Primero, voy a hacer un breve diagnóstico de la situación. Evidentemente, tratar todos los problemas que tiene el sistema sanitario público es muy complejo y además sería larguísimo, y yo tampoco quiero acabar con su paciencia. Voy a tratar los problemas que, desde nuestro punto de vista, que son los principales.

En primer lugar, la infrafinanciación sanitaria. El gasto sanitario público en nuestro país ha sido, de manera habitual, insuficiente; siempre estamos por debajo del promedio tanto en gasto sanitario en porcentaje del PIB, en dólares en poder paritario de compra o en euros por habitante y año de la OCDE o de la Unión Europea. Ahí ven alguna cifra. En el año 2009, el gasto sanitario público estaba en el 6,8 % del PIB; en 2014, en el 6,33 %, y en 2018, en el 6,27 %. Conviene recordar que el memorándum que envió el Gobierno en ese momento a Bruselas señalaba que el objetivo era conseguir un 5,13 del gasto sanitario público, que no se logró nunca, porque el sistema es muy resiliente para bien y para mal. Estábamos en 2341 dólares en poder paritario compra por habitante y año, cuando el promedio de la OCDE son 3038; si hablamos de la Unión Europea, 1568,02 euros, cuando el promedio de la Unión Europea son 2292. Hay que decir que nuestro gasto sanitario público estaba situado en 2018 en 70,5 % -sobre el total era 75,4 % en 2009- y en ese mismo año, en 2018, el promedio de la OCDE estaba en 73,8 % y de la Unión Europea en 79,4 %. Es decir, tenemos bajo gasto sanitario total, fundamentalmente a expensas de un bajo gasto sanitario público que proporcionalmente ha ido en descenso.

Hay una distribución muy desigual entre las diferentes comunidades autónomas. Estos son los últimos datos de los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas. Hay que diferenciar que hasta ahora he estado hablando de gasto sanitario ejecutado, es decir, de gasto sanitario realmente producido, y ahora estamos hablando de presupuesto sanitario; son variables no exactamente comparables, porque ya saben que siempre hay una cierta desviación entre lo que se presupuesta y lo que se gasta. En cualquier caso, hasta la aprobación de los presupuestos en Cataluña, esta comunidad autónoma era la que estaba la última en presupuesto por habitante y año -ahora es Madrid, que era la penúltima hasta entonces-, con 1236 euros por habitante y año; el máximo estaba en 1809, en el País Vasco, y la media, en 1487. Por lo tanto, había una diferencia entre la que más y menos dedicaba de 573 euros por habitante y año, una diferencia que se ha aumentado desde las transferencias que finalizaron en el año 2001. Es evidente que una diferencia tan importante en financiación por habitante y año dificulta que las prestaciones sean las mismas en cantidad y en calidad. Esta es la comparación del gasto de España -en azul- con el promedio de la Unión Europea. Es un gráfico que recoge lo mismo que he dicho antes. En esta situación, que ya era de partida de bajo gasto sanitario, se produjeron importantes recortes. En el año 2009, el presupuesto sanitario público -estamos hablando ya de gasto realizado, no de presupuesto, ojo- era de 70 464 millones de euros, según la estadística del Ministerio de Sanidad, no sobre gasto sanitario público. En el año 2011 bajó a 67 000 millones. En el año 2013 bajó hasta 61 000 millones, fue el año en el que se produjo una mayor bajada, y luego, a partir de ahí, empezó a subir progresivamente. En 2017, 68 000 millones; en 2018, 71 145 millones. Ya se había superado ligeramente el gasto sanitario de 2009. La de 2018 es la última cifra oficial que existe sobre gasto sanitario realmente realizado. El recorte del gasto sanitario público entre 2009 y 2013 fue del 12,39 % en gasto realizado y en presupuesto -ya ven que hay una diferencia muy importante dependiendo de las comunidades autónomas- oscilaba entre una bajada del 7,9 % en Cantabria y el 28,5 % en Castilla-La Mancha.

Ha habido, como he dicho antes, un cierto repunte del gasto sanitario público, pero ese repunte ha ido fundamentalmente dirigido al gasto farmacéutico, porque en estos años también se ha seguido produciendo un gran aumento del gasto farmacéutico. En el año 2009, el gasto farmacéutico era del 12,6 % sobre el total del gasto sanitario, según dice la OCDE. En 2017 era el 18,6 %, un incremento de 12 727 millones en dólares en poder paritario de compra en este tiempo. Abajo están las cifras que ofrece el Ministerio de Hacienda sobre los incrementos interanuales -es decir, de cada año sobre el anterior- del total del gasto farmacéutico en primaria y en especializada. Viene de 2015 porque, como saben, solamente a partir de 2014 el gasto farmacéutico hospitalario está reflejado en las cuentas públicas, no en la página web del Ministerio de Hacienda, que, por cierto, fue un gran avance, porque permitía hacer un seguimiento que hasta entonces solamente se podía hacer del gasto en recetas de la Seguridad Social. Entonces, como ven, en el año 2015 hubo un aumento del 9,5 % sobre 2014; en 2016, un 1,3 % sobre el año anterior; en 2017, un 3 %; en 2018, un 4,7 %, y en 2019, un 4,6 %. Es decir, el aumento del gasto farmacéutico se ha mantenido siempre, nunca ha habido disminución, a pesar de que disminuyeron el gasto sanitario público, y el gasto farmacéutico siempre se incrementó por encima de lo que se incrementaba el gasto sanitario público. Por tanto, esos incrementos que se producían sobre el gasto sanitario público fueron mayoritariamente dirigidos a gasto farmacéutico. Ese es un problema.

Otro problema importante que tenemos es la debilidad de la atención primaria. La atención primaria ha sido la más castigada por los recortes. Por ejemplo, pasó del 14,88 % del gasto sanitario público en 2010, al 13,50 % en 2017, que es el último dato que ofrece la web del Ministerio de Sanidad. Hay una mala situación previa, porque siempre ha habido pocos recursos y mucha presión asistencial, que ha ido empeorando precisamente con estos recortes; por ejemplo, en 2018, el 38,77 % de los médicos o médicas de familia tenían más de 1500 tarjetas sanitarias, que es lo que se considera que es el máximo razonable que debe atender un profesional de medicina de familia. Hay más profesionales de medicina que de enfermería, eso ya lo comentaremos también luego. A partir del año 2014-2015 empezaron a producirse grandes demoras en las citaciones de atención primaria. Por ejemplo, en el año 2018, en el último barómetro sanitario publicado, el 24 % de las personas encuestadas señalaban que recibían cita en seis o más días cuando pedían cita con su médico de familia. En Cataluña llegaba al 48,3 %. Esto es un problema muy importante, porque desvirtúa el contenido de la atención primaria y, además, produce efectos paradójicos. Por ejemplo, si cualquiera de ustedes tiene un problema de salud y piensa que debe ser atendido por un profesional médico, pide cita en medicina de familia y le dan para seis días -no nos vayamos más allá-, tiene tres opciones: una, aguantarse y ver si tiene mucha suerte y se cura y se le pasan los síntomas -que a veces pasa, tampoco hay que engañarse-; dos, acudir a urgencias y, tres, acudir al sector privado. No hay alternativa. Eso descapitaliza el funcionamiento del sistema de atención primaria. Paralelamente a este incremento en las demoras, ven que se ha producido un aumento muy importante del número de urgencias por 1000 habitantes, que entre 2010 y 2017 -también el último dato público disponible- se incrementaron en el conjunto del país en un 14,74 %. Evidentemente, como todo el mundo sabe, una gran parte de las urgencias que acuden a los centros hospitalarios son problemas que se podrían y se deberían resolver en la atención primaria y que saturan innecesariamente un dispositivo que está pensado para otra cosa, y entorpecen la celeridad y la calidad de la atención a los problemas más graves.

Otro problema muy importante que tiene nuestro sistema es un insuficiente número de camas hospitalarias, tenemos un sistema con pocas camas hospitalarias. Los últimos datos de 2018 son de 3 camas por mil habitantes cuando el promedio de la OCDE es de 4,5 y el promedio de la Unión Europea es 5,21. Pero es que además no solamente hay pocas camas hospitalarias, sino que en el período de los recortes se cerraron muchas camas, entre 2010 y 2018 se cerraron 2079 camas en todo el país. Y esta carencia de camas es sobre todo de camas de media y larga estancia; tenemos el porcentaje más bajo de la Unión Europea de media y larga estancia: 0,15 camas por mil habitantes y el promedio de la Unión Europea está en 1,41. O sea, que tenemos un número muy bajo de camas de media y larga estancia y eso entorpece mucho el funcionamiento de las camas de agudos de los hospitales.

Además, tenemos recursos humanos insuficientes y mal planificados. Con los recortes disminuyó mucho el personal, entre 30 000 y 52 000 trabajadores en el conjunto del país, porque ya saben que las estadísticas y las informaciones que hay sobre los datos del sistema sanitario son muy disonantes dependiendo de la fuente; en cualquier caso, disminuyeron. También se produjo un problema que en ese momento parecía que no era muy importante pero que después se desveló que era muy grave, que fue un recorte drástico en las plazas de formación postgrado. Como ustedes saben, a partir del año 1995 cualquier médico, para ejercer en el sistema sanitario público, necesitaba haber hecho una especialidad por la vía MIR y tener el título de especialista. Si se convocan pocas plazas de especialistas, en ese momento no se nota, pero cuatro años después salen pocos médicos con la especialidad y entonces se produce una carencia de médicos formados en el sistema, que es lo que se ha vivido en estos últimos años: pasamos de 6994 plazas en la convocatoria de 2009 a 6079 en 2015; ya empiezan a recuperarse, en las dos últimas convocatorias ha habido un aumento notorio, 7615 en la de 2018. Pero, claro, los efectos sobre el sistema sanitario se verán en 2022 o 2023, que será cuando realmente estas personas acudan al sistema sanitario.

Y luego ha habido un deterioro muy significativo de las condiciones laborales, que son perfectamente conocidas-imagino- por todos ustedes: bajos salarios, contratos temporales, encadenamiento de contratos temporales uno detrás de otro; ha habido incluso contratos que se hacían por dos o tres días y, claro, contratar un médico, o una médica por supuesto, por dos o tres días es incitarle de una manera muy clara a que se busque la vida en otro sitio, en el sector privado o en Inglaterra, en Brasil o en Ecuador. Nosotros, de una manera extrañísima, hemos exportado médicos a países que parece muy difícil de entender cómo hemos podido exportarlos, en realidad es porque los hemos expulsado del sistema. Y lo mismo ha sucedido en el caso de los profesionales de enfermería.

Miren, este es un gráfico (muestra un gráfico) de un estudio conjunto hecho entre la Comisión Europea y la OCDE en el que ven que están colocados todos los países de la Unión Europea, los que están por encima o por debajo en número de profesionales de enfermería y por encima o por debajo en número de profesionales médicos. España está aquí situada, tiene unos pocos médicos más que el promedio de la Unión Europea por mil habitantes pero muchas enfermeras menos. Esta es nuestra situación. Y una curiosidad, que no sé si es una curiosidad o es un efecto natural de las cosas, que estos países que están situados aquí, que son los países que tienen más médicos y más profesionales de enfermería por mil habitantes son curiosamente los países de la Unión Europea que han tenido unos efectos menos graves en la última crisis sanitaria. Será una casualidad, pero es un hecho. Y aquí tienen también el número de profesionales de enfermería por mil habitantes de todos los países de la OCDE. Esta es la situación de España: 5,7 profesionales de enfermería por mil habitantes, y aquí está el promedio: 8,8, y ven que hay países que llegan a 13,7 por mil habitantes. Es decir, que en nuestro caso hay una insuficiencia de profesionales de enfermería muy muy importante. Pero es que no solamente hay una insuficiencia de hecho, sino que los datos de la OCDE señalan que el número de nuevos licenciados, de nuevos graduados de enfermería están en la banda baja de los países de la OCDE, por lo que lo previsible es que, al menos en los ocho o diez próximos años, la situación no solo no cambie, sino que probablemente empeore. Lo que les decía antes: nosotros estamos, en la situación actual, exportando enfermeras a países que se encuentran en esta parte, por ejemplo, a Francia, que tiene 10,7 enfermeras; al Reino Unido, que tiene siete y pico; es decir, a países que tienen muchos más profesionales de enfermería, nosotros les exportamos enfermeras cuando nosotros tenemos menos. En fin, una situación muy preocupante.

También está el tema de la privatización. La privatización del sistema sanitario viene de antiguo, pero además ha ido en aumento. Este gráfico (muestra un gráfico), que por cierto es de un artículo de la señora Carcedo -no sé si está por aquí, la he visto antes- lo explica. Es un artículo muy gráfico: aquí ven lo que ha pasado con los presupuestos sanitarios públicos, aquí ven lo que ha pasado con la facturación hacia el sector privado y aquí ven lo que ha pasado con el aseguramiento privado. El presupuesto del sistema sanitario público ha bajado mucho, pero, a la vez, la facturación del sector privado no ha continuado aumentando y el aseguramiento privado se ha disparado. Ha habido un aumento muy importante, como digo, del gasto y del aseguramiento privado. El gasto de bolsillo -imagino que lo conocen ustedes, es lo que pagamos cada vez que acudimos al sistema sanitario directamente de nuestro bolsillo; por ejemplo, en el copago sanitario, o cuando vamos al dentista, que es donde se acumula el mayor gasto de bolsillo de nuestro país, o cuando acudimos a un médico privado a hacernos una prueba- ha pasado del 19,5 % en 2009 al 23,6 % en 2018. En ese año, el promedio de la OCDE era del 20,6 % y de la UE del 15,8 %. Luego, ha habido un incremento muy importante del aseguramiento privado y, evidentemente, la única parte del gasto público que no ha tenido recortes ha sido Muface; incluso en estos años de los tremendos recortes del sistema sanitario público el dinero que iba a Muface no se recortó -no se aumentó, pero no se recortó-, lo cual era ya una situación de privilegio.

Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que hay unas elevadas dunas en listas de espera, muy elevadas, que han ido en aumento. (Muestra un gráfico). Ahí tienen, comparada, la situación entre 2016 y 2019 del conjunto del país: en lista de espera quirúrgica, la tasa por mil habitantes pasó de 13,65 a 15,53 en tres años y la demora media se incrementó en seis días; la lista de espera de primera consulta pasó de 45,56 personas por mil habitantes a 63,72, y la demora media de 72 a 88 días.

Claro, estos datos son extremadamente optimistas, porque después de la epidemia se habrán disparado de una manera brutal; nosotros calculamos que probablemente se hayan ido al doble, porque, como ustedes saben, durante este periodo de la pandemia, primero, los centros sanitarios, por imposibilidades objetivas, tuvieron que cancelar intervenciones quirúrgicas, internamientos, consultas externas, etcétera, y, luego, en algunos casos donde no existían esas imposibilidades objetivas, un sector de la población simplemente canceló sus citas por miedo a acudir a un lugar donde entendían que había más riesgos que beneficios. Esta es una situación que está ahí y que habrá que abordar, porque, aunque no tengan COVID, también son personas que están enfermas y que merecen una atención del sistema sanitario.

La salud pública fue postergada, no se desarrolló la Ley General de Salud Pública, que se aprobó en 2011 pero se dejó prácticamente en un cajón, sin avanzar nada, y además tiene muy poco presupuesto. Según la estadística, el gasto sanitario público en 2018 fue el 1,1 %. Luego ha habido problemas importantes de coordinación del Sistema Nacional de Salud. Hay, como ustedes saben, un consejo interterritorial, pero funciona de una manera que es bastante mejorable, por decirlo de la manera más fina posible, por no decir que funciona bastante mal. Funciona, se reúne, pero se toman decisiones que nada más salir de allí las comunidades autónomas se saltan a la torera. Un ejemplo clarísimo es el calendario vacunal. En España, varias veces se han hecho calendarios vacunales unificados y una semana después alguna de las comunidades autónomas ha decidido que incluía otra vacuna o lo que le parecía mejor. Hay un funcionamiento manifiestamente mejorable.

Además, por ejemplo -nosotros lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo-, nunca se desarrolló el Plan integrado de salud y debería haberse hecho. Está en la Ley General de Sanidad, que ya saben que se aprobó en el año 1986, prácticamente anteayer, ¿no? Bueno, pues así nos va.

Otra cuestión muy importante es la inexistencia de un fondo de reserva de material sanitario y la gran dependencia de este material de terceros países. Lo mismo que en este país hay, si no estoy equivocado, un fondo de reserva, por ejemplo, de petróleo por si surge una contingencia y nos quedamos sin abastecimiento, por lo que se refiere al material sanitario ese fondo no existe. Eso se ha visto en esta última crisis; ha sido un factor muy importante de agravamiento. Y luego es que todas las fábricas están en terceros países, y además países, como ustedes saben, muy lejanos y cuando se produce un problema la disponibilidad es muy baja.

Por otra parte, tenemos unas residencias de mayores muy privatizadas y descontroladas. Conviene recordar que el 72,91 % de las plazas de residencias de mayores están en manos del sector privado y que muchas son propiedad de empresas de capital riesgo, son grandes multinacionales las que las gestionan. Lógicamente, se preocupan mucho de obtener beneficios y menos de la calidad de las prestaciones que dan. En general, hay mala dotación de personal e infraestructuras. Si ustedes hacen un seguimiento, desde finales del año pasado -antes de la pandemia, por supuesto- hubo muchísimas denuncias en los medios de comunicación sobre situaciones muy críticas en residencias de mayores, denuncias que quedaron ahí más o menos archivadas. Y también ha habido escaso o nulo control por parte de las administraciones autonómicas, que son las que tienen la competencia.

Otra cosa muy importante, de la que también tenemos que ser conscientes, es que ha habido un enfoque inapropiado del sistema sanitario. Yo soy médico. Acabé la carrera en el año 1972, empecé a trabajar en 1973 y me jubilé en 2018. Prácticamente, desde el año 1980, cada vez que se hablaba de los problemas del sistema sanitario lo primero que se decía era: Bueno, nuestro sistema sanitario tiene que reenfocarse porque el mundo ha cambiado y las condiciones de la salud son muy diferentes; ahora los problemas fundamentales son problemas crónicos y degenerativos y los problemas infecciosos ya pasaron a la historia. Se pensaba que eran problemas del tercer mundo, de países muy subdesarrollado y que tenían muy poco que ver con España, con nosotros. Esa mentalidad entró mucho en el sistema y en cómo se articulaba y se organizaba, pero, a pesar de todo, la Organización Mundial de la Salud desde 2008 viene advirtiendo de la inminencia de pandemias. Eso está relacionado con el cambio climático, con la desregulación que ha producido el neoliberalismo y, naturalmente, con la globalización, que favorece que una enfermedad que aparece, por ejemplo, en Mongolia mañana pueda llegar al aeropuerto de Barajas. Antes pasaban meses, y a veces años, hasta que una enfermedad hacía ese recorrido.

Todo esto que he dicho hasta ahora sería muy injusto no decirlo como un epítome. Nuestro sistema sanitario, como ustedes saben, está muy regionalizado, en manos de las comunidades autónomas, y existen muchas y notables diferencias entre cada una de ellas y, aunque esta puede ser una visión general, es evidente que en comunidades autónomas concretas las situaciones son muy diversas. Eso hay que tenerlo en cuenta porque también habrá que tenerlo en cuenta a la hora de pensar soluciones.

Desde nuestro punto de vista, ¿cuáles son las medidas urgentes para reconstruir la sanidad pública? Primero, una financiación suficiente para la sanidad pública. Hay que incrementar los presupuestos de la sanidad pública hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea en euros por habitante y año. Hasta ahora, veníamos hablando siempre de un porcentaje sobre el PIB, pero, claro, un porcentaje sobre el PIB en estos momentos tiene un problema sustantivo. Si se producen las previsiones de los organismos nacionales e internacionales, es probable que el porcentaje sobre el PIB que se dedica a sanidad lo hayamos superado con creces este año, simplemente porque ha bajado el PIB, no porque hayamos dedicado mucho más dinero a la sanidad, que también se ha dedicado más por esta situación. Por eso yo creo que hay que acercarse más al promedio por habitante y año que están dedicando los países de la Unión Europea, que al fin y al cabo es donde estamos. Y sería muy importante que se creara un fondo específico de rescate para la sanidad pública, gestionado por el Ministerio de Sanidad, por el consejo interterritorial, que realmente permitiera recuperar la situación y abordar financieramente todos los problemas que se han producido y los que se van a producir en el futuro.

Habría que mejorar la coordinación interautonómica. Ya he dicho que una cosa muy importante es la aprobación de un plan integrado de salud para que haya unos objetivos de salud que sean comunes en todo el sistema sanitario y que, además, pueda vertebrar y vehicular cómo se distribuyen los fondos generales que se dedican al sistema sanitario. Los fondos se tienen que dedicar con algún criterio y ese criterio, evidentemente, debe ser el cumplimiento de los objetivos de salud del sistema. Habría que establecer un nuevo marco de cooperación reforzando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, mejorando su funcionamiento y estableciendo mecanismos que permitieran que se tomaran decisiones en común. Eso yo creo que habrá que negociarlo desde el punto de vista de la política; yo no me voy a meter mucho, pero hay que hacerlo.

Hay que potenciar la salud pública desarrollando la Ley General de Salud Pública y aumentando el presupuesto de salud pública. En nuestra opinión, como mínimo tendría que ser el 2,5 % del gasto sanitario público; es decir, incrementar un 1,4 % el último gasto conocido.

Hay que impulsar y desmedicalizar la atención primaria. Habría que destinar a la atención primaria el 25 % del presupuesto sanitario público. La atención primaria se dice que debe ser el primer escalón del sistema sanitario, la clave de bóveda de su funcionamiento, y que además debe resolver entre el 80 y el 90 % de los problemas de salud de la población. Eso solo es posible si se destinan fondos adecuados. Lo demás es creer en algo que es imposible. Es evidente que si no hay fondos suficientes, no se pueden pedir responsabilidades. Hay que establecer ratios máximas por profesional. No puede ser que siga habiendo un porcentaje importante de profesionales de medicina de familia que tienen más de 2000 tarjetas sanitarias asignadas. Eso no es posible.

Es muy importante potenciar la enfermería e incrementar sus efectivos. Lo razonable como mínimo es que hubiera 1,5 profesionales de enfermería por cada profesional de medicina. En este momento estamos por debajo de la unidad. La comunidad que está mejor situada creo que llega a 0,9, pero muchas están en 0,6 o 0,7. Es decir, hay muchos menos profesionales de enfermería que profesionales médicos y eso evidentemente crea un problema muy importante a la hora de abordar el punto siguiente: hay que desarrollar la atención comunitaria, la prevención, la detección de casos, la colaboración con salud pública, etcétera. Hay que incrementar las camas hospitalarias en la red de gestión pública para homologarnos con los estándares internacionales de la Unión Europea y la OCDE. Necesitaríamos entre 50 000 y 70 000 camas de gestión pública, básicamente de media y larga estancia. No son tan difíciles de implementar. Yo no conozco el conjunto del sistema sanitario, pero conozco bastante y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se cerraron muchísimas camas hospitalarias y hay muchísimos espacios que están ahí y que no están siendo utilizados. Convertirlos en camas hospitalarias de media y larga estancia tendría un coste relativamente bajo, aunque evidentemente habría que hacer una adaptación y una adecuación. Probablemente pase en muchas otras comunidades autónomas, aunque no me atrevería a asegurarlo. Y luego habría que realizar un plan estratégico de atención especializada para adaptarla a los nuevos retos de salud. Hay que cambiar el chip de la atención especializada. Tenemos que pensar que la atención especializada tiene que atender, como decía antes, no solamente los problemas crónicos y degenerativos, sino los nuevos problemas de salud que probablemente se van a producir; por ejemplo, el rebrote de la pandemia que quizá podría producirse -ojalá que no- en octubre próximo.

Habría que acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado; detener las privatizaciones; recuperar los centros privatizados; derogar la Ley 15/1997 y blindar la gestión pública por ley; fomentar la dedicación exclusiva de los profesionales, que creemos que es muy importante, y la integración de la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en el Sistema Nacional de Salud. Ya les digo que esto también estaba en la Ley General de Sanidad de 1986. Además, se podría hacer con gran facilidad simplemente con establecer, como ya se ha hecho con la prestación a la Seguridad Social, que las personas que se incorporan a la Función pública entren directamente en la atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud. No provocaría ningún problema, no se vulneraría ningún derecho adquirido y tendría un coste relativamente muy bajo.

Hay que aumentar los trabajadores del sistema público de salud y establecer dotaciones suficientes. Fíjense, en California, cuando fue gobernador, Schwarzenegger -ese señor tan peligroso que se dedicaba en las películas a matar a todo tipo de personajes-, un señor que fue elegido por el partido conservador, estableció unos ratios mínimos de profesionales médicos y de enfermería de los centros sanitarios. Esto en California, fíjense, ¡en la cuna del socialismo estalinista! (Risas). Pues ya ven las cosas que pasan. Necesitamos establecer unas dotaciones suficientes de los centros sanitarios, esto es un tema fundamental. Hay que reforzar especialmente la enfermería, como ya he dicho, que es una de las grandes carencias de nuestro sistema. Hay que convocar en la formación de posgrado todas las plazas acreditadas, tenemos que convocar todas las plazas acreditadas, no podemos permitir que situaciones como las que han pasado, por ejemplo, hace dos o tres años de insuficiencia de determinadas especialidades por falta de especialistas vuelvan a producirse en nuestro sistema, eso no es lógico. Hay que hacer un plan de recuperación o retorno del personal que emigró a otros países; por ejemplo, de las personas que se han ido al Reino Unido y que muchas, con el brexit, están pensando volver, pero no van a volver si se les oferta un contrato de tres meses porque estarían locos o habría que dudar de su sano juicio -por decirlo de una manera más educada-. Hay que ofrecer condiciones razonables. Algunas comunidades autónomas, de signo diverso, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, han ofrecido a los residentes que acaban la formación contratos de tres años para que se queden en su comunidad autónoma. Eso no es tan complicado, a la gente hay que ofrecerle una cierta estabilidad laboral, razonable, para que no anden peregrinando por el mundo. Hay que mejorar las condiciones laborales y profesionales.

Hay que realizar un plan de abordaje de las listas de espera. Como he dicho antes, la mayoría de las personas, por suerte, no tienen ni han tenido coronavirus, la mayoría de las personas que tienen problemas de salud tienen otros problemas de salud, y hay que atenderlos, hay que atender a todas esas personas que no han sido atendidas todo este tiempo y hay que atenderlas en el menor plazo posible estableciendo un plan escalonado para que los casos más importantes sean atendido primero y los que lo sean menos después, pero un sistema que permita tener un horizonte de salida. Yo creo que este es un tema muy importante.

Asimismo, hay que crear un fondo de reserva de material sanitario, hay que crear un fondo de reservas estratégicas de material sanitario que, por ejemplo, garantice el consumo durante tres meses y potenciar la industria en el país para disminuir y/o eliminar dependencias de terceros.

Hay que controlar el gasto farmacéutico y potenciar la fabricación pública de medicamentos. El incremento del gasto farmacéutico no debe situarse nunca más allá de un 0,5 % o un 1 % por debajo del presupuesto sanitario público. Es decir, el crecimiento siempre tiene que estar por debajo del crecimiento del gasto sanitario público, porque evidentemente tenemos que colocarnos otra vez en una situación de razonabilidad y esto lógicamente no se puede hacer de golpe, porque no vamos a bajar de golpe tres o cuatro puntos el gasto farmacéutico, pero hay que hacerlo de una manera escalonada. Hay que promover lo genérico. En nuestro país hubo un momento en que hubo una promoción de genéricos muy importante, también con una diferencia terrible entre comunidades autónomas imposible de entender desde el punto de vista de lo razonable, pero seguimos estando muy por debajo de países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania u otros países de nuestro entorno. Hay que favorecer las subastas de medicamentos y una agencia centralizada de compra. Fíjese, la única cosa buena, en mi opinión -seguro que otros opinan otra cosa-, que tenía el Real Decreto-ley 16/2012 es que decía que iba a promocionar una agencia de compras del conjunto del Sistema Nacional de Salud. También es verdad que es la única cosa que no se desarrolló; será una casualidad. Hay que eliminar los copagos del Real Decreto-ley 12/2012 y promocionar una industria farmacéutica pública que acabe con los desabastecimientos y la especulación; no puede ser que haya una situación de desabastecimiento de aquellos productos que están en el mercado y tienen precios muy bajos y que la industria no los produzca porque le es poco rentable -ojo, no pierden dinero con ello, solo le es poco rentable- o bien realice exportaciones paralelas a otros países. En Portugal, que tampoco es un país excesivamente sospechoso -quizás algo-, acaban de aprobar la creación de una empresa farmacéutica pública.

Y luego hay que favorecer la investigación sanitaria pública aumentando el presupuesto sanitario destinado a la investigación y fomentando la estabilidad de los equipos investigadores del Sistema Nacional de Salud. Aquí también hemos tenido un problema muy grave; no se puede mantener un equipo de investigadores con gente que tiene contratos irregulares, que se les acaban e intentan prorrogar cada cinco o seis meses. Así no hay manera de mantener un equipo que investigue y que funcione de una manera razonable.

Hay que fomentar una red pública de residencias de mayores. Creemos que es importante, y se ha visto en estas desgraciadas circunstancias, que haya una red de residencias de titularidad y gestión pública. Hasta ahora solamente hay dos comunidades autónomas, Canarias y Extremadura, donde el número de plazas en residencias son mayoritariamente públicas. En todas las demás, la mayoría de las plazas son de titularidad privada.

Hay que fomentar la atención domiciliaria con recursos públicos. La Ley de Dependencia establece esta posibilidad, que tendría grandes ventajas, porque, primero, mejoraría la situación de las personas mayores, que están mucho mejor, en la mayoría de los casos, en su domicilio que en una residencia, y, segundo, porque evitaría estos problemas que hemos tenido últimamente. También sería bueno hacer una auditoría a las residencias y una intervención en aquellas que incumpliesen los requisitos de calidad.

Les voy a poner un par de viñetas. Esta viñeta es un chiste de una publicación profesional que explica bastante bien cómo lo ven los profesionales sanitarios, cómo son las cosas. Aquí se ve cómo estaban los profesionales sanitarios antes de la crisis, más bien castigados y en mala situación; aquí cómo se vieron en el momento álgido de la crisis -unos héroes, etcétera- y, aquí, cómo se ven después. Ya saben, cuando se cerró Ifema, después de mucha parafernalia y muchos aplausos, a la calle. Cuando salió en los medios de comunicación, contrato de tres meses. Aplaudamos menos, aunque está bien aplaudir y siempre se agradece, pero vamos a hacer cosas. Como dice el refrán, menos prometer y más dar trigo.

Esta otra viñeta es otro chiste diferente: cuando llegó la pandemia, los neoliberales privatizadores se ocultaron; ahora han vuelto a sacar la cabecita pidiendo subvenciones, dinero, etcétera. Oiga, haber trabajado. Ustedes tienen centros sanitarios, pues haber trabajado cuando hacía falta. Ahí estaban, en sus centros sanitarios; podían haber atendido a los enfermos, que es para lo que les paga la población.

Hasta ahora les he puesto una situación de invierno, pero ahora les pongo la primavera en el Valle del Jerte, un lugar al que tengo especial aprecio. Espero que los resultados de esta Comisión cambien la expectativa. Que de este invierno pasemos a una primavera que realmente sea saludable y positiva para nuestro sistema sanitario.

Muchas gracias.

Tiene que ver con las condiciones sociales, con la dispersión de la población, etcétera. Creo que aplicar una fórmula sobre el número de habitantes es una manera simplificada de hacer una comparación. Evidentemente, tendría que ponderarse por envejecimiento de la población, por morbilidad, por mortalidad, por dispersión, por recursos o por nivel socioeconómico; hay muchas cuestiones. Soy consciente, perfectamente consciente de que si en un pueblo se cierra el centro de salud o el consultorio, luego se cierra la escuela, después ya se cierra el banco y, finalmente, se cierra el pueblo, en el que se quedan dos o tres señoras -suelen ser señoras- muy mayores esperando morirse. Desgraciadamente, eso es lo que pasa con mucha frecuencia en el área rural y no se debe consentir.

Hay que plantearse otro modelo de desarrollo, y en el documento que les he pasado hacemos referencia a ello. Hay determinantes sociales de la salud que hay que tener en cuenta; es decir, los problemas de salud y de atención sanitaria no se solucionan solo con profesionales médicos, de enfermería y medicamentos. Hay otras formas de solucionarlos que tienen que ver con la prevención, la promoción, favorecer los recursos y la extensión de esos recursos. En algún momento se ha hablado algo del modelo territorial. Yo no estoy en contra del modelo territorial. Una de las grandes ventajas que ha tenido la descentralización del sistema sanitario que se ha producido en este país es que antes -como digo, yo puedo hablar con conocimiento de causa- para tener una buena atención sanitaria había que venir a Madrid o a Barcelona, no nos engañemos. Con la descentralización dejó de suceder esto en gran medida. Yo antes, en mi trabajo, conocía niños que venían de A Coruña a tratarse en el Ramón y Cajal en Madrid, porque en su comunidad autónoma no había medios para hacerlo. Eso, por suerte, desapareció con la descentralización y hubo un gran avance porque se hicieron muchos hospitales de área y se acercó mucho la atención sanitaria de calidad a la ciudadanía, que es una de las cosas de las que se debe preocupar el Sistema Nacional de Salud, porque una cosa es el derecho teórico y otra el ejercicio de ese derecho en la práctica. Este es un tema muy importante y si hay alguna vez un plan integral de salud, una de las cuestiones que se tienen que plantear es cómo garantizar que el derecho a la protección de la salud, que aparece en la Constitución, se pueda ejercer en cualquier punto del país, del Estado español o como ustedes lo quieran llamar, en cualquier punto, por muy lejano que sea; sea el Pirineo de Lleida o sea Andorra, que también es un pueblo de Teruel, si no recuerdo mal, o cualquier otro sitio. Es decir, que es algo por lo que se debe preocupar el sistema y ha sido una de las cosas positivas que caracteriza a nuestro Sistema Nacional de Salud y que hace que sea apreciado a nivel internacional.

En cuanto al tema residencial, se ha hablado mucho de ello. Evidentemente, si en los modelos de prestación de servicios sanitarios hay muchas modalidades, eso hay que multiplicarlo por diecisiete, por 170 probablemente. Cuando se habla de una intervención de este tipo, lógicamente, se habla del mínimo común denominador o de una generalización, porque no se puede hacer de otra manera. Estaría muy bien -y me encanta que lo haya dicho el representante de Junts per Catalunya- que se pudiera identificar, según el modelo de organización de los servicios residenciales, cuál ha sido la penetración de la enfermedad. También hay que tener en cuenta que la incidencia en los territorios ha sido muy distinta. Hay sitios, como Canarias, donde la incidencia del COVID ha sido bajísima o sitios, como Cataluña, Madrid o La Rioja, donde ha sido muy alta, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, no solamente el modelo residencial ha de ser la variable a analizar; habrá que buscar otras variables. Sería muy importante un sistema de organización sociosanitaria también integrada. Algunas comunidades autónomas tienen el área de salud y el área social integradas en cuanto a distribución y coordinación de los recursos. Evidentemente, tiene que haber una estrecha relación entre servicios sociales, atención primaria, salud pública y atención especializada u hospitalaria, o como se quiera decir. Si no somos capaces de integrar todo eso, el funcionamiento va a ser muy complicado. Cuando hablamos de potenciar la salud pública, también estamos hablando de eso.

Como dice el doctor Steegmann, seguro que me he equivocado muchas veces en mi vida, he tenido esa suerte, pero me he equivocado y lo he reconocido. Nos equivocamos todos los días; imagino que eso tiene que ver con la condición humana. A los que somos humanos -a pesar de que tengamos un nombre como el mío- nos pasa continuamente: nos equivocamos; hacemos proyecciones y luego la realidad cambia. Y precisamente debemos tener en cuenta que si cambia la realidad, también debemos ser capaces de cambiar los análisis que hacemos sobre ella, es decir, de aplicar el método científico: haces una hipótesis, la contrastas con la realidad y cuando te equivocas, tienes que variar de hipótesis; no puedes mantener la misma hipótesis que al principio porque, si no, estamos hablando de otra cosa; estamos hablando de fe y no de ciencia. Considero que eso es muy importante. Como he dicho, en el tema de las residencias eso está muy claro.

¿Por qué ha habido tanta crisis en la atención primaria? Creo que porque cuando se hace la Ley General de Sanidad se diseña un modelo público con un gran componente de atención primaria, de atención comunitaria y de atención social. Cuando ese modelo empieza a mercantilizarse e intervienen dentro de él los intereses económicos, eso se desvirtúa, porque la atención primaria no tiene ahí cabida. A una empresa no le interesa mucho la atención primaria, aparte de ser, como se dice habitualmente, el portero del sistema, es decir, un mecanismo para ordenar los flujos dentro del sistema. La resolución de problemas de salud no le interesa, le interesa la rentabilidad económica. La atención primaria ahí jugaba un papel subsidiario y, por lo tanto, ha sido, lógicamente, postergada. No nos tenemos que engañar en esto.

Alguien me preguntó al principio qué opino de los visitadores médicos. Yo creo que está claro. Cuando yo empecé el ejercicio de la medicina, los visitadores médicos podían tener alguna función beneficiosa. En aquel momento todo lo que había era sobre papel y el acceso que tenían los profesionales a las revistas científicas era muy escaso; sobre todo, la gente que trabajaba en el medio rural o fuera de los grandes hospitales no tenía prácticamente ningún acceso y la información les llegaba mayoritariamente por los visitadores médicos. En la medida en que ahora mismo todo funciona por Internet, la red, etcétera, yo creo que no tienen ningún papel real en cuanto a mejorar la información que tienen los profesionales. El papel que tienen fundamentalmente es vender sus productos e incentivar el gasto. Hay varios estudios que señalan que, cuanta más relación hay entre los médicos prescriptores y los visitadores médicos, más aumenta la prescripción y más aumenta la prescripción inadecuada. El British Medical Journal tiene varios artículos sobre esto; no están hechos en España, pero creo que son perfectamente equiparables. Si no recuerdo mal, creo que la revista Atención Primaria también tiene un artículo sobre este particular, sobre la relación entre visitadores médicos y médicos de atención primaria y su papel de prescripción. Ahora mismo yo creo que no tienen ningún sentido.

En cuanto a la colaboración públicoprivada, todos los datos que tenemos en este país -y no solo en este país, sino en Reino Unido y prácticamente en todo el mundo- indican que significa dinero público para beneficio privado. ¿Hay colaboración? Sí, hay colaboración porque el dinero público entra en beneficio de las empresas privadas. Digamos que los fondos públicos, los impuestos que pagamos todos y todas, ayudan a asegurar los beneficios de algunas empresas. Fuera de eso, lo demás es anecdótico. Insisto en que hablo en general, porque modelos de colaboración públicoprivada hay muchos y muy diferentes y, evidentemente, alguno habrá que se salga de esa senda. Insisto en que hay mucha literatura internacional en muchos sitios.

Alguien me preguntaba por qué se produjeron los contagios en los profesionales. Los numerosos contagios en los profesionales en este país se produjeron, primero, por un motivo obvio: porque son los que tratan a los enfermos. Tiene muchas más probabilidades de contagiarse alguien que trata a los enfermos de una determinada enfermedad que quien no los trata, porque hay una gran concentración de contacto. Pero también creo que ha influido de una manera muy significativa la ausencia tan importante que hubo de material de protección. Esto tiene que ver con una de las propuestas que yo señalaba, que es la necesidad de tener un remanente importante de medios de protección que son imprescindibles. Los medios de protección en los centros sanitarios públicos en España eran muy escasos y los remanentes que había -yo lo he vivido en la Comunidad de Madrid en primera persona y creo que ha sucedido así en todos los sitios-, por un intento de eso que llaman la gestión económica, se adelgazaron de una manera muy importante. Hubo un momento -creo que fue en 2008 o 2009- que en mi hospital los almacenamientos que había de mascarillas, batas, etcétera, desaparecieron de los controles de los servicios, y ya está. Nos quedamos con lo mínimo imprescindible. Ya tuvimos problemas -ya digo que lo viví en primera persona- con la primera epidemia que después de estos hechos sufrimos con el virus sincitial respiratorio. Por suerte, es un virus que a los adultos prácticamente no nos afecta de manera grave -no sé si ustedes lo saben-, pero a los niños pequeños les afecta de una manera muy grave; en algunos casos puede llegar a ser mortal y en muchos casos requiere cuidados intensivos. Eso ya lo vivimos en primera persona. Si tienes un remanente mínimo, en cuanto se produce un exceso en la demanda te quedas sin nada de lo que tirar e inmediatamente los contagios se disparan. Yo creo que ese fue un motivo muy importante.

Y luego, evidentemente, la misma historia, es decir, no había test suficientes; teóricamente había, pero no se hacían. Mi mujer es enfermera de atención primaria. Su médico de familia le indicó, en medio de la pandemia, hacerle una prueba del COVID-19, una PCR. Le hicieron la prueba tal que hoy y tuvo el resultado catorce días después. Pues ya está, es que es una situación inasumible. Por eso yo creo que este fue uno de los grandes problemas que magnificó los contagios dentro de los profesionales. Se ha trabajado en unas condiciones claramente inaceptables. Y luego están las mascarillas. Es evidente que debería haberse aconsejado antes la utilización sistemática de mascarillas. Sobre esto hubo informaciones bastante confusas; bien es cierto que probablemente se hizo porque se era consciente de que no había mascarillas para todo el mundo y por no crear una situación de pánico. Yo imagino que eso fue lo que sucedió, pero esto es una opinión; no tengo medios para comprobarlo, pero creo que más o menos fue así.

Otro grupo de temas tiene que ver con la financiación. Es evidente, habrá que sacar el dinero de algún sitio. Imagino que ustedes saben como yo, porque eso sale en todos los medios, que la presión fiscal de este país está 4 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea, o sea, que a lo mejor hay algún sitio de donde sacar ese dinero. Nosotros en su día hicimos un estudio limitado a la Comunidad de Madrid. Si en la Comunidad de Madrid se hubiesen aplicado los impuestos sobre patrimonio, sucesiones, donaciones y sobre actos documentados -me parece que se llama así-, se hubiesen recaudado del año 2010 al año 2018 unos 30 000 millones de euros más. La diferencia entre el presupuesto sanitario por habitante y año de la Comunidad de Madrid y el promedio de las comunidades autónomas fue que a la Comunidad de Madrid se habían dedicado 10 000 millones de euros menos. Bueno, ahí ya ven de dónde se podía sacar el dinero en este caso tan concreto. A nivel del Estado, habría que hacer las cuentas, pero yo creo que está claro que nuestro sistema fiscal deja bastante que desear, en el sentido de que hay una recaudación claramente por debajo del promedio de la Unión Europea y que hay un margen claro. También se podría mejorar no solamente obteniendo más recursos, sino gastando menos. ¿Cómo se gasta menos? El gasto farmacéutico, como ya he señalado en mi intervención, es un apartado en el que se podría ahorrar dinero de una manera bastante importante, y eso significaría tener más dinero disponible para el sistema sanitario público. Asimismo, las privatizaciones suponen unos sobrecostes muy importantes que se podrían ahorrar en el caso de que no se hicieran.

Comentaré un par de cosas más. Hay un tema muy importante que yo creo que tiene que ver con los conflictos de intereses dentro del sistema sanitario, y se ha hecho alguna pregunta relacionada con esta cuestión. Digamos que hay dos tipos de conflictos de intereses dentro del sistema sanitario que deberían abordarse y que yo creo que serían beneficiosos también desde el punto de vista económico. Un tipo de conflicto de interés tiene que ver con la farmacia, con el gasto farmacéutico. Es decir, está claro que en este momento la mayoría de la formación continuada de los profesionales sanitarios está financiada directamente por las empresas farmacéuticas, y eso, evidentemente, propicia un gasto farmacéutico inadecuado. Miren, en el número del 27 de mayo del British Medical Journal aparece un estudio y un editorial, que tengo aquí en las manos, sobre la relación entre los líderes médicos, en este caso de Estados Unidos, con la industria farmacéutica. Y dice que el 80 % de los líderes están financiados claramente por la industria farmacéutica y que, evidentemente, propician este tipo de cosas.

Imagino que ustedes conocen, porque hoy ha salido a la opinión pública, el escándalo que ha provocado un artículo liquidando supuestamente las ventajas de la hidroxicloroquina sobre el COVID-19, publicado en The Lancet, en el que se han desvelado multitud de conflictos de intereses relacionados con otras empresas farmacéuticas que quieren propiciar la venta de otros medicamentos a un coste, evidentemente, muy superior al de la hidroxicloroquina, medicamento que tiene muchos inconvenientes pero que entre sus ventajas está la de que ha sido probado y utilizado en millones de personas durante muchos años y que, además, es muy barato. La utilización de los otros medicamentos de la competencia en seres humanos es mucho menor y, desde luego, su coste no tiene parangón con este medicamento. En el mundo de la farmacia los conflictos de intereses son muy graves.

La otra cuestión de conflictos de intereses es la que tiene que ver con la conjunción de intereses entre quienes trabajan en el sector público y en el sector privado. Ahí se crea un conflicto de interés que es inaceptable. Nosotros en su día defendimos de una manera muy clara la dedicación exclusiva de los profesionales del sistema sanitario público, incluso la defienden las propias grandes empresas del sector privado. Novartis no dejaría que nadie que trabaje en Gilead o en Merck trabaje en su empresa; se les exige dedicación exclusiva. Eso si hablamos del sistema sanitario, pero sucede en cualquier otro sector donde exista competencia.

Se ha hablado del PIB como indicador impreciso. Pues es verdad. Es un indicador impreciso, pero es el que se utiliza habitualmente para comparar países. Tenemos algunos problemas que son reales. Es decir, no sabemos cuál es el gasto sanitario ideal, por decirlo de alguna manera, y la comparación se hace siempre en porcentajes del PIB, en dólares, en poder paritario de compra, como hacen la OMS o la OCDE, o en euros por habitante y año, como hace la UE. Son unos indicadores que, de alguna manera, estabilizan, y nos valen para hacer una comparación, que es claramente aproximativa. No hay ninguna certeza de que esta sea la mejor comparación, ni de lejos. Por eso, nosotros creemos que es muy importante tener un plan integrado de salud, porque hay que identificar cuáles son los problemas de salud, cuáles son los medios que necesitamos para resolver esos problemas de salud y, luego, cuantificar económicamente qué significa eso. Mientras no tengamos eso, nos seguiremos moviendo por aproximaciones, que nos son útiles de alguna manera, pero tenemos que ser conscientes de que son aproximaciones.

Alguien me preguntó por cómo lo había hecho el Gobierno. Lo primero que hay que decir es que el Gobierno se ha encontrado con un problema que todos los que no estamos en el Gobierno nos podemos felicitar de no habérnoslo encontrado. Esto es lo primero que hay que tener claro. Es un problema muy complicado, no se sabía por dónde iba a salir. Yo he vivido cuatro crisis sanitarias como esta, algunas más en primera persona y otras menos: la de la colza, que no sé si ustedes recuerdan; la emergencia del VIH/sida, que en su momento tampoco se sabía cómo se contagiaba ni cómo se abordaba; la de la gripe A y esta pandemia. Siempre que empieza un problema de este tipo hay una tremenda incertidumbre: no se sabe muy bien qué magnitud tiene el problema, cuáles son los mejores medios para abordarlo ni qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, en la época de la gripe A no sé si se acuerdan ustedes que una de las grandes críticas que todos hicimos fue que el Ministerio de Sanidad había hecho un acopio espectacular de medios, que luego hubo que tirar, que quemar y destruir. También recuerdo que el partido que estaba entonces en la oposición criticó durísimamente al Gobierno, porque, en lugar de comprar dos millones de vacunas, tenía que haber comprado diez; y en lugar de haber comprado dos o tres millones de dosis de Tamiflu, tenía que haber comprado cincuenta. Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de que nos hemos movido en una situación de manifiesta incertidumbre.

Sobre si va a haber un rebrote, yo creo que entra dentro de lo bastante probable; porque, por todas las pruebas que tenemos, el porcentaje de población que ha sido infectada ha sido relativamente bajo y, por lo tanto, el número de personas que están protegidas frente a una nueva infección también es relativamente bajo. Y cuando venga el próximo otoño, las condiciones climatológicas volverán a favorecer la expansión del virus, o eso parece lo más razonable pensar. Pero, si tengo suerte y vuelvo a hablar con el doctor Steegman, a lo mejor me tiene que recordar mis palabras porque me haya equivocado del todo. Puede suceder, no lo no lo pongo en duda, pero puede pasar. (El señor Steegman Olmedillas pronuncia palabras que no se perciben). No me atrevo a decir que vaya a pasar eso, pero yo creo que entra dentro de lo razonable pensar que va a suceder.

Ahora bien, es cierto que si hay un rebrote pasarán dos cosas; primero, que tenemos ya una cierta experiencia de cómo manejar el problema, y esa experiencia te da otra capacidad de abordaje; la población tiene una idea más clara de cuáles son las limitaciones que tiene ante esta situación de salud, y esperemos que esta Comisión haya arbitrado mecanismos suficientes para reforzar el sistema sanitario público para que pueda responder en mejores condiciones.

Nada más, me han dicho que tenía que acabar, pues aprovecho.

Muchísimas gracias.