Desde que aprobamos en este país la Ley General de Sanidad, en el año 1986, como ustedes bien conocen, el Sistema Nacional de Salud ha crecido mucho, y ha alcanzado altas cotas de excelencia, reconocidas dentro y fuera de nuestras fronteras, pero, en paralelo a que esto iba ocurriendo han ido apareciendo, sin duda, nuevos retos. El envejecimiento de la población, la cronicidad, o las mismas expectativas de los profesionales, que han ido evolucionando. Y, por tanto, creo que era obligado el enfrentar estos nuevos retos, y creo también que no siempre se ha respondido adecuadamente.
La pandemia que hemos sufrido, y que aún estamos viviendo, creo que ha servido de lente de aumento y que ha permitido, por un lado, de una manera muy clara, el que los ciudadanos hayamos tomado una renovada conciencia de la necesidad y de la importancia que tiene contar con un un Sistema Nacional de Salud que sea robusto, que, desde luego, sea equitativo, de alta calidad y que esté dotado adecuadamente para poder responder adecuadamente a las necesidades sanitarias, a las presentes y, desde luego, también a las futuras. Yo creo que, precisamente, esto ha sido clave para que hoy estemos aquí. Y también creo que la pandemia ha servido de lente que ha multiplicado esa visión de la necesidad de una reforma urgente del Sistema Nacional de Salud, una reforma, sin duda, para su fortalecimiento.
Por tanto, creo que todo lo que hemos vivido en estos últimos meses debemos de reconvertirlo en una oportunidad, desde luego, para reflexionar, con rigor, desde lo técnico y, desde luego, también para tomar decisiones para la acción desde lo político. Por eso venía comentando que se hacía necesario ya una reflexión y una reforma en profundidad del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, pero la pandemia ha puesto de manifiesto áreas de especial atención e importancia si queremos responder con mayor eficacia, con calidad, como decía, en el futuro. Áreas de especial importancia como son el área de la salud pública, y dentro de la salud pública, en especial, la vigilancia epidemiológica. Áreas como la atención primaria, o la respuesta que tengamos que dar a necesidades de salud de personas institucionalizadas, personas mayores, personas con discapacidad o cualquier otro grupo de especial vulnerabilidad.
Los cambios sociales, la evolución de la sociedad, lleva siempre aparejados cambios en las necesidades de atención a la población, la atención a la cronicidad, la repuesta a la pluripatología, la atención a la polimedicación, o la necesidad de rehabilitación, entre otras. Esta evolución en las necesidades de salud y las diferentes crisis económicas que hemos sufrido desde aquella reforma sanitaria que abordamos en este país en los años 80 han ido, paulatinamente, afianzando problemas, convirtiendo en crónica, por ejemplo, la insuficiencia financiera del sistema, la falta de personal sanitario o el desapego de los profesionales sanitarios. En definitiva, se ha ido descapitalizando un sistema sanitario público con el que, además, los ciudadanos cada vez somos mucho más exigentes. De manera que, en este contexto, me gustaría aportar mis propuestas.
En relación a la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, creo que la organización territorial del Sistema Nacional de Salud ha sido responsable de ese crecimiento en positivo del Sistema Nacional de Salud y de los servicios regionales que los conforman, tanto si hablamos en cantidad, si nos referimos a las infraestructuras que han hecho posible la accesibilidad real de la población al sistema sanitario, como si hablamos de calidad y de incorporación de conocimientos, que ha permitido altas cotas de satisfacción de la ciudadanía del que ha gozado el Sistema Nacional de Salud español desde hace tiempo. Considero un éxito el modelo de competencias descentralizadas en gestión. Este modelo ha permitido acercar el servicio sanitario allí donde vive la población, allí donde están las personas, aumentando así la accesibilidad y contribuyendo, por tanto, a disminuir de manera significativa las desigualdades entre la población.
Aun con elementos de mejora, que los hay, la sanidad de hoy es la mejor, y la más equitativa, que hemos tenido nunca en España, y, en ello, la descentralización ha tenido una importancia decisiva. No obstante, esta tarea del ministerio velar de forma efectiva por la equidad y por la igualdad de los españoles entre territorios. Por ello soy partidaria de reforzar las capacidades de coordinación y de cooperación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en un modelo diferente al actual. Un modelo diferente, que requeriría que, en el momento en que sus señorías decidieran abordar una reforma de la Constitución, se considerase el derecho a la salud como un derecho de carácter fundamental, porque con esto se blindaría de manera definitiva la sanidad pública, dando respuesta a las aspiraciones de la inmensa mayoría de la sociedad.
La gobernanza del Sistema Nacional de Salud puede reforzarse, asimismo, con planteamientos a los que ahora me referiré, pero, por ejemplo, dotar de un nuevo fondo de cohesión, dotarlo de un fondo de garantía para la movilidad y los desplazamientos de pacientes entre las comunidades autónomas, o la creación de una agencia de salud pública, y con la definición, por supuesto, de nuevos indicadores que permitan la evaluación de la salud de los españoles y la trasparencia de los resultados en salud de nuestro servicio sanitario.
En cuanto a la financiación. En materia de financiación decir que el Sistema Nacional de Salud, como bien conocen, se caracteriza por disponer de una financiación, que está enmarcada en el sistema general de financiación de las comunidades autónomas, excepto aquellas comunidades con régimen foral. Pero esta financiación dejo de ser finalista el 1 de enero del 2002, desde entonces, estos casi 20 años han caracterizado a la financiación sanitaria como insuficiente e inequitativa, aunque las diversas actualizaciones que se han hecho del sistema de financiación autonómica hayan tenido como preámbulo, precisamente para justificar la existencia de más recursos, las necesidades de la sanidad pública.
El carácter no finalista de los recursos y la insuficiencia financiera del sistema sanitario, año tras año, creo que merecen una consideración especial en las conclusiones que ustedes vayan a adoptar. Y, desde mi punto de vista, se hace imprescindible asegurar un Sistema Nacional de Salud financiado por impuestos, una suficiencia financiera y el carácter finalista de los fondos. Ello requeriría una exigencia de evaluación, por supuesto, una evaluación de resultados ante la sociedad, que yo situaría en un Senado, un Senado que debería ser reformado para ser de verdad una cámara territorial acorde con el modelo descentralizado que caracteriza a España. En este apartado, debo referir las carencias que tiene el Sistema Nacional de Salud para tener una capacidad real para el desarrollo de políticas de cohesión, de reducción de desigualdades entre la población y de equidad en el acceso. Es por eso que se hace necesario dotar al ministerio de un potente fondo de cohesión sanitaria, que esté orientado al desarrollo de planes para la reducción de desigualdades en salud, y cuya definición y articulación, sin duda, se debe hacer en el marco del consejo interterritorial. Al mismo tiempo, es imprescindible dotar de un fondo específico que garantice los desplazamientos de pacientes entre las comunidades autónomas, a modo de caja de compensación, gestionado por el ministerio con la participación de las comunidades autónomas, para acabar con las tradicionales barreras a la movilidad de pacientes entre las comunidades autónomas. De no hacerlo seguirán vigentes las causas estructurales que condicionan estas barreras de acceso al sistema sanitario y será difícil que podamos considerarlo como un verdadero sistema nacional.
Antes hice referencia a la creación de una agencia estatal de salud pública. En este sentido el modelo de salud pública en general y, en concreto, la vigilancia epidemiológica, requiere de la revisión suficiente que nos permita que no volvamos a sufrir lo que ha sucedido en esta pandemia, porque la globalización, el cambio climático, determinados hábitos que vamos a seguir adquiriendo, van a seguir haciendo que aparezcan problemas de salud pública que afectarán en mayor medida, si nos estamos refiriendo a la población, y, por tanto, debemos estar preparados, debemos de aprovechar la experiencia y, desde luego, debemos de aprovechar el conocimiento para poder abordar los viejos problemas que se van a volver a repetir, o los problemas de salud pública emergentes que, sin duda, aparecerán. Por tanto, estas situaciones no deben de volver a sorprender al sistema sanitario sin la estructura necesaria.
Por eso se hace patente la necesidad de una reserva estratégica de protección. Se hace patente la necesidad de unos sistemas de información online, que nos permitan el total y rápido conocimiento de los datos. Hemos visto la importancia de definir indicadores que nos permitan medir y compararnos de forma fiable. Hemos visto, y vivido, la importancia de contar con datos para la toma de decisión, y, desde luego, la importancia de tenerlos para la rápida acción. Se hace urgente el desarrollo y la aplicación de la Ley de Salud Pública, esta ley es del año 2011 y está sin desarrollar. En este sentido, yo me atreví a ser un poco más atrevida y a hablar de la necesidad de una agencia estatal de salud pública, porque la estructura central del ministerio debe dotarse de recursos humanos y de recursos tecnológicos que le permitan tener suficiencia técnica, tener autonomía y, desde luego, ser trasparente.
La descapitalización del sistema en general ha afectado de forma singular a los equipos de vigilancia epidemiológica, es manifiesta la dificultad que se tiene en todos los servicios para cubrir las plazas de epidemiología, porque estas plazas han estado, o están, dotadas no de forma adecuada, y esto ha hecho que los profesionales sanitarios hayan sido más atraídos por plazas que tienen otras salidas, mejor remuneradas y, desde luego, con mejor visibilidad pública.
En relación al sistema sanitario, mucho podríamos hablar, de las propuestas para el sistema sanitario en su conjunto, pero en este contexto en el que estamos hoy, yo creo que es imprescindible hablar del abordaje para la renovación, en concreto, de la atención primaria en nuestro país. Muchos intentos se han hecho, pero, desde mi punto de vista, no se ha conseguido el cambio de paradigma que necesita la atención primaria para dar respuesta a las nuevas necesidades en salud.
La base del éxito del modelo de la reforma sanitaria que tuvo este país en los años 80 se debió, entre otros aspectos, pero básicamente, a la atención primaria y la existencia de una planificación estratégica, que, desde luego, marcó el que, el cómo, el dónde y, sobre todo, marcó con quien teníamos que hacerlo. A lo largo de los últimos 20 años la atención primaria se ha visto también desdibujada paulatinamente en relación al objetivo primario. La atención primaria es la columna vertebral del sistema y ha sido responsable, como decía, de una buena parte del éxito y de la ganancia en salud de los ciudadanos de este país. Las crisis económicas a las que me he referido y los nuevos retos, sin un adecuado y un oportuno abordaje, han llevado aparejado una cierta falta de confianza de los ciudadanos en la atención primaria, una cierta falta de prestigio de los profesionales hacía la atención primaria, y, por tanto, se ha ido perdiendo ese elemento, ese factor tractor para muchos profesionales. Como prueba, decir cómo profesionales que aprueban el MIR prefieren repetir el examen a elegir la plaza de medicina de familia. De manera especial, por tanto, creo que tienen que poner el foco en la renovación de la atención primaria. Los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que iniciaron la especialidad y pusieron en marcha la reforma sanitaria se están jubilando y, creo que a ellos se les debe esta renovación. Es necesaria, por tanto, la evaluación de los resultados que está proporcionando hoy la atención primaria para poder hacer una reorientación efectiva a la respuesta de los problemas sanitarios y recuperar así la satisfacción del ciudadano.
Hay que planificar la cobertura de profesionales. Ningún área de todo el sistema sanitario se ha visto tan afectada por la falta de profesionales como la atención primaria. Ante el escaso atractivo que, además, tienen las áreas rurales, creo que conviene incentivar, de manera especial las zonas rurales, porque está afectando a la accesibilidad del sistema y, por tanto, a la equidad. Se deben incorporar nuevas competencias profesionales para afrontar nuevas necesidades en salud, nuevos roles de los profesionales actuales y atender a su desarrollo profesional. Y es evidente la necesidad de incorporar en atención primaria otras profesiones que complementen una respuesta holística de la salud: la fisioterapia, la psicología, educadores, trabajo social, la farmacia. De igual forma se hace necesario el establecimiento de canales formales para la coordinación, con los farmacéuticos comunitarios, con los servicios sociales, con la educación. Creo la necesaria incorporación y el reconocimiento del papel de la farmacia comunitaria en el Sistema Nacional de Salud, estoy convencida de que su incorporación efectiva permitiría una ganancia real en salud para la población e igualmente eficiencias tangibles para el sistema sanitario.
También se debe de restablecer la salud pública en el ámbito de la atención primaria. Es en la atención primaria donde se debe de desarrollar la protección, la prevención, la vigilancia, la detección precoz, la rehabilitación y donde debemos de trabajar con la salud pública en la atención primaria para minimizar las desigualdades en salud.
Especial atención requiere la salud mental, dado su carácter comunitario. Los cambios sociales, los cambios demográficos han afectado especialmente a esta área, el envejecimiento de la población ha impactado en el modelo de atención comunitaria resultante de una reforma psiquiátrica que fue modélica en su día. Es necesaria la renovación de la planificación de los recursos asistenciales y humanos que necesitamos y que sean acordes con el nuevo conocimiento científico en salud mental y hacerlo de la mano de los profesionales expertos. Es un área que requiere una discriminación positiva en la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud que se vaya a abordar.
En relación a la política farmacéutica, es un elemento esencial para el éxito del Sistema Nacional de Salud, porque el ámbito del medicamento es, en muchas ocasiones, donde se basan muchos de los éxitos que tienen que ver con los avances en la prevención y en la curación de muchas enfermedades. Por eso, este asunto requiere de una máxima atención y prioridad, pero también, sin duda, por el impacto presupuestario que tiene la prestación farmacéutica, que, aunque, como digo, es una inversión capaz de traducirse en salud y en bienestar de las personas, no deja de ser un aspecto sobre el que hay que trabajar para generar las condiciones adecuadas que nos aseguren la máxima eficiencia y los mejores parámetros para no comprometer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Es por eso que considero que la política farmacéutica del futuro debe orientarse a conseguir el objetivo de disponer, cuanto antes, de los mejores avances científicos en la cartera de prestaciones, para ser aplicados con equidad, y con criterios de uso en adecuado en base a la evidencia científica.
Desde este punto de vista, sería conveniente conocer con anticipación los avances fármaco-terapéuticos en proceso de aprobación por la agencia reguladora para hacer una previsión de necesidades, tanto desde el punto de vista presupuestario como organizativo. Es conveniente apostar por una colaboración trasparente con la industria del medicamento para fomentar al máximo posible los ensayos clínicos en nuestro Sistema Nacional de Salud, porque esto nos permitiría asegurar el pronto beneficio de los pacientes y la máxima actualización de conocimientos para los profesionales. Y, por supuesto, sistemas que garanticen una política de fijación de precios en los medicamentos que ofrezcan transferencia y un uso de criterios coste-efectividad y que incorporen procedimientos del tipo del techo de gasto, precio en función de los resultados u otros similares.
En lo que se refiere a los profesionales, el Sistema Nacional de Salud en su conjunto está viviendo una importante renovación generacional con una alta cota de feminización, contamos con jóvenes profesionales con otros referentes, nuevos profesionales que tienen nuevas expectativas y que deben ser conocidas e incorporadas en cualquier política de personal que se pretenda hacer. Considero que se hace necesaria una acción decidida que permita asegurar, cuanto menos, una planificación estratégica de necesidades de profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Esto haría viable que la universidad española pueda definir una oferta formativa acorde con las necesidades, con visión de corto, de medio, de largo plazo y con una actualización periódica, al menos cada cinco años. E, igualmente, en esta planificación estratégica incorporo la planificación de formación especializada de nuestros especialistas y, con ello, prestar especial atención a la docencia en nuestro sistema sanitario; creo que los profesionales que se dedican a la docencia especializada requieren de un reconocimiento real. Hacen falta, además más profesionales y más profesiones, hacen falta también elementos que amplíen sus capacidades profesionales y sus competencias para afrontar las necesidades de la población y para incorporar los numerosos avances que la tecnología, los medicamentos y la digitalización nos vienen ofreciendo. Una política de reconocimiento profesional, que sea capaz de asegurar mayores cotas de autonomía, que ofrezca mejores salarios, con un nuevo modelo retributivo y un reconocimiento a la contribución a los objetivos en salud con algún componente variable. Es necesaria la incorporación de un modelo eficaz de carrera investigadora, que sea apropiada a las características de los servicios sanitarios y de las profesiones sanitarias y una movilidad real de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que ofrezca, además, las mínimas tasas de temporalidad, mediante la articulación de concursos de traslados y de concursos-oposición con periodicidad anual o, máximo, bienal.
En cuanto a las nuevas tecnologías, me gustaría trasladar alguna reflexión, porque la digitalización completa del sistema y de la asistencia sanitaria con criterio de interoperabilidad es una asignatura que está aún pendiente. Creo que tenemos que aprobarla ya, si queremos mantener la calidad y la excelencia que lleva incorporada también, y no podemos olvidar la satisfacción de los pacientes, es imprescindible, las nuevas tecnologías para la personalización de la asistencia sanitaria.
Poco he nombrado al ciudadano en mi intervención, lo cual no significa que todas y cada una de las propuestas que hago tengan como fin último responder, precisamente, a las necesidades de salud individual y colectiva de la población. La pandemia ha acortado los tiempos de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque, aunque tendremos que estar atentos a la brecha digital, que aún existe, sin duda el momento para incorporar estas nuevas tecnologías en la atención y en las relaciones de los ciudadanos es ya.
Y no quiero terminar sin dedicar un minuto a la investigación biomédica y a la innovación. El Sistema Nacional de Salud, por sus infraestructuras, la capacidad instalada que tiene, por su visión y por los profesionales que la integran son el mejor sustrato para la generación de innovación y de investigación, tanto para la investigación independiente como ser un elemento tractor de promotores privados. La investigación y la innovación debe ser verdaderas líneas de producción del sistema y, por tanto, tiene que estar dotada presupuestariamente de manera suficiente, para permitir la estabilización de profesionales que encuentran una base sólida para su desarrollo profesional en esta área y, por tanto, el reconocimiento de la necesidad de la investigación traslacional en nuestro panorama investigador del país.
Yo dejo aquí mis reflexiones. Quiero reiterar mi agradecimiento y, por supuesto, quedo a su disposición.

Algunas preguntas han ido en el sentido de la necesidad de coordinación, por empezar por ahí. También contestarle al Grupo Parlamentario Vasco lo que entendían contradicción, por ir contestando en esa línea de manera global.
No lo es. Si ha dado esa sensación seguramente lo he explicado mal y me da la oportunidad de poderlo concretar mejor. Por eso quise empezar por ahí de manera muy taxativa apostando por la descentralización. Yo creo que el modelo ha aportado y es responsable de la bondad del sistema sanitario con el que contamos. Es verdad que eso no quita para la competencia que, con el marco jurídico que hoy manejamos, le corresponde al Estado y, sobre todo, en algo tan importante como lo que tiene que ver con el trabajar por evitar desigualdades y por la equidad en las prestaciones sanitarias. En ningún momento he planteado que el consejo interterritorial tenga capacidad ejecutiva, no la tiene, no la ha tenido, y con el marco jurídico que hoy tenemos no la puede tener, sino que parte de la facilidad, o no, para llegar a consensos entre las comunidades autónomas. De hecho, yo creo que se tiene que reforzar el papel de coordinación, y en un marco diferente que nos diese el poder contar con una definición de reconocimiento de derecho fundamental de la salud en nuestra Constitución española nos marcaría un nuevo formato jurídico que, posiblemente, en el que tendrían ustedes que definir cuál sería la coordinación entre las comunidades autónomas. En este momento, para mí, la capacidad decisoria no es ejecutiva del consejo interterritorial, ni lo he pedido, al menos eso he querido plantear. Sí afianzar la capacidad de coordinación y de colaboración. Y afianzar la gobernanza del sistema del ministerio, en el sentido de aquellas que son aún competencias y que le corresponde el velar por minimizar las desigualdades entre comunidades autónomas.
Me decía su señoría que ha funcionado el acuerdo entre comunidades autónomas, que, en el ámbito, por ejemplo, de la movilidad de pacientes, de la movilidad de personas entre comunidades autónomas, ha dado resultado. Yo creo que, a lo largo de los casi 35 años de vida del Sistema Nacional de Salud, el sistema se ha hecho más robusto, ha crecido, hemos buscado soluciones y hemos abordados determinados cambios que se han producido. Pero, todavía existen problemas estructurales que no somos capaces de terminar de solventar, y hablo del hecho de la movilidad de personas de una comunidad autónoma, sea por cuestiones labores o por cuestiones de ocio, cuando se ve mermada la posibilidad de obtener una receta con facilidad, o el hecho de la atención a un procedimiento agudo que se pueda producir en otra comunidad autónoma. Hay recelo entre comunidades autónomas ante la posibilidad de poder recibir el gasto ocasionado por esta atención. Este es uno de los asuntos que están sin resolver, entendiendo como legítima la cautela de las comunidades autónomas para no atender. Yo creo que una de las quejas sistemáticas de la ciudadanía es el hecho de no poder moverse con facilidad, o no ser atendido con la misma garantía y facilidad en una comunidad autónoma diferente a la suya de origen, y esto no hemos sido capaces de resolverlo.
Como decía, un fondo que nos permita el hecho de poder acabar con esas barreras no hace que sea incompatible con la descentralización del sistema. Una de las bondades, atributos y características del Sistema Nacional de Salud, tal como lo conocemos, es la accesibilidad al sistema bajo los parámetros de equidad, le corresponde al Estado velar porque esa equidad entre los ciudadanos españoles sea efectiva.
Hablábamos de la financiación, del por qué la defensa de una financiación, basada, por supuesto, en los impuestos, y una financiación finalista, no es incompatible con la autonomía que cada una de las comunidades autónomas pueda tener. Desde mi punto de vista, el hecho de que tendremos que pactar, ponerse de acuerdo los que tienen la competencia, en cuáles son las características de necesidad, las variables de necesidad que permitan un reparto justo y equitativo de los recursos para cada comunidad autónoma y asegurarnos de que ese dinero vaya al uso final para lo que fue decidido el reparto de la financiación. En ese sentido, esto no resta autonomía a la capacidad de decisión de las comunidades autónomas en cuanto a gestión y en cuanto a organizar su servicio sanitario. Por tanto, habrá que fijar cuáles son los criterios de necesidad.
Todas sus señorías lo conocen, cuando uno hace la valoración de la financiación por habitante hay desigualdades entre comunidades autónomas que no se explican por una mejor gestión de unas comunidades autónomas u otras, y que no se explica por medidas de eficiencia. Por tanto, creo que es necesario el comprometernos con que, una vez acordados esos criterios de reparto, criterios de necesidad por población, por envejecimiento, por dispersión, por movilidad, y una vez decidido que estos criterios nos van a servir para la financiación del sistema sanitario, asegurarnos de que, efectivamente, va. Es una decisión que tiene que ver con esa responsabilidad de minimizar desigualdades y asegurar la equidad en el acceso al sistema sanitario.
Había una pregunta que tenía que ver con la diferencia entre salud y sanidad. A lo largo de mi exposición, aunque haya sido rápida, hacer una evaluación de la necesidad de reconstrucción tratando de hacerlo en quince o veinte minutos me parece toda una osadía, pero, efectivamente, creo que nunca hemos tenido una sanidad mejor ni más equitativa, y puede parecer contradictorio, pero no lo es, porque esto no quita que haya determinados problemas. A lo largo de estos últimos años hemos vivido varias crisis, la última, la de los años 90, que han ido debilitando de manera desigual la inversión que se ha hecho en el propio sistema sanitario.
Me preguntaban que si faltaban estudios en cuanto a la estrategia de coordinación y las encuestas de salud. Yo creo que a lo largo de estos 35 años se ha modificado mucho, encuestas de salud se han hecho a nivel de Estado y a nivel de comunidades autónomas, y, evidentemente, contar con indicadores que nos permitan una comparación efectiva de los niveles de salud, vendría acompañado de este modelo que propongo de renovación del sistema sanitario. Yo creo que ganamos, nos hacemos mucho más potentes, creo que trabajar con Europa nos da potencia, nos hace más fuertes, y, en ese sentido, deberíamos trabajar igualmente, siendo respetuosos con la competencia, la dificultad que conlleva la dirección en Europa del respeto a la autonomía de los Estados miembros, pero, sin duda, hay margen para la mejora y poder trabajar en ámbitos como el que se ha visto con esta pandemia, en salud pública, de mejorar la coordinación y poder tomar decisiones conjuntas que nos permitiesen ser mucho más potentes.
En cuanto a la contradicción de la capacidad decisoria del consejo interterritorial, no es que yo lo considere, es que no puede ser ejecutiva con la normativa que hoy tenemos.
He intentado explicar el gasto finalista en ese sentido, que no me parece contradictorio con el hecho de que cada comunidad autónoma tome su decisión de lo que dedica a la sanidad, independientemente de lo que significa la financiación por parte de los impuestos y por parte de la financiación del Estado.
También decía que era contradictorio el contar con una agencia estatal. La propia Ley de Salud Pública ya habla de un centro estatal para la salud pública. Las competencias del Estado en este ámbito yo creo que están claras y reguladas, cuando hay un problema de salud pública que afecta a la población desde el punto de vista comunitario y sobrepasa la frontera de una comunidad autónoma, no es que quiera, es que tiene que intervenir para tomar medidas que faciliten la resolución y la actuación de prevención y actuación sanitaria en una epidemia que pueda darse de estas características.
Pero no solo en eso, yo creo que el Estado tiene responsabilidad en minimizar las desigualdades que se puedan generar entre comunidades autónomas, por eso hablaba de dotarlo de un potente fondo de cohesión. Esto se ha visto debilitado en los últimos diez años de gobierno, en el ministerio han sido fondos extrapresupuestarios, fondos que no han existido y que estaban destinados, y que deben estar destinados, a poder plantear planes que minimicen la desigualdad entre comunidades autónomas. Por tanto, todos aquellos elementos que doten, que hagan fuerte al ministerio, no para inmiscuirse en las competencias de las comunidades autónomas, que insisto, el modelo que defiendo y que creo que aporta salud a la población es el modelo de competencia descentralizada, pero debe haber una capacidad de incorporar acciones que permitan minimizar esa desigualdad y, por lo tanto, hacer equitativa la atención a la salud. La primera petición es convertir la salud en un derecho fundamental, y, por tanto, tener elementos moderadores que no permitan esa desigualdad que hoy se da, y esa falta de capacidad para la movilidad de los pacientes, con algo tan sencillo como pudiera ser el sacar una receta, o el hecho de que haya comunidades autónomas que evitan el poder atender. Entiéndanme, me parece hasta legítima la desconfianza de saber si va a cobrar la atención sanitaria a pacientes que le vienen de vacaciones y que esto no está resuelto. Yo creo que urge resolver esto.
Me preguntaba si había algún modelo en Europa, en relación a que tengamos la posibilidad de conocer con antelación suficiente hacia dónde va el nuevo conocimiento de soluciones farmacoterapéuticas. No lo hay. En el ámbito de la incorporación de innovación, en el ámbito del medicamento, es uno de los que más ha evolucionado en los 35 años del sistema sanitario, por tanto, la capacidad de innovación es de una velocidad trepidante, y, en muchas ocasiones, hemos visto la no incorporación -o la tentación de ello- a propósito de no hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud. Esto no puede ser. Creo que tenemos que ser capaces de incorporar cualquier innovación que mejore la salud de las personas, y que haya evidencia científica suficiente, a la cartera de servicios de manera inmediata y con equidad, pero tenemos que saber, a través de acuerdos transparentes y estables con la industria farmacéutica y poder trabajar en una amplia política farmacéutica que nos permita la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, con la incorporación. Y esto ha sido posible, llevamos más de 35 años de Sistema Nacional de Salud y no hemos dejado de incorporar ninguna innovación que haya tenido evidencia científica para los pacientes. Esto es así, y, por tanto, es factible poderlo plantear, pero sí una revisión de una nueva manera de incorporar de manera decidida, aspectos o elementos de eficiencia, o elementos de transparencia que nos permitan el pago por resultados en salud, que nos permita coste-efectividad y que nos permita otro modelo de relación que no sea el pago puro y duro de la factura farmacéutica.
Por seguir con el ámbito farmacéutico, que hay una pregunta en el sentido de cuál sería el papel de la farmacia, yo creo que también es una asignatura pendiente la incorporación del farmacéutico comunitario con reconocimiento como profesional sanitario y con capacidad, más que demostrada, para aportar a la salud de la población.
Agradezco el sentimiento de pésame de la representante del Partido Popular. Efectivamente, desde el primer minuto, y sin solución de continuidad, han estado al frente de un servicio básico como es la prestación farmacéutica en todas y cada una de las farmacias comunitarias de este país. Me parece necesario, porque existe suficiente evidencia científica de cómo, por un lado, los pacientes necesitan de una evaluación, de un seguimiento farmacoterapéutico efectivo para mejorar la salud de los pacientes. Que los medicamentos generan problemas de salud es una evidencia que está estudiada desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y que existe método para poderlo evitar y poderlo prevenir. Por tanto, la propia distribución geográfica de la Oficina de Farmacia, la red de distribución tal y como se distribuye en el territorio nacional, permite una permeabilidad y un acercamiento de servicios cercanos a la ciudadanía muy potente que, con la metodología adecuada, nos permitiría ganar en salud y ganar en eficiencia para el sistema.
Nos queda dar ese salto de coordinación. Me consta que hay muchas experiencias en el país de relación entre centros de salud, entre farmacias comunitarias, que están trabajando en esta línea de aportar valor al seguimiento farmacoterapéutico y a trabajar por el uso adecuado del medicamento. Pero, como sistema sanitario, falta ese reconocimiento y ese salto para establecer la forma en que esto permitiese una pertenencia efectiva de la farmacia comunitaria en el Sistema Nacional de Salud.
Me preguntaban, no es el papel que han jugado, sino ¿qué ha pasado con las residencias de mayores? Yo creo que la pandemia ha puesto la lente en el ámbito de las residencias de mayores para que veamos con mayor nitidez qué es lo que está pasando. Creo que es una asignatura pendiente el retomar qué ocurre en las residencias de mayores. No descubro nada si digo que los mayores que están institucionalizados son personas con el mismo derecho de asistencia sanitaria, con la misma calidad, que las personas que viven en sus domicilios. Sin embargo, esto no siempre es así y tenemos un panorama de residencias privadas, residencias concertadas, residencias públicas, donde la atención es desigual, donde la profesionalización de las personas que trabajan en las residencias de mayores no es similar en unas y en otras. Yo creo que le toca a las personas que tienen responsabilidad el hacer una definición de cuál es la cartera de servicios. No se puede conformar la administración con sacar un pliego de condiciones, donde, por ejemplo, es una mejora el seguimiento farmacoterapéutico. Creo que hay que definir cuál es la cartera de servicios, cuál es el espacio para la geriatría, qué ocurre con la rehabilitación de estos pacientes y, en definitiva, cuál es la asistencia sanitaria que reciben como ciudadanos y como ejercicio del derecho a la salud. Mi opinión es que la tutela de la salud de estas personas corresponde a las consejerías de Salud correspondientes. Y creo que habría que tener una profunda reflexión sobre cómo se hace esto. Durante mucho tiempo se ha dejado la responsabilidad en ese espacio sociosanitario nunca definido, nunca terminado de concretar qué es, y mi experiencia lo que dice es que son dos espacios, el sanitario y el social, que no terminan de encontrarse. Creo que tenemos una asignatura pendiente de resolver para el derecho que le asiste a las personas que están institucionalizadas. También creo que faltan profesionales, creo que falta hacer una pensada sobre las competencias profesionales a exigir en una residencia de mayores, y creo que falta hablar de retribuciones. Por tanto, creo que se está dando una desigualdad importante en la atención a estas personas. El análisis es global, no solo por la situación ocurrida en la pandemia.
Hacer un análisis de la pandemia me parece precipitado, precisamente por dedicarme a la salud pública sé que las decisiones se deben analizar cuando tengamos los datos encima de la mesa. Me parece precipitado, tanto para poder evaluar cuál ha sido el papel de la Organización Mundial de la Salud desde el inicio de los primeros casos en China, de los centros europeos, del Gobierno de España o de las comunidades autónomas. Por cautela y por respeto a que no se pueden tomar decisiones simplistas y no se pueden tomar decisiones con la información que tengo hoy sobre lo que podía haber decidido cuando no tenía aquella información. Por tanto, tanto por cautela como por rigor, porque creo que la evaluación en salud pública debe contar, lo primero, con rigor, además de con el principio de cautela y de precaución. Es precipitado, creo que habrá tiempo de analizar y, sobre todo, creo que habrá tiempo de sacar lecciones, que es para lo que creo que hay que analizar situaciones importantes, como es una crisis en salud pública, que nos permitan tomar decisiones.
¿Por qué una de las propuestas que traigo es contar con una agencia nacional? Básicamente por lo que decía, porque cuando estamos hablando de epidemias que traspasan la frontera de una comunidad autónoma, o mucho más una pandemia, tenemos que dar el papel que le corresponde al Estado. Creo que la estructura central está descapitalizada en este momento, creo que los servicios de vigilancia epidemiológica son absolutamente claves para la toma de decisiones, y, por tanto, necesitamos hacer una profunda revisión. Por poner un ejemplo, sobre el baile de datos al que hacía referencia, yo creo que una entidad como el ministerio no puede estar a expensas de los datos que manden las comunidades autónomas, el baile de datos tiene que ver con los datos que mandan las comunidades autónomas. Por lo tanto, cuando he hecho referencia a contar con sistemas de información que nos permitan, -y decía online- sobre la marcha que el ministerio pueda contar con los datos de manera inmediata y con los datos efectivos, no podemos estar a ver si me los mandan o si me los cambian. Por supuesto que tenemos que tener indicadores que nos permitan una medición absolutamente comparable, no podemos estar hablando de si ha habido más o menos, o la mortalidad entre diferentes comunidades autónomas o diferentes países, no conocemos cómo se ha estado midiendo y si estamos midiendo de la misma manera.
Por eso, por contestar de manera global a lo que tiene que ver, creo que la petición de estar hoy aquí es como experta para la reconstrucción del sistema y no para la evaluación de lo que ha pasado, pero me parece importante, que no deberíamos caer en el análisis simplista, sino tomar tiempo y poder hacer una evaluación cuando tengamos todos los elementos y toda la información encima de la mesa.
En cuanto a la atención primaria, me parece clave. Creo que se ha desdibujado. Cualquier sistema sanitario que se considere potente y con capacidad de respuesta ante las necesidades de los ciudadanos tiene de base una atención primaria potente, y una atención primaria de reconocido prestigio para los ciudadanos, que responde a la satisfacción de los ciudadanos y que nos permite dar respuesta. En los últimos años hemos ido pasando de jugar ese papel fundamental de atención integral a la salud, no solo del paciente, sino de la familia, e incluso de esa atención comunitaria, a convertirse casi en una puerta de entrada para poder llegar a médico de hospital. Creo que esto necesita una reflexión muy importante para reconducir hacia lo que verdaderamente tiene que ser la atención primaria, dotar de mayor autonomía a los profesionales, que tengan capacidad de gestión, recomponer el equipo de atención primaria, incorporar más competencias, tenemos nuevos problemas que atender, con una versatilidad tremenda, desde la detección de problemas de violencia de género, los cuidados paliativos, hasta la atención a muchos nuevos problemas que se incorporar, y, por lo tanto, tenemos que reconducir las competencias de los profesionales. Hacen falta más profesionales de los que conocemos, de la enfermería, y del médico de familia, pero hacen falta otras profesiones que nos permitan recomponer cuál es el papel de la atención primaria. Insisto, existe evidencia científica, más ganancia, menos conste, más salud de una población, tiene que ver con tener una atención primaria potente y que pueda mantener una relación con el nivel hospitalario y con el resto, con los servicios sociales, con la educación, con otros ámbitos que nos permitan una atención holística de la salud.
Seguramente me deje muchas cosas, pero quería terminar como empecé. Me parece que esta Comisión tiene una altísima responsabilidad.
De la misma manera que creo que la descentralización, el modelo es de sistema público, sin duda, gestionado de manera pública y, por tanto, con un papel complementario de la privada, tal y como lo conocemos. El hecho de incorporar en mayor o menor medida la privada tiene que ver con una voluntad política. Hemos gobernado mucho tiempo en Andalucía y en ningún momento hemos puesto en manos de la sanidad privada la gestión de ningún centro, con la misma normativa que haya podido tener la comunidad de Valencia. Creo que esto tiene que afianzarse, por eso reclamaba el cambio en la Constitución española, de manera que podamos afianzar un sistema netamente público, universal y que nadie pueda más poner en tela de juicio la universalidad del sistema sanitario.
Termino haciéndoles una petición de consenso, un ejercicio de generosidad, porque haber dado este paso para crear esta Comisión… Me parece un privilegio que este país pueda contar con el tiempo de sus señorías, así que les resta poner esa generosidad para llegar a un consenso, porque el sistema sanitario lo requiere, y, sobre todo, porque es lo que desean todos los ciudadanos. Ustedes lo saben igual que yo, ahí fuera hay una alta expectativa en que se pongan de acuerdo y lleguen a un consenso para retomar la reforma para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.
Espero haber podido aportar un poco. Muchísimas gracias.