El Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad es una institución que agrupa a más de noventa empresas del sector salud, puesta en marcha por los principales agentes del sector sanitario privado, grupos hospitalarios, aseguradoras y empresas de la industria farmacéutica y tecnológica, que nace con la intención de promover la mejora continua de nuestro sistema sanitario fomentando la integración y la normalización en el mismo del sector privado y sus experiencias.
El sector sanitario privado participa en el sistema sanitario de dos formas: como elemento suplementario y complementario a la cobertura pública, a través de la financiación privada de los usuarios de un seguro de salud, por el pago directo y a través de diferentes modelos de colaboración público-privada.
Con respecto a la asistencia sanitaria privada, representa el 65 % de la actividad del sector. En nuestro país existen 9 millones de personas que tienen de forma suplementaria a la cobertura sanitaria pública un seguro privado de salud, es decir, un 19 % de la población copaga voluntariamente un seguro de salud que descarga al sector sanitario público de una cantidad mínima de 591 euros (y digo “mínima” porque la cobertura de las aseguradoras nunca es superior a la cobertura del sistema sanitario público, y esa es la siniestralidad que hay por asegurado), que hace que se ahorre en las instituciones públicas. Aplicando el ahorro mínimo de estos 591 euros por los 9 millones de asegurados que tienen un seguro, totaliza 5319 millones de euros, que es más que los presupuestos de gastos sanitario público de Asturias, Aragón y Baleares juntos.
Además, a través del modelo de aseguramiento privado, libera recursos sanitarios públicos, porque en el sistema sanitario privado, sin contar con la actividad que se desarrolla en los modelos de colaboración público-privados, se realiza el 23 % de las altas hospitalarias, el 30 % de las intervenciones quirúrgicas o el 25 % de las urgencias totales de nuestro país. Hay más de 450 hospitales en nuestro país y más de 51 000 camas de hospitalización, y una prueba de su relevancia es el papel que ha desempeñado en esta crisis sanitaria tratando más del 20 % de los ingresos en planta por COVID y el 15 % de los ingresos en UCI.
Con respecto a la colaboración público-privada, representa el 11 % del gasto sanitario público y apenas el 15 % de la facturación del sector sanitario privado. El sector sanitario privado colabora con el sector público a través de diferentes fórmulas de colaboración, como el mutualismo administrativo, en donde el 85 % de los funcionarios y sus familias eligen voluntariamente la asistencia sanitaria privada como servicio sustitutivo a la asistencia pública, con un coste per cápita medio inferior al 38 % del coste per cápita en el Sistema Nacional de Salud (883 euros al año frente a 1224), porque las aseguradoras asumen todos los costes sanitarios de los pacientes, los consuman en el sector privado o en el sector público.
Los conciertos para contemplar servicios que no preste la sanidad pública en determinadas comunidades autónomas, como el transporte sanitario o la diálisis, o para la disminución de las listas de espera, y las concesiones administrativas, que son fórmulas de gestión privada de la sanidad pública habilitadas a raíz de la Ley 15/1997 de Habilitación de nuevas formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, que del mismo modo, según muchos informes, lo hacen con un coste un 25 % inferior que el coste per cápita del sistema público tradicional y con altísimos niveles de satisfacción.
En total, y según las cifras de 2018, el sector sanitario privado de nuestro país representó el 2,6 % del PIB, el 30 % del total, y el público el 6,3 % del PIB, para sumar un total conjunto del 8,9 %, cifra muy por debajo de la media de los países de la OCDE, que es de 10,1 %.
Esto es un grupo de trabajo para la reconstrucción de nuestro sistema sanitario. ¿Pero qué ha pasado para que hayamos llegado a tener que replantear su reconstrucción? Primero, me gustaría precisar que allí donde la pandemia no llegó con suficiente intensidad y dio tiempo a implantar las medidas de confinamiento precozmente no ha habido ningún problema de saturación del sistema sanitario. Por el contrario, allí donde no dio tiempo, fundamentalmente en Madrid, Barcelona y en ambas Castillas, la pandemia se expandió de forma libre y el sistema se vio absolutamente desbordado por el acúmulo de pacientes graves que de forma brusca necesitaron cuidados críticos.
Esto es importante precisarlo porque lo que se ha producido aquí es una crisis de salud pública, y por tanto la primera y principal medida que se debería tomar para que esto no vuelva a ocurrir es desarrollar la Ley General de Salud Pública promulgada en el año 2011. Con un sistema de alertas y vigilancia epidemiológica adecuado podemos sufrir una pandemia pero se puede evitar la saturación de los servicios sanitarios, como ha pasado en esta ocasión, y los miles de fallecimientos que no tenían que haber ocurrido.
Pero sin duda toca hablar de rehacer o reconstruir nuestro sistema de asistencia sanitaria, porque ya antes de la crisis mostraba clarísimos signos de agotamiento que por cuestiones de interés político no se han querido afrontar y que han contribuido a que los devastadores efectos de la pandemia se hayan agravado. Así, las dificultades en la accesibilidad al sistema de salud, en forma de listas de espera, la falta de equidad entre comunidades autónomas para el acceso a nuevos tratamientos o tecnología, la falta de la promoción de la investigación, el sistemático abandono del sector sociosanitario de la dependencia y la falta de colaboración directa con el sector privado, colaboración que sí que es verdad que durante esta crisis se ha realizado al cien por cien con absoluta normalidad en algunas comunidades autónomas y evidente éxito en su funcionamiento, son males que ya existían antes de la COVID en nuestro sistema sanitario y que, eso sí, con la pandemia se han mostrado en su máxima expresión.
Es decir, tenemos o teníamos un serio problema antes de la COVID de atención sanitaria y social, porque el sistema que dejamos antes de la crisis de 2008 se ha ido quedando pequeño y anticuado según ha ido aumentando la demanda por el envejecimiento y la cronificación. Además, por motivos puramente políticos o ideológicos, por una parte se ha enarbolado la bandera de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo en base a algo tan simplista como que tenemos una de las mayores esperanzas de vida del mundo, cuando solo el 10 % de la misma depende del sistema sanitario, y por tanto, ¿por qué hay que hacer algo?
Y por otra parte se permitió el lujo de no querer saber nada del sector sanitario privado, que, al contrario, en todos estos años ha seguido creciendo, y sobre todo invirtiendo en innovación tecnológica, construyendo un sistema paralelo al sistema público con el que ya compite en calidad y complejidad. Cuanto mejor le iba al sector privado menos se ha querido saber de él y más se le ha culpabilizado de los males que aquejaban al sector público.
Así pues, y dado que esta es una comisión para la reconstrucción del sistema sanitario y la salud pública, y de acuerdo con nuestro objetivo de tratar de contribuir a tener el mejor sistema sanitario posible, primero me adelanto a decir que estamos aquí sin abrazar ninguna ideología concreta ni partido político alguno. Todos queremos un sector sanitario público fuerte que dé la mejor asistencia posible a los ciudadanos. Todos queremos un sistema sanitario universal con los máximos niveles de accesibilidad y equidad y con el máximo nivel de coberturas tanto en cartera de servicios como en prestaciones.
Entendemos que en este entorno es posible y es bueno la existencia de una sanidad privada que eligen los ciudadanos de manera voluntaria para quien desea una atención más personalizada, y que debe estar funcionando de manera coordinada con la sanidad pública, integrada en torno a la figura del paciente y con un marco estable de colaboración entre ambas partes que sea beneficioso para todos.
Por último, y esto es importante que se entienda, al sector sanitario privado no le interesa que le vaya mal al sector público. Al contrario, mientras el sector público tiene que dar una oferta equitativa a todo el mundo, la base de nuestro sentido es la atención personalizada. Nosotros queremos la mejor sanidad pública porque no pretendemos sustituirla, sino dar un servicio diferente cuando lo quiera el ciudadano o se necesite complementarla, como hemos hecho durante esta pandemia o hacemos para contribuir a solucionar la lista de espera.
Por tanto, nuestras propuestas serían: primera, con respecto a la financiación, es imprescindible incrementarla, incrementar la financiación sanitaria pública, como mínimo al nivel de los países de nuestro entorno, e idealmente en el orden de 2 puntos del PIB antes de la COVID, a fin de recuperar y compensar lo perdido desde la crisis de 2008, las nuevas circunstancias demográficas y sanitarias de la población actual, e incluir como parte de un todo la financiación de los servicios sociosanitarios y la dependencia. No debería haber solución de continuidad en el ciclo de vida del paciente desde que nace hasta que fallece.
Obviamente, la gestión de la asistencia sanitaria debe estar transferida a las comunidades autónomas, pero debe ser dentro de un marco en el que, en mi opinión, se dote una financiación finalista para la salud, a través, por ejemplo, de un modelo cápita por ciudadano con las correcciones que sean necesarias, según criterios de eficiencia clínica.
Se debe establecer el sistema para que el sector sanitario participe de alguna forma en las decisiones sobre la financiación de la sanidad pública y no que esté todo en manos de las consejerías de Hacienda o en el Consejo de Política Fiscal.
Con respecto a la cartera de servicios y prestaciones, hay que definir realmente en función de la financiación que podamos aportar al sistema qué servicios y prestaciones podemos garantizar a la ciudadanía, de una forma equitativa. Y hay que introducir el factor tiempo para priorizar procesos graves de procesos leves, porque, ¿cuál es la lista de espera óptima para un juanete? Lo que está claro es que para un cáncer debe ser la atención inmediata. Hay que reevaluar estas coberturas con la colaboración de las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, que deben tener un papel protagonista en el ámbito de decisión de las diferentes estructuras sanitarias.
En cualquier caso y para garantizar la equidad, que es lo que ordena la Ley General de Sanidad del año 1986 –y si no nos gusta, la cambiamos, pero es lo que tenemos–, las coberturas deben estar definidas por el ministerio y deben ser igual en todas las comunidades autónomas. Las coberturas sanitarias no pueden regirse por el principio de mínimos y que luego cada comunidad autónoma las amplíe como considere, porque eso va en contra de la igualdad en los servicios recibidos, que es lo que promulga la ley vigente.
Tercero, con respecto a la digitalización: es imprescindible llevar nuestro sistema sanitario al siglo XXI, para lo que hay que generar un sistema de identificación de los ciudadanos único y válido para todos los territorios y para todas las instituciones del sector, con independencia de su nivel de atención y de su titularidad. Además es preciso promover de forma obligatoria la digitalización de todas las estructuras sanitarias con independencia de su nivel de actuación y su financiación en torno a los pacientes y las personas, que son realmente las protagonistas de este tipo de servicios por encima de intereses políticos, profesionales o empresariales.
Debe existir, en definitiva, una historia clínica única interoperable que dé continuidad asistencial a los pacientes con independencia de los diferentes niveles de atención y con independencia de si las instituciones son públicas o privadas, para evitar duplicidades e ineficiencias.
Cuarto, cuarta propuesta, con respecto a los resultados e indicadores sanitarios: si no mides no puedes mejorar. Hay que promover la transparencia del sistema fomentando la publicación obligatoria de resultados o indicadores sanitarios, y en función de estos elaborar un mapa de la realización de procesos en los centros en función de efectividad en los resultados sanitarios y siguiendo criterios de eficiencia clínica, no puede ser en función de criterios políticos.
Quinto: con respecto a la Ley General de Salud Pública hay que desarrollarla y poner en marcha la agencia estatal de salud pública promovida por el Estado y las comunidades autónomas, que coordine y controle tanto las medidas de salud pública (la vigilancia epidemiológica, el control de enfermedades) como las medidas de prevención contra los factores de riesgo de la población o el control de la calidad asistencial y del acceso a los recursos de forma equitativa. Una agencia de salud pública que tiene que dotarse de medios y que debe estar en constante relación y coordinación con las autoridades autonómicas pero que debe ser la máxima autoridad con respecto a estas materias en un momento dado.
Hay que diseñar un protocolo de actuación específico ante la notificación de alertas internacionales o nacionales, con la intención de clarificar sin género de dudas la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas de todas las medidas y procesos necesarios para afrontar la crisis desde el principio.
Sexto: las comunidades autónomas deben gestionar su sanidad en base al cumplimiento de unos indicadores definidos por parte del Estado con el control y la supervisión de su cumplimiento a través de la Alta Inspección del Estado o alguna otra agencia que se cree ad hoc, la cual tiene que tener capacidad sancionadora. Entre no poder hacer nada y aplicar el artículo 155 deben existir posibilidades intermedias. Debe existir y potenciarse el fondo de cohesión interterritorial para los casos de procesos que se tengan que financiar directamente desde el Estado porque su excepcionalidad no permite que se pueda realizar en todas las comunidades autónomas, y del mismo modo se debe establecer un fondo específico para el desarrollo e implementación de medidas de alcance nacional y relacionado con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la telemedicina.
Séptimo: con respecto a los profesionales, se debe impulsar su papel, deben ser considerados a los efectos de planificación y organización del sistema a través de las diferentes sociedades científicas; se debe fomentar la estabilidad laboral de los profesionales del sector público y establecer mecanismos de reconocimiento del esfuerzo, el mérito o la formación continuada. En mi opinión, sería bueno habilitar un órgano central que ayude y apoye a las comunidades autónomas en la gestión de las políticas de recursos humanos y que impida que compitan entre ellas para llevarse a los profesionales, y se tendría que actualizar y homogeneizar la ley de incompatibilidades para que aquel profesional que quiera, fuera de su horario laboral, trabajar en el sector privado pueda hacerlo si lo desea. Competir, como pasa en algunas comunidades autónomas, entre el sector público y el sector privado por los profesionales es una pérdida de oportunidad para los dos.
Por otra parte, todos los actores sanitarios, tras la entrega profesional de todo el sector ante esta crisis sanitaria, junto al riesgo que viene asumiendo en esa dedicación, deben recibir una respuesta consecuente por parte de las administraciones y del Gobierno en el tratamiento de su dedicación profesional a la COVID-19. Así, es obligada y justa la calificación como enfermedad profesional de la situación de contagio para todos estos profesionales, que no solo tiene como único propósito la correcta calificación jurídica, sino además derivar hacia aquellos las consecuencias prestacionales correspondientes en el terreno económico y en el asistencial.
Merece una especial mención por lo que hemos padecido en esta crisis la necesidad de incrementar el número de enfermeras. España es uno de los países de nuestro entorno con menor ratio de enfermeras por cien mil habitantes, así como su capacitación y especialización, en especial las de los servicios especiales (UCI y quirófano) y las de la atención comunitaria para potenciar los servicios de atención primaria y la asistencia y seguimiento domiciliario.
Para acabar este punto, a los efectos de simplificar la judicialización de la medicina, con el desgaste que supone para los profesionales, la frustración para los pacientes y la dificultad para los jueces, se deben implementar los procesos de resolución extrajudicial de conflictos, de responsabilidad sanitaria y el baremo de daños sanitarios; ambos mecanismos permitirían una pronta y justa solución en más del 70 % de los casos.
Octavo, la corresponsabilidad de los ciudadanos: se debe establecer un plan de comunicación a la población para formarles en el mejor uso y las limitaciones del sistema sanitario y conseguir la corresponsabilidad de los ciudadanos en el manejo y cuidado de su salud. Debe promoverse la presencia de los representantes de los pacientes en los órganos de decisión sobre cuestiones que afecten al sistema, dado que son sus principales clientes y usuarios, y deben comprometerse con la sociedad a través de tareas de formación del cuidado de la salud y del uso responsable de los recursos sanitarios. No es admisible que la gente coja una cita y no acuda sin avisar, por poner un ejemplo.
Noveno: con respecto a la investigación y el desarrollo es imprescindible fomentar todo tipo de medidas que las promuevan. Primero, para ser foco de atención de profesionales cualificados, y segundo para no tener que depender tanto de lo que hagan terceros países. Un país avanzado no es el que innova, un país que usa la innovación como motor de desarrollo es un país avanzado; y hacer muchos ensayos es sin duda un síntoma de la calidad y el compromiso de nuestros profesionales, incluso una fórmula de ahorro para los hospitales porque lo financia la industria, pero no deja de ser un sistema de servicios y no una verdadera industria. Hay que favorecer a las empresas que apuestan e innovan para generar riqueza industrial alrededor del sistema sanitario.
Se debe establecer un plan que agilice y simplifique el acceso a la innovación farmacéutica de una forma equitativa para toda la población y realizar un mapa nacional de recursos tecnológicos tanto públicos como privados para diseñar un plan Renove del parque tecnológico en función de criterios sanitarios y demográficos que permitan disponer de un sistema sanitario debidamente modernizado, que dé las máximas prestaciones a la población y garantice su acceso a los recursos de la totalidad del sistema.
Para finalizar este punto, a la vista de lo acontecido, resulta obvio que debemos tener capacidad de producir en nuestro país determinados productos básicos (como mascarillas, guantes, respiradores) para poder atender situaciones como la vivida sin tener que depender de terceros. Y puestos a pedir cosas con sentido común, habría que intentar que tuviéramos la posibilidad de fabricar nuestras propias vacunas.
Décimo y último: se debe renovar recíprocamente la confianza en las relaciones entre el sector público y el sector privado. El sector privado aporta un papel que no solo pretende obtener beneficios económicos. Esto me gustaría dejarlo claro de una vez por todas, y se ha podido comprobar en esta crisis. Ha quedado patente que más que priorizar los resultados económicos pretende también aportar valor a la sociedad, pero ya no somos una pequeña red de sanatorios para hacer cirugía plástica o partos o hacer exclusivamente listas de espera de procesos simples. La realidad es que el sector sanitario privado aporta más del 30 % de los recursos que desde el punto de vista asistencial funcionan de manera aislada o paralela, cuando los datos demuestran que durante los años de la crisis económica, como dije en mi introducción, no solo no ha seguido creciendo e invirtiendo, sino que se ha consolidado como un sector clave en cuestiones tales como la innovación tecnológica o su aportación a la investigación.
En nuestro país hemos combinado el orgullo de tener una sanidad universal que es capaz de garantizar que todas las personas puedan tener una sanidad financiada por impuestos y de calidad con la intolerancia al debate sobre la mejor forma de alcanzar esos objetivos e introduciendo como único argumento sospechas sobre la cualificación y verdaderas intenciones de los trabajadores y empresas del sector privado cuando asisten a un paciente a través de un sistema de aseguramiento. Esta actitud excluyente supone eliminar del planteamiento a los más de 10 millones de personas que han elegido libremente pagar una asistencia sanitaria privada basada en el aseguramiento, así como a cientos de miles de trabajadores y recursos sanitarios; e incluso supone despreciar los miles de millones de impuestos generados por una buena gestión empresarial que terminan acabando en las arcas públicas. Y además genera una hipocresía manifiesta, dado que muchos de los grandes críticos de nuestra actividad empresarial disfrutan de los beneficios que aportan frente a los 36 millones de españoles que no pueden acceder a ella.
La realidad es que la colaboración público-privada se produce desde siempre, se reconoce desde los principios de nuestra democracia en la Ley General de Sanidad del año 1986, y se viene dando con distinta intensidad en todas las comunidades autónomas con todo tipo de partidos políticos. Pero se debe promover un marco estable de colaboración entre el sector público y el privado para los conciertos desde la lista de espera que garanticen tanto la accesibilidad a los servicios como las prestaciones a los ciudadanos allí donde el sistema público no llega a dar dicho servicio y dé seguridad jurídica al sector. Es decir, insisto, debemos recuperar la confianza mutua.
Del mismo modo, y hablando del mantenimiento y la promoción del sistema de colaboración público-privada, creo que habría que tratar de mantener el potencial y promover el modelo de las mutualidades administrativas que tanta satisfacción crea entre los funcionarios y que es un derecho reconocido históricamente desde los tiempos de los montepíos, mucho antes del siglo XX, y que por cierto fue ratificado por parte del Partido Socialista en la Ley General de Salud Pública del año 2011.
Como he dicho al principio de mi intervención, por cada uno de los 9 millones de personas que tiene un seguro de salud voluntariamente gasta un importe que ahorra una cantidad mínima de 591 euros a las arcas públicas; esta cantidad da margen para fomentar la implementación de mecanismos de ayuda fiscal para que la población que pueda se haga un seguro y deje un espacio en la cola a aquel que no se lo puede permitir.
La existencia del sector privado hay que normalizarla definitivamente. La provisión sanitaria pública no es suficiente para absorber la demanda sanitaria de la población. Y ya, de la sociosanitaria ni hablamos. Y cuanto menos se ha querido saber del sector privado mejor le ha ido a este y peor le ha ido al sector público.
En estos días he podido comprobar cómo algunos ponentes pedían eliminar las desgravaciones fiscales a los seguros de salud para los empleados de las empresas. Me gustaría llamar la atención sobre esto, primero porque a través de esta fórmula acceden a los servicios sanitarios privados más de 3 millones de ciudadanos; segundo, porque es el beneficio social más apreciado por parte de los trabajadores; y tercero, porque los que lo plantean supongo que caerán en la cuenta de lo que va a suponer en forma de más colapso para un sector público saturado y, por supuesto, de pérdida de puestos de trabajo por el cierre directo de decenas de centros sanitarios privados.
Por cierto, que lo mismo pasaría si se replanteara la continuidad de las mutualidades administrativas, modelo ya de por sí en riesgo por su más que clara y anunciada infrafinanciación, afectando en estos casos sobre todo a provincias y contribuyendo con ello al cierre de los hospitales y todo el negocio indirecto que generan a su alrededor. El sector sanitario privado asistencial emplea casi 300 000 puestos de trabajo directo cualificados en nuestro país, cuyo concurso y normalización en el sistema sanitario puede ser beneficioso tanto para las administraciones como para los pacientes y el propio sistema sanitario público.
Por último, en los efectos de esta comisión creo que se debería promover de una vez el pacto por la sanidad que desde hace tanto tiempo les reclama la sociedad para tratar estos y otros asuntos, contando y despolitizando el papel del sector privado, que ha demostrado su predisposición a aportar valor por encima de sus propios intereses empresariales en esta terrible crisis de la COVID-19 que nos ha asolado.
Por todo esto, para acabar me atrevo a decir que la transformación profunda de nuestro sistema sanitario no es una opción, es una necesidad que se ha convertido en una obligación, sobre todo desde la posición en defensa del sector público que todos apoyamos y defendemos.
Muchas gracias.

Primero a la representante de Ciudadanos sobre las preguntas que me ha hecho: mire, yo tengo hospitales en varias comunidades autónomas y tengo hospitales en las comunidades autónomas que han sufrido más la pandemia, en Madrid y Barcelona fundamentalmente, y en Castilla y León. Yo creo que aquí el problema, creo de verdad que tanto en la Generalitat como en la Comunidad Autónoma de Madrid como en Castilla y León, he podido hablar con todos, la interlocución con las entidades sanitarias ha sido totalmente efectiva, fundamentalmente en Madrid y en Cataluña, donde habitualmente, en Madrid por ejemplo, el 40 % de la actividad sanitaria va por el sector privado y va de una manera totalmente paralela, es decir, habitualmente no nos hablamos prácticamente, y en un día, en un solo día la Consejería consiguió que todo se gestionara de manera auténticamente unificada; y en Barcelona exactamente igual; en Madrid fue a través de un comité donde había gente del sector público y del sector privado, y en Barcelona se hizo por áreas, los hospitales allí estaban perfectamente conectados, en este caso con el Vall d’Hebron. Por tanto, yo creo que la interlocución en la gestión de la crisis del día a día con las autoridades autonómicas ha sido buenísima. Lo que ha sido un desastre ha sido la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, que es a lo que yo me refería antes fundamentalmente con el tema de los protocolos. Yo creo que tiene que haber un protocolo, y durante muchas semanas no sabíamos dónde comprar, qué no comprar, cómo hacerlo, dónde teníamos que ir; sabíamos que a lo mejor no había crisis, no iba a llegar a Andalucía, o en Galicia no nos dejaban traer los respiradores. O sea, yo creo que todo eso hay que coordinarlo mucho más desde el Estado central.
¿Estábamos preparados? Pues claramente no estábamos preparados. Es que, por ejemplo, para lo que pasó en Madrid nadie estaba preparado, hubiera sido imposible prepararse, es que nadie se puede esperar lo que pasó en Madrid, ¿no? Y digo Madrid particularmente porque en Madrid se vivió una semana antes, y una semana después Barcelona, pero ya estaban más preavisados, yo creo que en Madrid claramente –eso, no hay que ser muy listo para saber que hubo un retraso en la toma de medidas del confinamiento, había que haberlas tomado posiblemente no un fin de semana, una semana antes probablemente–, y de repente en menos de diez días sufrimos 3000 ingresos diarios, ampliamos en dos semanas las camas de UVI de 700, que son las que tienen normalmente, a 1800. Particularmente, por contar una experiencia, no estoy aquí para hablar de HM, del grupo nuestro, pero como todo el sector sanitario privado duplicamos las camas de UVI, aumentamos un 30 % las camas de hospitalización, duplicamos todas las habitaciones. Yo, ha habido días que teníamos 200 pacientes al día, y obviamente nadie estaba preparado para lo que pasó. En Galicia, por ejemplo, nunca llegó a utilizarse la sanidad privada, porque la propia sanidad pública era suficiente como para absorber a los pacientes, y salvo algunos pacientes que nos mandaban de residencias en Santiago. Pero en otras comunidades como la Comunidad Autónoma Valenciana o Andalucía, directamente, pues prácticamente no se trabajó mucho con la privada porque no hacía falta, primero lo asumía la sanidad pública y el sector privado estaba a disposición de las autoridades en función de lo que se podía necesitar.
Yo creo que hemos estado igual de protegidos más o menos que el personal sanitario público, lo hemos pasado igual de mal con el tema de los EPI. Nosotros y otros grupos hemos hecho todos los estudios de anticuerpos a sus trabajadores y estamos todos aproximadamente en un 10 % de inmunizados, o sea que yo creo que el sector sanitario privado está más o menos igual. Y por supuesto que habría que hacer un fondo de reserva de material, y lo he dicho en mi intervención; habría que producir nosotros mismos este tipo de productos, es una cosa elemental.
Nosotros hemos atendido aproximadamente unos 25 000 pacientes de COVID en planta, de los 90 000, y unos 2000 más o menos en UCI. Con eso aprovecho para contestar una pregunta que me ha hecho el representante de Vox: todavía no hemos publicado los datos porque la pandemia no se ha acabado, hasta hoy seguimos en estado de alarma, vamos, yo sigo teniendo pacientes ingresados en las UVI todavía, pocos, pero algunos tenemos. Entonces, yo creo que hay que esperar a acabar, que pase toda la pandemia para sacar datos. Obviamente, cada grupo tenemos nuestros datos pero todavía no los hemos sacado de una manera acumulada, solo hemos sacado datos del número total de pacientes que hemos tratado. Y creo que más o menos he contestado a todas las preguntas de Ciudadanos.
Con respecto a las preguntas de la representante de Unidas Podemos, Fresenius: mire, yo tengo un grupo hospitalario y no me siento amenazado por el oligopolio. Entonces, yo creo que en España la sanidad privada ha estado muy atomizada y se está concentrando, lo cual es una cuestión de competitividad. Y yo creo que el grupo Fresenius, de hecho dentro de la sanidad está diversificado, porque tiene parte de sanidad privada, parte de colaboración público-privada, parte de prevención, es decir, que yo no creo que en ningún caso haya una situación de monopolio. Puedo tener yo más monopolio que tengo los dos únicos hospitales de Santiago, por ejemplo. Porque la sanidad se gestiona mucho por comunidades autónomas, por regiones.
Y luego, lo de la selección adversa de pacientes, mire, partimos, y también lo he dicho en la exposición, de que aquí el que tiene que dar la cobertura sanitaria, el que tiene que garantizar de alguna manera la sanidad es el sistema sanitario público, y estamos todos de acuerdo en potenciarlo y en financiarlo y todo. La colaboración público-privada, todo lo que es colaboración público-privada se produce por modelo de mutualismo administrativo, que no hay ningún tipo de selección adversa, no la hay, o en función de lo que necesite la sanidad pública para las listas de espera. Todo lo que es en el fondo asistencia sanitaria a través de un seguro de salud, yo la selección adversa, es que eso es una cuestión absolutamente libre entre el paciente y la aseguradora que le asegure. Entonces, por eso digo lo de que todo el que en un momento determinado se hace un seguro de salud le deja un espacio en la cola al que no tiene opción; pues como si uno se quiere… o sea, la gente se paga el seguro de salud en función de lo que quiere asegurarse. Entonces, usted imagínese que yo me quiero hacer un seguro para las hernias, y solo me cubre las hernias el seguro. Pues por lo menos las hernias me las habré descontado. Lo que le quiero decir es que no tiene… Yo soy de los que creo que la mejor colaboración con el sistema sanitario público es que la gente se haga un seguro de salud, lo tengo clarísimo, porque nunca va a poder sustituirse, jamás, y además no queremos. Pero la cuestión es que el seguro de salud y la selección adversa dependen de la libertad que tenga el paciente, el asegurado con la aseguradora. Por tanto, eso no puede ser un problema para la colaboración público-privada, porque a través del seguro de salud no se produce una colaboración directa con el sistema sanitario público. ¿Vale?, espero haberle contestado.
Al representante de Vox le diría, al doctor Steegmann, bueno, ya le he contestado con respecto al tema de los datos de mortalidad, y luego no sé qué parte de mi intervención no ha entendido, pero yo no he dicho en ningún caso que queramos una integración, yo quiero atender a mis pacientes privados, yo no quiero atender de una manera libre pacientes del sistema sanitario público. El sistema alemán, el Bismarck, que es un sistema que no se financia con impuestos sino que se financia a través de las cotizaciones sociales, se basa en una división entre la financiación y la provisión, en donde la gran mayoría de los hospitales son hospitales privados que trabajan… Es como el modelo de los funcionarios pero a lo bestia, para todo el mundo. Entonces, nosotros no estamos pidiendo eso: nosotros queremos un sistema sanitario público lo más fuerte posible y que dé cobertura a toda la población.
Mire, la diferencia entre el sector público y el privado ya no es una cuestión de complejidad. Nosotros hacemos procesos tan complejos como el sistema público. Es una cuestión de excepcionalidad, de número de pacientes, de masa, de N, de la N de pacientes que necesitas para poder con éxito, con resultados sanitarios óptimos determinadas patologías. Entonces, la gran diferencia es que obviamente hay 9 millones de usuarios del sistema sanitario privado pero 47 millones potenciales del sistema sanitario público, igual que hay 500 millones en Europa. Entonces, hay determinadas patologías que se deben hacer, se pueden hacer el 99 % en el sistema sanitario privado, el 99,5 % en el sistema sanitario público, y para hacer el 100 % necesitarías posiblemente la masa, la N de todos los ciudadanos europeos. Y de hecho hay referentes, hay unidades europeas que son referencia por el número de… Porque todo lo que sea tener que ver con la salud tendría que gestionarse según resultados sanitarios, no según motivos políticos.
Entonces, nosotros no queremos una integración, nosotros queremos tener la posibilidad de atender (porque entendemos que es bueno, que descarga) sin ningún tipo de problema a los pacientes que quieran tener un seguro, una alternativa distinta, porque quieran una atención más personalizada, porque quieran un proceso diferente, no pretendemos integrarnos y modificar el sistema. Obviamente, lo he dicho, el sistema de los funcionarios está clarísimamente infrafinanciado. Hombre, que se mantenga, pero ya que se mantenga porque se han creado estructuras, hospitales en provincias, porque fundamentalmente afectaría a provincias, no nos olvidemos que los hospitales muchas veces en provincias son la primera o la segunda empresa más importante de esa provincia, de esa capital; entonces, obviamente nos gustaría que se mantuviera porque de él dependen muchísimos puestos de trabajo y muchísima parte del sector. Pero no hay un empeño por parte de… Yo no vengo aquí a decirle desde IDIS cómo tienen ustedes que gestionar la sanidad pública, yo quiero que haya una sanidad pública que funcione bien, que no haya lista de espera, que priorice lo grave de lo leve, que los pacientes no tengan que esperar quinientos días a que se autoricen los medicamentos. Eso es lo que queremos, una sanidad pública que funcione bien. Y en ese entorno es donde la sanidad privada encuentra su espacio perfectamente para las personas que en un momento determinado quieren un tratamiento diferente.
No me entiendo ni mi letra, pero, bueno, lo siento. Peligros desde el punto de vista de la financiación, es que no sé muy bien cuál era esta pregunta, no me acuerdo.
A la representante del Partido Popular, a Ana: vamos a ver, si tenemos una ley que es la Ley General de Sanidad del año 1986 que dice –es que yo eso no lo acabo de entender– que tenemos que tener un sistema equitativo, con las mismas condiciones, que tiene que dar un acceso universal, me resulta totalmente incomprensible el tema de la cartera de servicios de mínimos. Porque si se supone que tenemos que dar los mismos servicios a toda la población, es lo que he dicho antes, si no nos gusta, lo cambiamos y que cada comunidad autónoma haga lo que le dé la gana, pero mientras esté vigente la Ley General de Sanidad del año 1986 y ese artículo, pues habrá que cumplirla, es lo que yo entiendo, ¿no?
Yo, por tanto, en este entorno entiendo, por supuesto, que la financiación debería ser finalista, porque creo que lo más importante es la sanidad y los servicios sociosanitarios, los servicios sociales, y debe llegar de una manera ecuánime a todo el mundo, a todo el mundo en función, como ha dicho antes Julio Sánchez Fierro, de criterios de envejecimiento, de criterios de dispersión geográfica, habrá que hacer las modificaciones que correspondan, pero creo claramente que tendría que haber una financiación finalista. Y me parece que una de las posibles vías, y no soy un experto, puede ser un sistema de cápita, teniendo en cuenta que hemos elegido el modelo territorial de las comunidades autónomas: tú tienes un millón de habitantes, pues en función de tus características te asignan 1,3 %, 1300 y no sé cuánto, pues son 1300 millones, y con eso lo gestionas dentro del marco de igualdad que dice la Ley General de Sanidad, pues lo gestionas como tú creas que tienes que gestionarlo.
Luego, lo de la cartera de servicio ya lo he… O sea, ¿qué hacemos? Pues que, como ha dicho antes la representante del Partido Nacionalista Vasco, que en este momento no ha estado, es que los partidos políticos lo han aprovechado como una venta desde el punto de vista político: y yo doy la vacuna del no sé cuánto, y yo doy la… Pues yo creo que eso políticamente puede estar muy bien pero va en contra de la Ley General de Sanidad.
Protocolos: yo me refería específicamente a protocolos en la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, específicamente a protocolos de funcionamiento. Esto es una enfermedad nueva, ha sido una enfermedad nueva, es decir, cuando llegamos prácticamente no se sabía nada, empezamos con Kaletra a tratar a los pacientes, que a las dos semanas se quitó. Hasta ahora no hemos podido, no empezamos a saber realmente cuáles son las fórmulas mejores que hay para de alguna manera tratar a los pacientes. Yo creo que el problema es que no ha habido una… Vamos, nosotros en nuestro grupo, que además hemos ido desde Madrid avanzando, gestionando protocolos para el resto de nuestros hospitales de otras comunidades autónomas, hemos ido cambiando semanalmente el protocolo, los protocolos médicos. Yo creo que eso ahora tocará; ahora es cuando yo creo que habría que centrarse de verdad en… Porque, claro, yo soy el primer optimista patológico que pienso que no va a haber un rebrote. Pero, claro, tampoco pensábamos que no iba a pasar nada, y lo que ha pasado ha sido horrible, ha sido espantoso. Yo creo que ahora habría que empezar a sentarse realmente para valorar las posibilidades de que haya un rebrote y que además se junte con la gripe y tengamos la mundial en otoño. Y deberíamos centrarnos en eso, de verdad en eso fundamentalmente y no en otras diatribas desde el punto de vista político (no pretendo meterme en lo que tienen que hacer ustedes) y en intentar conseguir la vacuna. O sea, creo que para mí –que he estado dos meses en los hospitales viendo lo que hemos visto–, eso para mí es lo fundamental; y obviamente, hay que ponerse a trabajar para hacer protocolos médicos que sean lo más aprovechables posible.
La tecnología: pues mire, es lo que también he comentado; del año 2008 al año 2018 prácticamente el sector sanitario público no ha tenido financiación y no solamente no ha invertido, sino que no se ha renovado. Nosotros, el sector sanitario privado trabaja según lo que nos demandan los clientes. Y eso ha hecho que hayamos ido compitiendo entre nosotros mismos para obtener más tecnología. Entonces, la cirugía robótica mayormente está en la sanidad privada. Las dos únicas instalaciones de protonterapia están en la sanidad privada, el HIFU está en la sanidad privada, el (?) de resonancia está en la sanidad privada, es decir, nuestro ánimo o nuestro ADN de competición hace que necesariamente tengamos que ir incorporando tecnología. Entonces, en un momento determinado lo único que digo es: aparte de la cartera de servicios, de las listas de espera, vamos a ver, si nosotros tenemos la única protonterapia, el único HIFU que hay en este país, ¿por qué no se le puede dar el acceso a eso a través de un concierto especial? Nosotros siempre hemos abogado por intentar firmar un pacto por la innovación entre el sector público y el sector privado. Si por el motivo que sea al sector público no le interesa contratarlo, pero obviamente tiene sus indicaciones, ¿por qué no se puede llegar a hacer ese mapa de recursos sanitarios y donde en un momento determinado haya una instalación y el sector público no pueda hacer la inversión, porque tiene que priorizar otras cosas, porque obviamente tiene que priorizarlas, por qué no se puede llegar? Si al final a quien se lo restas es a la sociedad.
Y con respecto al tema del baremo sanitario y la resolución extrajudicial de conflictos, pues esto es un tema que lleva coleando desde hace muchísimos años. Ya ha habido varios intentos de hacer un baremo sanitario. Esto es una de las grandes lacras que tiene el sistema sanitario, que genera la medicina defensiva, que genera un auténtico… muchísima frustración en los pacientes, para los jueces les supone un problema tremendo. Lo que pasa es que en este país el único baremo que existe, y si sirve como orientativo, es el baremo de tráfico. El baremo de tráfico en el año 2015 sufrió una reforma, claro, que iba sobre todo adaptada a los baremos de tráfico, en donde la mayor parte de los pacientes son pacientes leves. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mantuvo más o menos la siniestralidad, las indemnizaciones del paciente leve pero subió mucho la de los graves. ¿Cuál es el problema con el sistema sanitario? Pues que obviamente el sistema sanitario trabaja sobre el individuo, sobre la salud; entonces, la mayoría de las veces contiene un siniestro grave. Entonces, lo que ha producido es que donde antes había indemnizaciones de 500 000 euros o 600 000 euros ahora, sin tener en cuenta el estado previo del paciente, sin tener en cuenta que hay determinadas especialidades como la ginecología o la neurocirugía, que son imposibles de aplicar al baremo de tráfico, y sobre todo teniendo en cuenta que se hace en base a una N de siniestros diferentes porque el 99 % o el 95 % de los siniestros del tráfico son leves, lo que ha producido es un incremento de la siniestralidad en el seguro de salud que es insoportable, hasta tal punto que hay varias comunidades autónomas donde no tienen seguro de responsabilidad profesional, directamente no tienen seguro de responsabilidad profesional y los asumen ellos en directo.
Entonces, el poder establecer un baremo de daño sanitario y un mecanismo extrajudicial de conflictos, vamos, clarísimamente aligeraría la demanda de los Juzgados, quitaría un problema a los profesionales, sería de satisfacción (en la Comunidad Autónoma de Madrid ya han puesto un sistema de resolución extrajudicial), aumentaría clarísimamente la satisfacción y la frustración de los pacientes que en un momento dado tienen que ser compensados, porque por supuesto que se producen errores en el sistema médico. Entonces, esto es un tema que se ha hecho varias veces, y no sé yo por qué nunca acaba de salir, pero esto es una cosa que es de Perogrullo.
Bueno, le voy a contestar a la primera pregunta, aunque no debo porque estoy aquí como IDIS, la pregunta de la comunidad científica: es verdad, mire, esto es una política personal nuestra, yo creo que hoy por hoy la gran diferencia entre la medicina de ahora y la de hace veinte años es la tecnología, es la posibilidad de gestionar los datos. Yo digo: mi dato le puede salvar a usted y su dato me puede salvar a mí. Por eso yo creo que sería obligatorio el hecho de que se compartieran de alguna forma las bases de datos, y eso es lo que hemos hecho desde nuestro grupo: hemos sacado todos los pacientes que teníamos ingresados por COVID, que son más de 2000, y hemos publicado a la comunidad científica todos los datos y hemos obtenido más de 300 solicitudes por parte de todo tipo de universidades, laboratorios, a nivel de más de 35 países. Yo no entiendo por qué el Estado no hace lo mismo, e igual que creo que nos tendría que obligar a todos a digitalizarnos y a integrarnos obligatoriamente, debería… Y espero que con el tiempo, y teniendo en cuenta que eso es lo que va a dar mayor equidad a la población. Porque hoy por hoy el dato generará, la gestión del dato y de los resultados será tan buena para la gente que pueda permitírselo como para la gente que no se lo pueda permitir. O sea, creo que será un elemento clarísimamente equitativo para toda la población. Entonces, lo hemos hecho con la intención de que haya más gente que vaya detrás. Lo que pasa es que para eso también hay que controlar, hay que tener sistemas de control, y yo creo que hoy por hoy uno de los grandes problemas que tiene el sector público es que en general no tiene esos sistemas de control.
¿El rol de la sanidad privada? Pues ya lo he dicho: nosotros queremos que nos dejen trabajar tranquilamente con los pacientes que nos quieran asegurar, que quieran tener un seguro y que quieren una atención diferente. Y si entre tanto en un momento determinado podemos echar una mano, colaborar con una lista de espera, con no sé cuánto, pues fenomenal. El equilibrio que se produce en un momento determinado entre el sector sanitario público y el sector sanitario privado, sobre todo en provincias, claramente es un equilibrio donde tienen que ganar ambas partes y donde el empresario en una provincia en un momento determinado hace una inversión muy importante para obtener éxitos. Por eso digo que de alguna forma se necesitaría una estabilidad del servicio.
Y luego, los salarios del sector privado, pues mire, va por comunidades autónomas también en función de los convenios que tenga cada comunidad autónoma. Habitualmente nuestros salarios, de las enfermeras suelen ser más bajos que el salario del sistema sanitario público, pero con los médicos… Intentamos tener mecanismos de compensación por medio de variables, en función de resultados de actividad o en función de determinados indicadores. Y con respecto a los profesionales, los cuales o trabajan a nivel laboral o trabajan a través de sociedades profesionales, es que muchos trabajan por acto, directamente es una actividad por acto. Pero, vamos, que también depende un poco del modelo en el cual te puedas mover.
Y yo creo que básicamente estas son todas las preguntas. A mí me gustaría simplemente acabar de verdad animándoles a que, creo que esta crisis sanitaria ha sacado a la luz muchas cosas. Yo creo que esto ha sido una oportunidad para el sector privado, desde el punto de vista de la reputación.
Creo que en España hay muy buena gente, y también hay mala gente, en el sector público y en el sector privado: hay que intentar juntar a la buena gente, e intentar en la medida de lo posible avanzar para que esto vaya lo mejor posible, y dejarse, de alguna manera, de crispaciones y de problemas, porque lo importante es lo que puede venir en octubre, lo importante es lo que puede venir en octubre, y lo importante es intentar conseguir la vacuna.
Y creo que he acabado y no me he pasado mucho, ¿no?