Popular le agradezco mucho el tono. Respecto a cómo hemos vivido la epidemia en las UCI, lo que he comentado. Lo del documento de la Semicyuc que me comentaba, los planes de contingencia, a nosotros nos ha sido de mucha utilidad, y le hablo como intensivista de hospital, nos ha permitido prepararnos y estar preparados para dar una respuesta mejor a la pandemia. El documento en sí es una recomendación, todo depende de cómo se desarrollen los planes de contingencia localmente, y eso depende de los recursos que se tengan.
¿Hemos tenido -hablo en mi caso concreto- falta de EPI, equipos de protección individual? No. A veces no se conocen la complejidad de las cosas y puede llevar a equivocación. En el eslabón de la cadena desde que un EPI, por ejemplo, llega a un aeropuerto y después llega al profesional sanitario que pueda necesitarlo, hay muchos pasos, y en los procesos asistenciales, como en los procesos sanitario, algún eslabón de la cadena puede, momentáneamente, y yo no digo que no haya podido haber en algún momento algún déficit temporal y que haya podido tener algún tipo de repercusión, pero, en general, por mi experiencia en la unidad de críticos, no.
El tema de respiradores. Nosotros este tema lo hemos vivido con mucha intensidad, porque si no teníamos respiradores cómo íbamos a tratar a los pacientes. Por eso recibimos colaboración, privada también, de respiradores, colaboración de otros hospitales, de respiradores de la fábrica de Seat de Martorell. El tema de los respiradores saca a relucir la dependencia de tecnología que tenemos de los mercados extranjeros. Eso es lo que nos dejaba a los profesionales un poco indefensos, decir cómo hemos llegado a esta situación, cómo hemos llegado a tener que depender, para algo tan importante como los respiradores para vivir, del mercado extranjero, que, a veces, incluso producían cosas extrañas, partidas de material defectuoso o tal, algo he oído, yo no soy experto en eso. Por eso la propuesta de una industria enfocada a las necesidades del sistema sanitario público.
Sobre las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, efectivamente es persona/año, es lo que yo pretendía decir, si en el acta de sesiones está otra cosa, hago esta rectificación.
Sobre las herramientas de equidad del sistema, yo he lanzado una propuesta, ese plan que tendría que ser organizado y gestionado por el consejo interterritorial. Señorías, lo que ustedes consideren, en esto de gestionar la sanidad se pueden lanzar opciones, pero yo lo que les recomiendo es que, en la medida de las posibilidades que tengan, háganlo, porque es muy trágico el pensar que no todas las sanidades son iguales en un mismo país, y eso es una cosa que considero importante.
Respecto a la humanización, yo, en particular, soy redactor del plan de humanización de las unidades de cuidados de críticos de la comunidad valenciana, y la humanización es fundamental. Y, además, la humanización se entiende como tener la concepción del paciente en el centro de la asistencia y su salud y seguridad por encima de todo, como han demostrado los profesionales sanitarios exponiendo su salud por detrás de la salud de los pacientes.
Nada más. Gracias.